Pedro Jiménez Ruiz

Expediente 618/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
618/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Pedro Jiménez Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno el Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER. Se deja de proveer al respecto, toda vez que no existen documentos que sea necesaria su devolución. NOTIFÍQUESE POR LISTA. LetyUB*

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de abril de dos mil veintitrés. I. REGISTRO. Vista; la demanda de amparo promovida por********************, contra actos del 1. Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática, con residencia en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 618/2023-VI, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. (.) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a las que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiera dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución.- En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Conforme a lo establecido en los preceptos legales transcritos, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, en los casos siguientes: 1. Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento) o; 2. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben (regla general). Por tanto, atendiendo a la regla general, las infracciones adjetivas cometidas en la fase de ejecución de sentencia son impugnables en amparo indirecto, sin embargo, debe esperarse hasta el dictado de la última resolución emitida en esa etapa, pudiéndose combatir la aludida última resolución así como las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo. Empero, como a toda regla general existen sus excepciones, en el caso, la excepción estriba en el hecho de que procede el juicio de amparo biinstancial en la etapa de ejecución de sentencia, cuando las violaciones procesales reclamadas generen una afectación inmediata o material a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en tratados internacionales. En ese aspecto, se tiene que la fracción V del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga tales características; esto es, en contra de actos cuyas consecuencias fueran susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en los Tratados Internacionales. Por tanto, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos como propiedades, posesiones o derechos de la quejosa, al no implicar por sí mismo la obtención de una sentencia desfavorable a sus intereses en la mencionada contienda judicial. Lo cual produce colegir que el acto reclamado en el juicio de amparo, no resulta de ejecución irreparable, por tratarse de un auto recaído al escrito de diez de marzo del año en curso, en el cual solicitó se ordenara nuevo requerimiento para dar cumplimiento al laudo, con medidas de apremio más eficaces, dictado dentro del juicio laboral ********************, pues ello no implica en modo alguno que sea de imposible reparación, porque no atenta, por sí mismo, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional. Además, del acto que señaló como reclamado se advierte que el Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática, con residencia en esta ciudad, únicamente determinó improcedente su petición genérica en torno a establecer medidas de apremio más eficaces, sin que esta situación obstaculice o paralice la etapa de ejecución de laudo, pues de modo alguno se negó a realizar algún acto concreto. Máxime si se toma en consideración que, todas las violaciones que pudieran surgir en la etapa de ejecución, son susceptibles de ser impugnadas en vía de amparo indirecto, en contra de la última resolución dictada en esa fase, siendo ésta, como estableció la autoridad Federal, aquélla en la que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; infracciones que serán analizadas y, de resultar ciertas, dejaría sin efectos todo el procedimiento hasta el momento en que se cometieron para que sean reparadas, lo que evidencia, como se dijo, que no se transgrede ningún derecho sustantivo constitucional o convencional. Haciéndose así evidente que el acto reclamado, constituye un acto dictado fuera de la contienda, impugnable por medio del juicio de amparo indirecto, en todo caso, hasta que se dicte la última resolución en la fase de ejecución, en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, que se insiste, sería aquélla en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total del laudo o bien, se declare la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, pues por un lado, las consecuencias que produce la infracción reclamada es posible repararla, al no afectar de modo directo e inmediato derechos sustantivos protegidos por la Carta Magna y los Tratados Internacionales; y, por otro, el perjuicio que las partes contendientes pudieran resentir en sus derechos son meramente procesales, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del procedimiento, dado que subsanada la transgresión adjetiva de referencia no se daría por terminado, sino que continuaría su curso ante la propia responsable que inició su trámite hasta su legal conclusión. Por virtud de lo anterior, se concluye que el acto que reclama la parte quejosa en su escrito de demanda consistente en el auto recaído al escrito de diez de marzo del año en curso, no afecta de modo directo o inmediato alguno de los derechos sustantivos del promovente ni trasciende de un modo irreparable en su esfera jurídica, pues sólo constituye una afectación de carácter procesal. De ahí, que no se pueda pretender que por virtud del señalado acto reclamado habrá afectaciones irreparables sobre sus derechos sustantivos, y que por ello deba admitirse el amparo indirecto. Sirve de apoyo la tesis, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." De igual manera, sirve de apoyo la tesis, del rubro y texto siguientes: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: 'Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.'. Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." En esa tesitura, no es procedente en la vía biinstancial, por cuanto que ya se ha visto que de acuerdo con el referido artículo 107, fracción V, del ordenamiento anotado, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, y en la situación particular, el acto reclamado no reúne esa característica, en tanto que se trata de un acto procesal que, no tiene una ejecución de imposible reparación en la medida en que, esa decisión, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos que protegen las normas constitucionales. IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, al actualizarse de manera evidente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, esta última interpretada a contrario sensu, con fundamento además en los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. Se tienen como autorizados a ********************, en los términos amplios que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia laboral en donde el quejoso es parte trabajadora. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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