Pedro Iván Chávez Pablo

Expediente 954/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
954/2014
Año
2014
Actuaciones
26
Última actuación
09/06/2016

Partes del expediente

  • Pedro Iván Chávez Pablo y Otros.
  • Pedro Iván Chávez Pablo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la misma se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes quejosa y tercera interesada hubieren hecho valer recurso alguno en contra de la resolución de siete de marzo del año en curso, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Previa copia certificada del acto reclamado que se deje en autos, devuélvase al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, la copia certificada de la causa penal 83/2013 de su índice, que remitió como justificación a su informe, con la que se ordenó formar, por separado, el anexo I.

  2. Principal

    MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo, sin que hubieren hecho manifestación alguna; procede analizar si el fallo ha quedado cumplido o no. Así, se tiene que mediante sentencia dictada el diez de julio de dos mil quince (fojas 227 a 240), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Pedro Iván Chávez Pablo, para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, dejara insubsistente la orden de aprehensión librada en su contra el treinta de agosto de dos mil trece, en la causa penal 83/2013 de su índice, y dictara una nueva resolución, la cual, podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando adecuadamente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en el fallo, que son: Análisis de los elementos que integran el cuerpo del delito de abuso de autoridad. 1) En principio, el juez efectuó una relación de todas las pruebas que constaban en la causa penal y, comenzó con el estudio de los elementos constitutivos del delito que interesa. Sin embargo, se consideró que el juez responsable al efectuar el estudio de los elementos integradores del cuerpo del delito de abuso de autoridad, omitió: Indicar qué es lo que se acreditaba con todas las pruebas que relacionó. Exponer los motivos por lo que así lo consideró. Ello es así, pues no basta que el juez natural haya aseverado que al relacionar las declaraciones del ofendido, los testigos presenciales de los hechos, la fe ministerial de lesiones practicada y el certificado médico señalado, se tenía por demostrada la violencia física que ejercieron los funcionarios públicos en la persona del pasivo; pues al momento de estudiar las pruebas en lo individual debió exponer qué es lo que con cada uno de los elementos de convicción que enunció, se probaba y, establecer por qué llegó a dicha conclusión. Se dice lo anterior, en virtud de que es necesario que la autoridad responsable exponga invariablemente los razonamientos que haya tenido en cuenta para valorar jurídicamente las pruebas, con el propósito de otorgar una debida seguridad jurídica al peticionario del amparo. Análisis de los elementos que integran el cuerpo del delito de lesiones calificadas con ventaja. 1) Al respecto, se consideró que el juez responsable soslayó citar destacadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que consideró se llevó a cabo el delito que se imputa al quejoso; ello, a fin de que el peticionario de amparo estuviera en condiciones de defenderse y atacar, en todo caso, los razonamientos relativos. Ya que, si bien al inicio del estudio de los elementos que integran el cuerpo del delito de abuso de autoridad lo efectuó; ello no exime al juez de la obligación que tiene de precisarlos al estudiar un nuevo ilícito, como en el caso es el antijurídico de lesiones calificadas con ventaja, pues son diferentes delitos y diferentes también los elementos que los integran, de ahí la importancia de especificar dichas circunstancias. 2) Al valorar las pruebas con las que tuvo por acreditados los elementos constitutivos del delito de lesiones, el juez responsable, soslayó señalar, en lo particular, lo que con ellas se acreditó; pues si bien adujo que de las declaraciones de cargo valoradas (valoración en conjunto), resultaba incuestionable que las lesiones que presentaba el ofendido fueran consecuencia de la agresión física que sufrió de parte de, entre otros, el aquí quejoso; lo cierto es que no indicó lo que con cada una de ellas se demostró y cómo es que llegó a dicha conclusión. Análisis de la probable responsabilidad en la comisión de los delitos de abuso de autoridad y lesiones calificadas con ventaja. 3) En principio debe decirse que se consideró que el juez de la causa debió estudiar la probable responsabilidad de los ilícitos mencionados en apartados diversos, pues, aunque estén relacionados entre sí, es importante que el juez sea específico en indicar con qué elementos de prueba se acredita cada conducta y, qué conducta es atribuible al quejoso, para demostrar con ello si tuvo o no, probable participación en cada uno de los delitos que se le imputan; ya que al no hacerlo así, se deja en estado de indefensión al quejoso, al no precisarle que conductas se le atribuyen y por ende, no tener elementos para controvertirlos. 4) Se consideró que el juez responsable soslayó externar con detalle las razones particulares, motivos y circunstancias especiales que tuvo para tener por acreditada la probable responsabilidad del quejoso en los dos delitos que se le imputan. 