Pedro Ivan Oyorzabal Robledo
Expediente 322/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Pedro Ivan Oyorzabal Robledo
Actuaciones
- Principal
Vista la razón de cuenta que antecede y en virtud de que ha transcurrido el término de cinco días para la interposición del recurso de queja que establece el artículo 97 de la Ley de Amparo, en contra del auto dictado el veintidós de abril de dos mil dieciséis, en que se desechó la demanda de amparo; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL MISMO. Por lo tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Sin embargo, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues al desecharse la demanda no se decidió el juicio en lo principal dándose por concluido el mismo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito aclaratorio de PEDRO IVAN OYORZABAL ROBLEDO, por medio de la cual da cumplimiento a la prevención que se le formuló por auto de doce de abril del año en curso. En consecuencia, se provee: Vista la demanda y escrito aclaratorio, promovidos por Pedro Iván Oyorzabal Robledo, por propio derecho contra actos del Juez Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Secretario Actuario adscrito a dicho juzgado, por considerarlos violatorios de las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Este juzgador de amparo considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Tal dispositivo prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando contra el acto de autoridad que se reclama, las leyes ordinarias concedan algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo. De lo anterior resulta el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible para los terceros extraños a juicio, o cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o lo constituye cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En el caso, el quejoso no es tercero extraño al procedimiento natural, toda vez que es la parte actora del juicio natural, de ahí, que forme parte del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, por lo que se encuentra vinculada al mismo y, por tanto, sujeto a los medios de defensa que prevé la ley del acto reclamado (Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal), antes de las reformas publicadas en mayo de mil novecientos noventa y seis, por tratarse el documento base de la acción de un crédito celebrado con anterioridad a esa fecha. Por otro lado, el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, tampoco se ubica dentro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional citado, es decir, no implica pena de mutilación y de infamia, marcas, azotes, etcétera; en tanto, que en el mismo se trata del auto que niega la admisión del recurso de apelación en contra de diverso proveído por el cual se tuvo como extemporáneo. En tal virtud, el quejoso no se encuentra en los casos de excepción al principio de definitividad a que se ha hecho alusión y por ende, estaba obligada a agotar, antes de la instauración del juicio de amparo, el recurso de queja en contra del acto que reclama. En efecto, contra el acto reclamado consistente en el proveído de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, dictado en los autos del expediente número ********************, a través del cual el juez responsable no tiene por interpuesto el recurso de apelación hecho valer por el quejoso en contra del diverso auto de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, procedía el recurso de queja. En principio cabe señalar que el recurso de queja es aquel que se encuentra establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, antes de las reformas publicadas en mayo de mil novecientos noventa y seis, con la finalidad de otorgar el medio de impugnación en contra de las resoluciones emitidas por el juzgador de primera instancia en el supuesto de que se rechace o no se admita el recurso ordinario interpuesto (apelación). En efecto, el artículo 723, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, antes de las reformas publicadas en mayo de mil novecientos noventa y seis, a la letra establece: ".Artículo 723. El recurso de queja tiene lugar: III.- Contra la denegación de apelación;." Del contenido del precepto transcrito, se advierte que en contra de la determinación de no admitir a trámite el recurso de apelación procede el recurso de queja, medio de defensa por el cual la parte quejosa pudo obtener la confirmación, revocación o modificación del acto reclamado, por lo que, al no haber agotado ese recurso el quejoso, previo a promover el juicio de amparo, incumplió con el principio de definitividad referido y agotado dicho recurso, lo que hace que en la especie se actualice la causal de improcedencia invocada. A lo anterior es aplicable, en la parte que aquí interesa la jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo de 1992, página 109, Octava Época, que dice: "QUEJA PARA CALIFICAR EL GRADO EN LA DENEGACION DE APELACION. Conforme a lo dispuesto en la primera parte del artículo 727 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, una regla general del recurso de queja, consiste en que sólo procede contra resoluciones que, además de encuadrar en los supuestos específicos previstos en la ley, sean emitidos en causas apelables. Esta regla admite como única excepción, el caso en que la materia de la queja radique precisamente en dilucidar si procede o no el recurso de apelación, cuando el a quo lo hubiera considerado