Pedro Javier Carvajal Fuentes
Expediente 991/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 991/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Pedro Javier Carvajal Fuentes
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta recibido vía interconexión. La Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, notifica el acuerdo de diez de octubre pasado. Se advierte dicho órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por el impetrante de amparo [Pedro Javier Carvajal Fuentes], contra el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo en el presente sumario. Lo radicó con el expediente 361/2023. Tómese conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ********** [quejoso]. Interpone recurso de queja contra el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. Asimismo, formula agravios. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da entrada al recurso. Ríndase el informe relativo a la queja de que se trata. Manifestando que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Remítase vía electrónica el ocurso de agravios citado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, a través de su Oficina de Correspondencia Común, con sede en Xalapa, Veracruz, así como las constancias digitalizadas que integran este expediente para su resolución. Habilítese la herramienta Vincular con otro Órgano, para que tenga acceso a la totalidad del expediente electrónico. Notifíquese y, personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes...".
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo (con su anexo) promovida por ********************, contra actos del 1. Juez Sexto de Primera Instancia en la Ciudad Judicial de Cardel, con residencia oficial en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz, y otra. Regístrese con el número 991/2023-I que le correspondió. Hágase la captura en el libro de control electrónico respectivo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. CUESTIÓN PREVIA. En el presente caso, no se expondrá si la demanda cumple en su totalidad los requisitos que establece el numeral 108 de la ley de la materia para su presentación. Dada la conclusión a la que se arribará, se estima no es necesario prevenir al peticionario en términos del diverso 114 del ordenamiento legal invocado. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, así como los anexos que a la misma se acompañen. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano... Ahora, como se puede ver de la precisión de actos y narrativa anterior, en relación con los reclamos identificados en los incisos a) y b), se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI (aplicada en sentido contrario), de la Ley de Amparo. El quejoso no tiene el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material. Pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Está incluido en este concepto, por equiparación, la parte que no fue emplazada o la que lo fue incorrectamente. Cobra aplicación la jurisprudencia 646 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 719 del Apéndice 1917- Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, Novena Época, con número de registro 1002712, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente"... En ese sentido, el ahora quejoso, al menos desde el seis de diciembre de dos mil veintidós, conoce la existencia de dicho sumario donde es parte demandada. Es claro forma parte de la relación jurídica procesal. En consecuencia, se itera, no existe duda de la actualización de la causa de improcedencia invocada previamente [artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI (aplicada en sentido contrario), de la Ley de Amparo]. Se advierte se impuso de los autos dentro de la sección de ejecución. Momento en el que tuvo conocimiento del estado procesal en el que se encontraba y actuaciones ahí emitidas. Es por eso que promovió incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y como lo narra en su demanda, a partir de esa fecha [seis de diciembre de dos mil veintidós] ha hecho valer diversos medios de impugnación ordinarios, en favor de la defensa a sus intereses. Todo ello dentro de la secuela ejecutiva. Así, se demuestra fehacientemente tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al menos desde el seis de diciembre de dos mil veintidós en que decidió impugnar la diligencia de emplazamiento a través del incidente de nulidad que la legislación ordinaria establece. De ahí la improcedencia de la presente acción de amparo. Estimar lo contrario implicaría dejar al arbitrio de la parte interesada plantear la misma violación de su derecho humano de defensa con motivo de un mismo acto [que en el caso es el emplazamiento que tilda de ilegal] cuantas veces decidiera abrir nuevamente el análisis de la cuestión alegada. No puede soslayarse que situación de desconocimiento del mismo juicio únicamente puede plantearse en una primera y única ocasión. Porque es inconcuso que a partir de ese momento conoce de forma precisa el número y tipo de procedimiento respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda. Lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios. Y así lo hizo, como se pone de manifiesto en su narrativa. