Pedro Jaime Barrera (Presidente)

Expediente 706/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
706/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2016

Partes del expediente

  • Pedro Jaime Barrera (Presidente)
  • SERGIO FUARTE GODINEZ (SECRETARIO) y Otros.
  • PEDRO JAIME BARRERA (PRESIDENTE) y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo para interponer el recurso de queja en contra del proveído de nueve de octubre de dos mil dieciséis, en el cual se desechó la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente en SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, no están catalogados como originales por lo que su devolución se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

  3. Principal

    CONSTANCIA: Por este medio se notifica a la PARTE QUEJOSA, el contenido del acuerdo de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, toda vez que no acudió a este Juzgado los días trece ni diecinueve de los actuales, no obstante el citatotio que para ello se le dejó. Téngase por recibido el escrito que suscriben los quejosos a través del cual exhibe diversos ocursos con el que complementan su demanda inicial cumpliendo con lo solicitado por este órgano de control constitucional mediante proveído de cinco de septiembre actual. Ahora, el numeral 113 de la Ley de Amparo vigente establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cierto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En la especie, los quejosos hacen consistir el acto reclamado en: "IV.- Ley o Acto Reclamado: Reclamo de las Autoridades Ordenadoras, al C. PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN IRAPUATO, GTO, EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN IRAPUATO; GTO. El ilegal proceder del acuerdo decretado por auto de fecha 12 de agosto de 2016: Dentro del Juicio Laboral núm.- *****, pues se considera, no ajustado a derecho." En acatamiento a tal precepto, en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo vigente, que es del tenor, en lo que interesa, siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento; así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En ese sentido, tanto del ocurso de demanda como en su escrito aclaratorio y los anexos exhibidos por los impetrantes, se aprecia que el acto reclamado consiste en la no admisión de la regularización de los autos de veintiuno de agosto de dos mil catorce y veinte de noviembre de dos mil quince, en los que se cuantificó el crédito del actor, así como el desechamiento del incidente no especificado, sobre la prescripción y reducción del laudo, pago de salarios caídos y prestaciones secundarias que tenga derecho el trabajador. Del escrito de cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado Federal, los quejosos hacen referencia y transcriben la determinación emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, que en lo conducente DESECHA DE PLANO EL INCIDENTE NO ESPECIFICADO SOBRE LA PRESCRIPCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAUDO SOBRE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS Y PRESTACIONES SECUNDARIAS, cuya materia es la regularización sobre el crédito del trabajador actor para que se ajuste al pago de salarios caídos, y se fije el pago de interés, la cual no procede por ser un expediente iniciado con anterioridad a la reforma de la ley federal del trabajo. Ante tal consideración, este juzgado Federal estima que en el caso el juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y en el caso, no se ha dictado el último auto en el periodo de ejecución, como será la resolución que apruebe el cumplimiento total del laudo o reconozca la imposibilidad jurídica o material para ello; por lo cual, se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, en virtud de que los impetrantes del amparo son parte formal y material en el juicio de origen, ya que tienen el carácter de demandados en el juicio laboral ***** y se insiste, no se ha determinado el cumplimiento del fallo o la imposibilidad de ello. Por tanto, es dable concluir que la parte quejosa debe sujetarse a las reglas que regulan dicho procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo, de manera que la determinación que aquí pretende combatir resulta estrechamente ligada a la cosa juzgada, donde los quejosos, en su carácter de parte demandada, ya fueron oídos. En efecto, sobre dicho particular, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del impetrante, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el máximo tribunal estimó que con el juicio de garantías no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable (supuesto en el cual se encuentra el presente asunto), pues el acto reclamado pretende modificar aspectos determinados en el fallo por lo que está encaminado a cumplir con lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. En esta tesitura, tenemos que en la especie el acto reclamado, descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento para cumplimentar la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, no ataca derechos sustantivos de la parte quejosa, de ahí lo improcedente de la demanda interpuesta. En efecto, el acto reclamado por sí solo no causa a los quejosos un agravio personal y directo, esto es, se trata de un de acto emitido en periodo de ejecución de sentencia, con la fuerza de cosa juzgada, respecto del cual el juicio de amparo prospera sólo hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento, la que en todo caso irrogue el perjuicio a que alude los hoy inconformes y cuando proceda el juicio de garantías, donde tendrá la oportunidad de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período. Bajo tal panorama, debe estimarse actualizada la causal de improcedencia que deriva de la interpretación conjunta de los artículos 107, fracción IV, (interpretado en sentido contrario), y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente; y, por ende, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente. Finalmente, como lo solicitan los quejosos, con apoyo en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de su parte a *****; sin perjuicio de que este pueda ser sustituido por otro.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

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