Pedro Joel Hernández González
Expediente 1142/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/08/2017
Partes del expediente
- Pedro Joel Hernández González
Actuaciones
- Principal
Toluca, México; tres de agosto de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México, mediante el cual devuelve el oficio 23289/2017 y anexos dirigido al Actuario del Juzgado Noveno de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, actualmente Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia, por el que se le pretendía notificar el auto de once de julio de dos mil diecisiete (fojas 541 a 544), por las manifestaciones que refiere. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos sin mayor proveído, en virtud de que mediante auto de once de abril del presente año (foja 138), dicha autoridad se dejó de tener con el carácter de responsable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jonathan Corona Beléndez, Secretario encargado del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/3342/2017 de cuatro de julio de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistida de la Secretaria Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
I. Toluca, México; veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta por el cual la autorizada de la moral quejosa Barcel Sociedad Anónima de Capital Variable remite en alcance a la vista dada mediante auto de doce de los cursantes, realiza diversas manifestaciones en relación a la forma en que la responsable Administrador Desconcentrado de Auditaría Fiscal de México "1", con sede en México (autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo) pretende dar cumplimiento al fallo protector y exhibe diversas documentales. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, agréguese a los autos para los efectos a que haya lugar, téngase por cumplido el requerimiento de mérito. Ahora bien, toda vez que por auto de doce de los cursantes (foja 770) el Administrador Desconcentrado de Auditaría Fiscal de México "1", con sede en México (autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo), informó su imposibilidad para determinar si las cantidades que aduce la quejosa se abstuvo de deducir con motivo de la limitante prevista en el artículo 27, fracción IX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor a partir de 2014, son o no correctas, derivado de que los ejercicios fiscales 2014 y 2015, no fueron objeto de revisión por parte de dicha administración, hasta en tanto la moral quejosa proporcionara la documentación solicitada. Atento a lo anterior, toda vez que lo anterior ha acontecido remítase al Administrador Desconcentrado de Auditaría Fiscal de México "1", con sede en México las documentales que acompañó la quejosa al presente proveído así como al auto de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete y con fundamento en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, con las manifestaciones vertidas y constancias remitidas por la ocursante requiérase al Administrador Desconcentrado de Auditoria Fiscal de México "1", para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación de la presente determinación, analice la misma, efectué la valoración y realice el cálculo correspondientes ello con el fin de determinar la procedencia de los importes manifestados por la moral quejosa. Apercibido que de no hacerlo así, se hará acreedor a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 192, 193 y 258 de la ley de la materia, así como en los diversos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
7 Toluca, México; veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en vista de que la autoridad precisada en la certificación de cuenta, no ha dado cumplimiento a lo solicitado por este juzgado; se hace del conocimiento que mediante proveído de cinco de julio del cursante (foja 568) se rectificó su denominación, quién cambio de Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal, a ser Administración General de Auditoría Fiscal Federal, y que a la fecha se advierte, no ha dado cumplimiento al auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 562 a 564),mediante el cual se requirió el cumplimiento a la ejecutoria, por tal motivo, en uso de la facultad que otorga el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, para que en el plazo de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído dé cumplimiento a la ejecutoria y, en su caso, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cabal cumplimiento al fallo protector, para lo cual se le remite copia autorizada de la demanda, sentencia de amparo y del testimonio de ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Lo anterior en virtud de que de conformidad con el artículo 31, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde cobrar los impuestos federales en los términos de las leyes aplicables y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales; asimismo, ya que el Servicio de Administración Tributaria es un organismo desconcentrado de la citada Secretaría y tiene la obligación de aplicar la legislación fiscal con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público, de conformidad con los diversos artículos 1° y 2° de su Ley. Asimismo, porque el quejoso reclamó la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 39 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta con motivo de la declaración anual del ejercicio fiscal dos mil catorce de dicho impuesto. Es aplicable la tesis aislada de la Décima Época, publicada en la página 2047 del Libro XII, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2012, con número de registro 2001772, que establece: SENTENCIAS EJECUTORIADAS. PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL TIENEN FAACULTADES PARA REQUERIR A AUTORIDADES DIVERSAS DE LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A ESOS FALLOS. De la reforma al párrafo segundo del artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se advierte un nuevo diseño respecto del tratamiento que debe darse a los derechos humanos, atendiendo al contenido normativo ahí previsto y, en su caso, a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano sobre este rubro, en aras de beneficiar en cualquier momento a todas las personas y así poder proporcionarles una tutela mayor. Así, por imperativo constitucional, debe procurarse que la interpretación se haga conforme al principio pro persona, que también se encuentra contenido en el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial. En estas condiciones, se concluye que el derecho a la administración pronta y expedita de justicia es una prerrogativa fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales en forma no limitativa sino enunciativa, ya que no puede circunscribirse al simple significado del vocablo, pues es el continente de un sinnúmero de derechos y obligaciones tanto internos como externos, es decir, inter país y a nivel internacional. Consecuentemente, si se atiende al artículo 17 de la Carta Magna, en el que se consignan, entre otros derechos fundamentales, el relativo a la administración pronta y expedita de justicia, a fin de que se cumplan cabalmente las sentencias ejecutoriadas, se estima que los órganos de control constitucional tienen facultades, no sólo para precisar los alcances de esos fallos, sino también para requerir a autoridades diversas de las señaladas como responsables, que se encuentren vinculadas a éstos, y conseguir su eficaz, completo y pronto acatamiento. En el entendido que de no hacerlo así, o bien, de no informar la imposibilidad que tengan para ello en el plazo concedido, podrá hacerse acreedor a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese. Así lo acordó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe
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