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia citada en párrafos precedentes. Sirve de apoyo por identidad de razón la jurisprudencia P./J. 20/2018 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 332 del Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I. Materia Común, Décima Época, con número de registro 2017849, que dice: "TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión" (Lo resaltado es propio). Por otro lado, al haberse establecido el aquí quejoso no tiene calidad de tercera extraña a juicio. En consecuencia se encuentra sujeta a las reglas de procedencia del juicio de amparo sin que opere excepción. Actúa como demandada [y parte vencida] en el juicio natural. Por tanto, debe esperar hasta la emisión de la última resolución en el procedimiento de ejecución, para interponer el juicio de amparo haciendo valer en ese momento todas las violaciones que se hubieran cometido. Así, por cuanto al reclamo precisado en el inciso c), donde se decretó la adjudicación directa del inmueble hipotecado a favor de su contraria, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Del primero de los artículos de mérito, se colige que la enumeración de hipótesis de improcedencia del juicio de amparo es ejemplificativa y no limitativa. Por lo que se puede actualizar una diversa al relacionarse con algún precepto de esa propia legislación o por disposición constitucional. En el diverso precepto transcrito se establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos: a) ejecutados después de concluido el juicio; b) de ejecución de sentencia, y c) tratándose de remates. Hipótesis dentro de las cuales, sólo pueden considerarse contemplados en el primer rubro, aquellos que sean autónomos y que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como acontece, por ejemplo, con el arresto dictado como medida de apremio o la interlocutoria que fija la cantidad líquida. En la segunda, respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Y, en la última, aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En la especie, tratándose de actos emitidos en la etapa de ejecución [como aquí acontece], sólo pueden ser reclamados en el amparo que se promueva contra la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento a fin de que sean analizadas. Siempre que se haya agotado el recurso que proceda. Lo que se traduce en que ese será el momento en que podrá configurarse la hipótesis contenida en el ordinal 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para que en su contra proceda el juicio de amparo indirecto. Es oportuno mencionar que la intención del legislador fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de amparo se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva. Cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. No se puede estimar vulnerado un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada. Por eso de aceptar la procedencia del amparo se trastocaría la intención del legislador de evitar la detención de la etapa ejecutiva. Por el contrario, al permitir que se continúe el trámite de cumplimiento se prestigia lograr la eficacia de lo fallado y ya será al final, resarcido el vencedor del litigio, cuando quien se considere afectado podrá cuestionar alguna violación en el proceso y de acreditarla ser restituido en su derecho. En el entendido que en el caso en estudio, de la narrativa y anexo que acompaña se colige, sin lugar a dudas, las medidas adoptadas por el Juez responsable en el acuerdo reclamado están encaminadas a cumplir la sentencia condenatoria, en donde el aquí quejoso es parte vencida. De ahí que, la pretensión efectuada es ineficaz. Siendo lo relevante para el amparo la ausencia de una resolución judicial que califique como imposible cumplir aquélla sentencia o su total acatamiento. Consecuentemente, deviene improcedente el juicio de amparo para combatir el presente acto reclamado. No constituye una última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo. Al no aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado. Ni declarar la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia. Y menos aún, ordenar el archivo definitivo del expediente. Siendo importante destacar, dada la causa de improcedencia que se analiza, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluso se ha pronunciado respecto a que aún en el procedimiento de remate, la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo respecto del bien adjudicado son actos de ejecución dirigidos a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada. De ahí que la parte quejosa debe esperar hasta la emisión de la última resolución en el procedimiento de ejecución para interponer el juicio de amparo haciendo valer en ese momento todas las violaciones que se hubieran cometido. Incluyendo las relacionadas con el acuerdo que ordenó la adjudicación directa del bien inmueble materia del litigio en favor de su contraria y que aquí pretende reclamar (determinación de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés). Siempre y cuando, como se dijo, haya agotado el medio ordinario de defensa. Sin soslayar, refiere dicha resolución causó estado el seis de septiembre de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, materias Civil y Común, Décima época, Registro: 2022499, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva". En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por ********************, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia puntualizadas en esta decisión. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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