5) Asimismo, se consideró que el juez responsable, si bien puntualizó las pruebas que tomó en cuenta para tener por acreditada la probable responsabilidad del quejoso en los delitos de estudio, omitió precisar lo que con dichos elementos de prueba se demostró y, explicar cómo es que arribó a dicha consideración. Pues, para tener por acreditada la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los delitos que se le imputan, de forma separada, debió valorar, en lo individual y en su conjunto, las pruebas; exponer los razonamientos lógicos y jurídicos mediante los cuales llegó a la convicción de otorgar determinado valor a cada uno de dichos medios de prueba y, establecer si los mismos eran idóneos para acreditar la probable responsabilidad del quejoso. 6) Se consideró que el juez de origen omitió establecer los razonamientos lógicos respectivos por los cuales arribó a la conclusión de que la calidad del quejoso era como coautor material y, señalar la conducta desplegada por el quejoso como "coautor". Pues no basta que el juez responsable haya señalado, que la forma de intervención del quejoso fue como co-autor material, en virtud de que en forma conjunta cometieron los hechos a estudio de la forma y términos ya conocidos, ya que de la conclusión indicada, no se advierte debidamente definida la conducta que desplegó el quejoso, en las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de los hechos atribuidos. Se dice lo anterior, debido a que coautor es quien realiza con su conducta una parte de la acción que causa el resultado, respondiendo del acto en conjunto, aunque no haya realizado personalmente las características típicas. Además, para acreditar la coautoría es necesario el acuerdo de voluntades entre los activos y que se contribuya de algún modo en la realización del delito (material o intelectualmente), de tal modo que dicha contribución pueda estimarse como una unión necesaria para la realización del evento delictivo. En otras palabras, el juez responsable debió precisar la conducta específica que el aquí quejoso realizó, para estar en posibilidad de determinar si es probable coautor material, al haberse acreditado el acuerdo previo de voluntades y la contribución que se tuvo en la comisión del ilícito que se le imputa, indicando los medios probatorios debidamente valorados con los que se demostró que el quejoso fue una de las personas que en el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, probablemente realizó la conducta delictiva atribuida. 7) Y, se consideró que el juez de la causa debió especificar cuál fue el grado de participación del quejoso en los eventos imputados; ya que no basta que señale que la participación del quejoso fue como coautor, sino que también, debe indicar el grado de intervención que tuvo en las conductas delictivas que se le imputan; máxime, que los hechos que integran los delitos de estudio son diversos y se atribuyeron a diferentes personas; de ahí la trascendencia de que, de forma específica, el juez responsable detalle qué conductas se le atribuyen al quejoso y en qué grado fue su participación en los supuestos hechos delictivos. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y al Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones con sede en la Villa de Etla, Oaxaca. Mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a las autoridades responsables su debido cumplimiento. En acatamiento al fallo protector, mediante oficio 2910, de siete de agosto de dos mil quince (foja 269), la Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial por orden del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, informó que ordenó al Encargado de la Comandancia Local de la Villa de Etla, Oaxaca, dejara sin efecto la ejecución de la orden de aprehensión de treinta de agosto de dos mil trece, librada por el Juez Penal de Etla, Oaxaca, en la causa penal 83/2013; en tanto, el Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado de la Comandancia establecida en la Villa de Etla, Oaxaca, informó que giró instrucciones al personal a su cargo haciéndoles extensivo el fallo protector, y realizó las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno de esa comandancia (foja 272). Por su parte, el Secretario encargado por ministerio de ley del Juzgado Penal de Etla, Oaxaca, mediante oficio 4842, de veinticuatro de agosto de dos mil quince (foja 274), remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil quince, dictada en la causa penal 83/2013 de su índice; sin embargo, por no cumplir dicha resolución con lo destacado en la ejecutoria de amparo, nuevamente se requirió a la autoridad judicial emitiera resolución cumpliendo con lo establecido en el fallo protector. En acatamiento a lo anterior, el juez responsable emitió nuevas resoluciones el veintisiete de octubre y veintiséis de noviembre de dos mil quince, de cuyo contenido se advierte que dejó sin efecto las órdenes de aprehensión dictadas en contra del quejoso el veinticuatro de agosto de dos mil quince (con la que pretendió cumplir el fallo protector) y treinta de agosto de dos mil trece (que constituyó el acto reclamado), y emitió nueva resolución en la que nuevamente libró orden de aprehensión en contra de Pedro Iván Chávez Pablo por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de Rodolfo Cruz Santos y la sociedad, y negó librar mandamiento de captura en contra del referido impetrante por el delito de lesiones calificadas que se dijo cometió en agravio de Rodolfo Cruz Santos. Ahora bien, al realizar el análisis de la sentencia ejecutoria de amparo y el cumplimiento que dieron las autoridades responsables, específicamente el juez responsable en resolución de veintisiete de octubre de dos mil quince, se