Pedro Jiménez Herrera
Expediente 205/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pedro Jiménez Herrera
- Manuel Castro Agapito
- MANUEL CASTRO AGAPITO y Otros.
- Andrés Ramírez García
- Raúl Torres Brito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido los autos de once y dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictados por este Juzgado Federal, por medio de los cuales, en el primero se tuvo por no presentada la demanda de amparo por cuanto a los quejosos Francisco Juárez Suárez y Raúl Torres Brito; y se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que respecta a *** y en el segundo se tuvo por no presentada la demanda amparo presentada por ***. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dichos acuerdos han quedado firmes, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese; y personalmente a los quejosos en el lugar en el cual se encuentran recluidos.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que los promoventes *********no subsanaron la prevención que se le formuló mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, y toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término que se le concedió para que diera cumplimiento al requerimiento de mérito, aunado, a que el asesor jurídico ******, mediante escrito presentado ante este juzgado el nueve de abril del año en curso, identificado con el folio 3478, manifestó que los promoventes ******indicaron que no era su deseo realizar pronunciamiento alguno respecto de dicha prevención. En consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y, por ende, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, en relación a dichos promoventes. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO. PERSONAL. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: [...] Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que los promoventes ***, no subsanaron la prevención que se le formuló mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, y toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término que se le concedió para que diera cumplimiento al requerimiento de mérito, aunado, a que el asesor jurídico ***, mediante escrito presentado ante este juzgado el nueve de abril del año en curso, identificado con el folio 3478, manifestó que los promoventes ***, indicaron que no era su deseo realizar pronunciamiento alguno respecto de dicha prevención. En consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y, por ende, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, en relación a dichos promoventes. Notifíquese personalmente...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que el promovente ****, no subsanó la prevención que se le formuló mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término que se le concedió para que diera cumplimiento al requerimiento de mérito. Asimismo, de la constancia de notificación identificada con el folio 3618, se advierte que el promovente ****, manifestó que no deseaba continuar con el presente asunto. En mérito de lo anterior, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y, por ende, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, respecto de los quejosos****. Por otra parte, este órgano de control constitucional, se encuentra en condiciones de pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo que nos ocupa respecto de los restantes quejosos, por lo que se provee lo conducente. Desechamiento de la demanda de amparo. Ahora bien, en relación con los promoventes **** y los menores de iniciales C.S.G.M. y A.S.S.R.P; dieron cumplimiento a la prevención formulada en autos; no obstante, de conformidad con lo dispuesto por artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional, desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, toda vez que del estudio integral del escrito de demanda, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XIV, de la ley en consulta, que dispone la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 17 y 18 de la invocada ley. Antes de analizar la causal de improcedencia que se advierte, es pertinente señalar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, antes citado, establece que para la presentación de las demandas de amparo, será de quince días, con excepción de aquellas que se reclame normas generales de carácter autoaplicativo o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será hasta en un término de ocho años; tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, ya sea en forma temporal o definitiva la propiedad o posesión o disfrute de derechos agrarios a grupos de población comunal o ejidal, será de siete años: y, tocante a los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, incluso, de aquellos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, su presentación podrá efectuarse en cualquier tiempo. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la Materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computarán de la siguiente manera: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora bien, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedora de ellos, de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado sea notificado o tenga conocimiento de los actos reclamados, conforme a la Ley del acto. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". En el caso concreto, los promoventes reclaman los autos de vinculación a proceso dictados el veintisiete y veintinueve de octubre de dos mil veinte, en las causas penales a que hacen referencia, respectivamente; por lo tanto, dichos actos no encuadran en las excepciones que establece el numeral 17 de la Ley de la Materia. Ahora bien, los quejosos tuvieron conocimiento de los actos de vinculación a proceso, desde el día que se celebraron las audiencias respectivas, es decir, el veintisiete y veintinueve de octubre de dos mil veinte; en esa tesitura, el plazo para la promoción del amparo transcurrió de la siguiente manera: Acto Notificación Surte efectos Término Días inhábiles Vinculación a proceso dictada el veintisiete de octubre de dos mil veinte 27 de octubre de 2020 27 de octubre de 2020 Del 28 de octubre al 19 de noviembre de 2020 31 de octubre, 1, 2, 7, 8, 14, 15 y 16 de noviembre de 2020 Vinculación a proceso dictada el veintinueve de octubre de dos mil veinte 29 de octubre de 2020 29 de octubre de 2020 Del 30 de octubre al 24 de noviembre de 2020 31 de octubre, 1, 2, 7, 8, 14, 15, 16, 21 y 22 de noviembre de 2020 Lo anterior origina que su demanda resulte extemporánea, pues debe decirse que el cómputo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo (quince días), empezó a contar a partir del día siguiente a aquel en que tuvieron conocimiento de los actos reclamados. Luego, si la demanda de amparo fue presentada hasta el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la misma resulta extemporánea, y por ende, los actos reclamados deben tenerse por tácitamente consentidos para los efectos de este juicio de amparo, lo que hace que se actualice en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.2o. J/21, consultable en la página número 291, Tomo II, Agosto de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Cabe reiterar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, se funda en un principio de conocimiento de los actos reclamados y desarrolla a través de tres supuestos (precisados en párrafos que anteceden) la forma de computar el plazo para solicitar el amparo. Así, desde el momento en que se actualice la hipótesis que corresponda del artículo 18 de la Ley de Amparo - en el presente caso la señalada con el inciso b), la parte agraviada está en aptitud de formular conceptos de violación en contra de los actos reclamados, ya que es cuando adquiere conocimiento de los mismos. Sin que lo anterior implique de forma alguna coartar el derecho humano de acceso a la justicia, toda vez que los plazos y términos establecidos en la ley deben respetarse, salvo los casos de excepción que se precisaron con antelación, dentro de los cuales no se ubica el acto reclamado por la parte quejosa, siendo aplicable al respecto la jurisprudencia siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". En consecuencia, al quedar demostrado que la demanda en cuestión se hizo valer fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la misma ley, por lo que en términos del ordinal 113 de la legislación en consulta, procede desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo y la naturaleza del acto (materia penal) de este Juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental. Notifíquese personalmente.
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