inadmisible, según se advierte en la segunda parte del precepto invocado, al establecer: "... a no ser que se intente para calificar el grado en la denegación de la apelación". Ciertamente, con el concepto "calificar el grado", el legislador comprende la actuación del tribunal ad quem mediante la cual examina una decisión del a quo, para determinar si obró o no con apego a la ley en dos aspectos: a) al admitir o desechar un recurso de apelación, y b) al precisar los efectos de una apelación admitida. Con ambos aspectos debe integrarse el concepto citado y no únicamente con el segundo, como erróneamente se ha llegado a entender por algunos tribunales y postulantes. La certeza del significado indicado se desprende especialmente de la legislación procesal civil que precedió a la vigente en el Distrito Federal, según puede constatarse, entre otras disposiciones, en los artículos 1574 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California, de mil ochocientos setenta y dos, 1499 y 1501 de las reformas al anterior ordenamiento, que datan de mil ochocientos ochenta, 693 y 695 del Código de Procedimientos Civiles de mil ochocientos ochenta y cuatro, para las propias entidades, y aunque la conceptuación no se reiteró textualmente en el actual código, es evidente que se continuó utilizando en la misma acepción, dado que no se precisó una distinta, además de que la omisión encontraría su explicación, tanto en el hecho de que entonces se aceptaba generalizadamente y sin discusión (pues no se advierte que la hubiera en la doctrina de la época respectiva) como por la tendencia evidente en el presente siglo de hacer de menor extensión los ordenamientos positivos procesales, suprimiéndoles, entre otras cosas, las definiciones de conceptos cuando no se estiman indispensables. Entendida así la expresión "calificar el grado"; resulta que la excepción prevista en la segunda parte del artículo de que se trata, se refiere en realidad a la determinación sobre la procedencia o improcedencia del recurso de apelación; de ahí que debe concluirse que de acuerdo a esta excepción y al artículo 723, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la denegada apelación siempre será susceptible de ser impugnada a través del recurso de queja, solución que por una parte es la más apegada al sistema regulador de la apelación previsto en dicho código, conforme al cual, el órgano jurisdiccional superior es quien decide en definitiva sobre la admisión de la alzada, con lo que se tiende a proteger a las partes de que un tribunal inferior les deniegue injustificadamente su derecho a apelar y, por otra parte, se impide el incurrimiento en el vicio lógico de petición de principio, al evitar que se dé por sentado previamente lo que en realidad constituye el punto de debate. Asimismo, es aplicable la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 106, Octava Época, que dice: "APELACIÓN, RECURSO DE. EL AUTO QUE LO DESECHA DEBE COMBATIRSE A TRAVES DEL RECURSO DE QUEJA. No se agota el principio de definitividad en el juicio de garantías, cuando el quejoso reclama en su demanda de amparo, el auto que desecha recurso de apelación, dado que tal proveído debe combatirse a través del de queja, mediante el cual puede obtener su revocación, modificación o nulificación, facultad que le confiere el artículo 723 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que establece: "Art. 723 El recurso de queja tiene lugar: III.- Contra la denegada apelación", de manera que, si no se agotó ese medio ordinario de defensa, previo a la interposición de la demanda de amparo respectiva, ésta deviene improcedente." En ese orden de ideas, sí es aplicable la jurisprudencia 1571, visible en la página 2515, Segunda Parte, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, así como la tesis de jurisprudencia 986, visible en la página 678, Tomo VI, Salas y Tesis Comunes, apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que respectivamente a la letra dicen: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra este fallo." "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otra parte, de conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el Segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento reglamentario en cita. NOTIFIQUESE.
- Principal
Visto el escrito de demanda promovida por QUEJOSA, por propio derecho contra actos del Juez Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Secretario Actuario adscrito al Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de las garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese con el número de orden 322/2016-II. Ahora bien, a efecto de acordar lo que proceda sobre su admisión, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, y con fundamento en el artículo 114, fracción IV, en relación con el 108 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, bajo protesta de decir verdad manifieste: a).-Precise el acto reclamado; y. b).-Narre sucinta y cronológicamente los antecedentes procesales que dieron lugar al acto que se reclama; esto es, de aquellos que se advierta fehacientemente el estado procesal del juicio natural. Dígasele al ocursante que deberá presentar su aclaración EN ORIGINAL Y COPIAS SUFICIENTES, de acuerdo con el artículo 110 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Y UNICAMENTE SE AUTORIZA PARA ORI Y RECIBIR NOTIFICACIONES A LAS PERSONAS QUE INDICA.
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