Pedro Jesús Hernández Bernardo

Expediente 1708/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1708/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Pedro Jesús Hernández Bernardo

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible....M-I

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene a ***, en su calidad de defensora pública adscrita al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Hidalgo, y asesora de la quejosa ***, dando cumplimiento al auto de veinticuatro de octubre del año en curso, para lo cual informa que acudió a las instalaciones del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, con la finalidad de orientar jurídicamente a la quejosa y, que una vez que le explicó su situación jurídica, ésta le indicó que no es su deseo interponer recurso alguno en el presente asunto. En consecuencia: SE DECLARA FIRME LA SENTENCIA. Al haber transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia dictada en este juicio. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SE DEVUELVEN CONSTANCIAS AL LUGAR DE ORIGEN. Devuélvase a la encargada de la Dirección del Área Femenil del Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo, el original del expediente clínico de la quejosa. Sin necesidad de acuse de recibo, porque basta la constancia de notificación del presente auto, que acredite su entrega. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Ya que el expediente electrónico coincide con los cuadernos principal e incidentales físicos, con fundamento en los artículos 3, último párrafo y 214, de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. DESTINO Y VALORACIÓN DE LOS CUADERNOS INCIDENTALES. Asimismo, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es depurable, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada en su aspecto definitivo. Por otro lado, el duplicado del incidente de suspensión en comento es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo cuerpo normativo...M-II

  3. Principal

    ...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de noviembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Con la demanda promovida ***, quien se ostenta como defensor particular de ***, contra actos de la Jueza de Control adscrita al Centro de Justicia para Mujeres, del Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, fórmese el cuaderno y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1708/2022-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Cabe hacer mención que la razón del numeral citado en segundo término radica en evitar que los juzgadores de amparo continúen con un juicio que no va a rendir frutos cuando se actualicen causales cuyas características puedan advertirse desde la presentación de la demanda y no requieran de mayor prueba para su demostración. Así, al examinar la demanda, se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no observó, previo a acudir a esta instancia constitucional, el principio de definitividad al no agotar el recurso de apelación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por virtud del cual las resoluciones reclamadas pueden ser confirmadas, revocadas o modificadas. De manera que, al no agotarse dicho medio de defensa antes de la promoción de la demanda de amparo, no se cumple con el principio de definitividad que rige en este juicio de derechos. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) De la interpretación del citado precepto se advierte que, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, salvo los casos de excepción expresamente establecidos. Ahora bien, en el presente juicio la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución dictada en la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, en la causa penal 1175/2022, por la Jueza de Control adscrita al Centro de Justicia para Mujeres, del Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, mediante la cual, determinó negar la suspensión condicional del proceso al aquí quejoso. En atención a lo anterior, esta resolutora considera que tal resolución es impugnable a través del recurso de apelación, de conformidad con el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; (.) Del artículo transcrito se advierte que la apelación procede contra las resoluciones que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso. De modo que, el recurso de apelación es el medio ordinario previsto en la ley para que un tribunal de superior jerarquía examine la legalidad de una decisión de otro inferior. Por tanto, si el recurso de apelación previsto en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede contra las resoluciones que nieguen la suspensión condicional del proceso; es inconcuso que antes de acudir al presente biinstancial el quejoso estaba obligado a agotar dicho recurso. Así las cosas, debía agotarse el recurso de apelación en contra de la determinación que hora se combate a través del juicio de amparo; esto, a fin de que un tribunal de alzada se pronunciara sobre ésta; pues a través del citado medio de defensa, podía lograrse la revocación, modificación o nulificación de esta resolución judicial y que según el inconforme, le depara agravio. Por ende, si no hizo valer sus derechos a través de esa vía ordinaria de defensa, resulta incuestionable que no puede acudir ante esta instancia constitucional, por no haberse agotado el principio de definitividad que rige en el referido juicio constitucional. No pasa inadvertido que la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en su inciso b), prevé como causa de excepción al principio de definitividad, la resolución que afecte la libertad personal del quejoso; sin embargo, se estima que no se actualiza dicha hipótesis en virtud de que la negativa de conceder la suspensión condicional del proceso no implica una afectación a la libertad del quejosa en forma directa, ya que ésta únicamente implica una expectativa de conceder la libertad del imputado en caso de que se resolviera sobre la procedencia de esa salida alternativa al procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.2o.P.A.1 P (11a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo V, página 4539, registro digital 2025169, de rubro y texto: SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE CONCEDERLA DEBE IMPUGNARSE MEDIANTE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL EN FORMA DIRECTA Y, POR ENDE, NO CORRESPONDE A LAS ESTABLECIDAS EXPRESAMENTE EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, QUE IMPLICAN UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Un imputado fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En el transcurso del procedimiento penal solicitó la suspensión condicional del proceso, la que fue negada por el Juez de Control; determinación contra la cual promovió juicio de amparo indirecto, sin agotar previamente el recurso de apelación previsto en la ley procedimental de la materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra la negativa del Juez de Control de conceder la suspensión condicional del proceso debe agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que dicha resolución no implica una afectación a la libertad en forma directa y, por ende, no corresponde a las establecidas expresamente en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, por la cual deba excepcionarse la interposición del recurso ordinario, en aras de cumplir con el principio de definitividad. Justificación: En el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, el legislador estableció un nuevo esquema y distinción en cuanto a las resoluciones que afectan en forma directa la libertad personal del quejoso e implican una excepción al principio de definitividad. En ese sentido, tratándose de aquellas resoluciones dictadas en el procedimiento penal acusatorio que no sean de las expresamente señaladas en el artículo invocado, es imperativo agotar el recurso ordinario respectivo por no ubicarse en la hipótesis de excepción aludida. Luego, si bien la negativa de conceder la suspensión condicional del proceso implicaría la expectativa de conceder la libertad del imputado en caso de que se resolviera sobre la procedencia de esa salida alternativa al procedimiento, ello no tiene como consecuencia la afectación directa de la libertad del imputado, ni se trata de actos de los señalados expresamente como aquellos que implican restricción de la libertad personal, por lo que previamente debe interponerse el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es el medio de impugnación especializado, rápido y eficaz para impugnar la negativa en comento. En esas condiciones, resulta manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como defensor particular de ***. Apoya esta determinación, la jurisprudencia I.6o.C.J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV Mayo de 2002, página 902, de rubro y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. DOMICILIO PROCESAL. Se tiene como tal el ubicado en ***. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene al quejoso proporcionando el número telefónico **, así como el correo electrónico *** para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones, sino que únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELELTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el juicio mercantil en que se actúa y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto a la promovente como a sus autorizados el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo....M-I

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