Pedro Indalecio Galeazzi Merlo

Expediente 743/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
743/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Pedro Indalecio Galeazzi Merlo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el numeral 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia donde se sobreseyó el juicio, sin que se haya impugnado; consecuentemente, con fundamento en los ordinales 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió legajos de constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Atendiendo a las particularidades del presente juicio, tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de temas de trascendencia jurídica, política, social o económica, el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. Conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el juicio. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Por último, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 743/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México..., asistido de..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la moral tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la tercera ofreció la documental, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humano. Al efecto de acuerda: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la tercera los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 743/2022, promovido por., por propio derecho y en calidad de heredero y coheredero, en defensa de la sucesión a bienes de., contra actos del Juez Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El accionante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos considerados violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. Previa aclaración, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se requirió informe justificado y se emplazar a la tercera interesada. Se rindió el informe de ley, la representación social Federal adscrita no intervino, se emplazó a la tercera interesada la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los numerales 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la ley de la materia, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado del orden común residente dentro al ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Acto reclamado. Acorde a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se tiene que el quejoso se ostenta tercero extraño auténtico al juicio especial hipotecario..., del índice del Juzgado Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, reclamando la falta de llamamiento y todo lo actuado, particularmente la ejecución del fallo condenatorio. Tercero. Existencia. La autoridad responsable aceptó la existencia de los actos reclamados. Cuarto. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio antes de las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. El juicio es improcedente, por falta de interés jurídico del promovente, acorde al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Conforme al precepto transcrito, para la procedencia del juicio de amparo respecto de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que los peticionarios acrediten el interés, perjuicio o afectación que resientan en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de lo reclamado, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia del procedimiento constitucional planteado. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, que haya una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que el procedimiento constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra lo considerado, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así como la jurisprudencia de la otrora Sala Auxiliar de la suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala del Ato Tribunal. En el particular, el quejoso se ostenta tercero extraño auténtico al juicio especial hipotecario., del índice del Juzgado Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, reclamando la falta de llamamiento y todo lo actuado, particularmente la ejecución del fallo condenatorio. Por tanto, el impetrante de amparo debió demostrar fehacientemente, ser titular de algún derecho a su favor derivado del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria materia del litigio primigenio; pues la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que esta facultad derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y que además, sea oponible a terceros. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia del Tribunal Pleno, tesis 1/2002, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante, lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En efecto, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento, es necesario acreditar un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. En la especie, aun cuando se anexó a la demanda de amparo copia certificada del acta de audiencia de veinte de octubre de dos mil cinco, relativa a la lectura del testamento público abierto otorgado por..., así como del acta de defunción de ... -señalado como albacea en la citada audiencia-, de dichas constancias no se advierta que el accionante y la persona que representa integren la relación procesal de origen, algún derecho a su favor derivado del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria materia del litigio primigenio. O bien, que el inmueble pertenezca a la sucesión, máxime que no se encuentran adminiculados con otros medios de prueba que acrediten la existencia de algún derecho en favor del promovente. De ahí que son ineficaces para tener por acreditado el interés jurídico del impetrante, al no generar un derecho oponible a terceros. Sin que sea obstáculo para lo considerado, que en el caso se haya probado la existencia del acto reclamado en el informe rendido por la autoridad judicial responsable y las constancias remitidas, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Consecuentemente, como el accionante no acreditó tener interés para promover el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia invocada, y con fundamento en el numeral 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la ley de la materia, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Conforme a lo resuelto, es innecesario atender los conceptos de violación, porque la declaración de sobreseimiento lo impide, en términos de la jurisprudencia 1028, que indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee el juicio promovido por..., por propio derecho y en calidad de heredero y coheredero, en defensa de la sucesión a bienes de ..., respecto de los actos precisados en el segundo considerando, por las razones expuestas en el diverso último de esta resolución. Notifíquese. Lo sentencia y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, el día en que tiene verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para la responsable, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarle por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; visto el informe con justificación de la Juez Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, el suscrito acuerda: Téngase por rendido y dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; una vez transcurrido el término que otorga dicho numeral sin que las partes realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda en su oportunidad. Con las documentales remitidas fórmese el tomo I para un mejor manejo del expediente. Por otra parte, agréguese el escrito del apoderado de la parte tercera interesada, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial que anexa, en atención a su contenido téngase por apersonado al presente juicio, señalando domicilio procesal y autorizando a las personas que menciona en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Las cuales sólo gozarán de las facultades amplias que prevé dicho numeral si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente lo estarían para oír y recibir notificaciones; igualmente, se le permite el uso de medios electrónicos en los términos que establece la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se tiene por invocada la causal de sobreseimiento que apunta, por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por anunciadas como pruebas las documentales, la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, las cuales se ordenan relacionar en la audiencia constitucional que al efecto se lleve a cabo. Finalmente, se tienen por objetados en cuanto su alcance y valor probatorio todos los documentos exhibidos por la parte quejosa, sin perjuicio de relacionarlo de nueva cuenta en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

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