conoce que aquélla ha quedado cumplida, toda vez que en cuanto al delito de abuso de autoridad por el que nuevamente libró mandamiento de captura, ya que por lo que se refiere al diverso ilícito de lesiones calificadas, negó librar la orden de aprehensión solicitada, realizó lo siguiente: Al analizar los elementos que integran el cuerpo del delito de abuso de autoridad, indicó que es lo que se acreditaba con todas las pruebas que relacionó, exponiendo los motivos por los que así lo consideró y estableció porqué llegó a esa conclusión. Lo que se afirma, ya que al analizar el primer elemento a) Que el activo sea funcionario o servidor público, destacó que se acreditaba con la diligencia de traslado e inspección ocular de dieciséis de mayo de dos mil trece, a la que le confirió valor probatorio por reunir los requisitos de ley, señalando los artículos a ese respecto y las razones de dicha valoración; el segundo elemento b) que en el desempeño de sus funciones haga violencia a una persona sin causa legítima o la vejare injustamente o la insultare o emplee términos injuriosos u ofensivos contra alguna de las partes, personas o autoridades que intervengan en el asunto de que se trate, destacó que lo tuvo por acreditado con la denuncia del ofendido, con las declaraciones de los testigos de cargo, precisando el valor probatorio que otorgó a dichos medios de convicción, el fundamento de dicha valoración y las razones al respecto, así como las razones de su conclusión. Y en cuanto al tercer elemento c) que como consecuencia de ella, se merme en el ofendido, la confianza depositada en los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, dijo que se acreditó con las declaraciones de cargo valoradas, pues de ellas se advertía que el ofendido denunció los hechos ante el Agente del Ministerio Público es porque se sintió agraviado con el proceder de los activos y éstos al actuar de ese modo, disminuyeron la confianza que como servidores públicos merecen aquellos que se condujeron con arbitrariedad. Así también, al estudiar la probable responsabilidad del ilícito mencionado, externó las razones particulares, motivos y circunstancias especiales que tuvo para tener por acreditada la probable responsabilidad del quejoso en el delito que se le imputa, puesto que precisó lo que se demuestra con los elementos de prueba que tomó en consideración, los cuales valoró en lo individual y en su conjunto, destacando que tiene por acreditada dicha probable responsabilidad con el señalamiento directo y categórico que en contra del inculpado, realizan el ofendido y los testigos de cargo, lo cual adminicula con la diligencia de traslado e inspección ocular de dieciséis de mayo de dos mil trece, medios de convicción que estimó idóneos para acreditar la probable responsabilidad del quejoso, y Expuso los razonamientos lógicos respectivos por los cuales arribó a la conclusión de que la calidad del quejoso era como coautor material y, señaló la conducta desplegada por el quejoso como "coautor", destacando la conducta que se le atribuye, así como el grado de su participación en el ilícito en mención; pues a ese respecto indicó que el inculpado de que se trata es la persona que el día de los hechos, ejerció violencia física, sin causa legítima al pasivo, pues mientras otros dos policías sostenían de los brazos al ofendido, el activo de referencia le dio de patadas en diferentes partes de su cuerpo, así también con su tolete lo golpeó en los hombros y en la espalda llevándoselo a internar a la cárcel pública municipal de la población en la que acontecieron los hechos; lo que tiene por acreditado con el señalamiento directo que el ofendido realizó en su denuncia de ocho de agosto de dos mil doce, lo cual adminiculó con las declaraciones de los testigos de cargo y con la diligencia de inspección ocular practicada en la indagatoria el dieciséis de mayo de dos mil trece; de ahí que concluye que la conducta la realizó conjuntamente con otros dos policías municipales, estando él en su carácter de comandante de la Policía Municipal y por lo tanto tuvo el codominio funcional del hecho delictuoso que en ese momento realizaba, ya que dicha conducta la realizó conjuntamente, toda vez que mientras dos policías sostenían de los brazos al pasivo, el inculpado, aquí quejoso, le dio de patadas en diferentes partes del cuerpo, así también, con su tolete le pegó en los hombros y en la espalda. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, puesto que como se vio el juez responsable con la nueva resolución que emitió acató dicho fallo, mientras que las autoridades ejecutoras en su momento hicieron lo propio; lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, en virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de marzo de dos mil dieciséis. De los autos se advierte que se concedió la medida cautelar solicitada por el quejoso; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    MESA V B Agréguese el oficio signado por el Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, por el que, en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del auto de veintiséis de noviembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 83/2013 de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo que se agrega, así como con las comunicaciones agregadas en autos de once, veintiuno de agosto y cuatro de noviembre de dos mil quince (fojas 269, 270, 272 y 304 a 312) dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercera interesada.

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