Pedro Iglesias Gómez

Expediente 275/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
275/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
08/05/2017

Partes del expediente

  • Pedro Iglesias Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    III) Toluca, Estado de México; ocho de mayo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el once de abril de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). 4. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). 5. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    III) Toluca, Estado de México; diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************, por medio del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo y atento a su contenido se provee: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al promovente, bajo su costa, la copia que solicita previa comparecencia que por su recibo se deje para constancia legal debida, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 280 de la codificación citada en primer término, e identificación oficial vigente y copia de la misma que presente. Notifíquese.

  3. Incidental

    III) Toluca, Estado de México; diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso, por medio del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente incidente de suspensión y atento a su contenido se provee: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al promovente, bajo su costa, la copia que solicita previa comparecencia que por su recibo se deje para constancia legal debida, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 280 de la codificación citada en primer término, e identificación oficial vigente y copia de la misma que presente. Notifíquese.

  4. Principal

    III) R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil diecisiete, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Pedro Iglesias Gómez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que se mencionan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO No. 24, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, MÉX. A).- Como ORDENADORA señalo a la MAGISTRADA DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO No. 24 CON RESIDENCIA EN TOLUCA, MEX. B).- Como EJECUTORA señalo a la ACTUARIO (A QUIEN LE CORRESPONDA ATENDER EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO) DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO No. 24, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, MÉX. Ambas Autoridades Responsables pueden ser notificadas en calle RAFAEL M. HIDALGO No. 1001, COL. AMÉRICAS, TOLUCA, MÉXICO., 50130. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO No. 24. A).- De la Autoridad Responsable señalada como ORDENADORA, le reclamo la orden dada a la Actuario adscrito al Tribunal Agrario No. 24 de ejecutar la Sentencia Definitiva dictada en el Juicio Agrario Expediente 794/2011, en que el ejido TEPETITLÁN CUADRILLA PRIMERA demando a mi señor padre BUENAVENTURA JOSÉ IGLESIAS SANTIAGO, al respeto al establecimiento de un canal que pasa por las parcelas de mi padre que son las numeros 741 y 1202 con número de certificados 186202 y 186209 del ejido referido, sin que el suscrito PEDRO IGLESIAS GÓMEZ haya sido llamado a Juicio, siendo que en la parcela 1202 se encuentra construida mi casa habitación desde hace más de 15 años, porque mi señor padre BUENAVENTIRA JOSÉ IGLESIAS SANTIAGO en fecha 6 de abril del año 2000, me cedió una fracción de la parcela 1202 la cual tienen las medidas y colindancias siguientes: Al norte mide 33.50 metros y colinda con CANAL DE RIEGO. Al sur mide 33.50 metros y colinda con Buenaventura José Iglesias Santiago. Al Oriente mide 28.00 metros y colinda con carril o camino. Al Poniente mide 28.00 metros y colinda con Sergio Iglesias Gómez. B).- De la Autoridad Responsable señalada como EJECUTORA, le reclamo la ejecución de la Sentencia Definitiva dictada en el Juicio Agrario Expediente 794/2011, en que el ejido TEPETITLÁN CUADRILLA PRIMERA demandó a mi señor padre BUENAVENTURA JOSÉ IGLESIAS SANTIAGO, el respeto al establecimiento de un canal que pasa por las parcelas de mi padre que nos las números 741 Y 1202 con número de certificados 186202 y 186209 del ejido referido, sin que el suscrito PEDRO IGLESIAS GÓMEZ haya sido llamado a Juicio, ya que en la parcela 1202 se encuentra construida mi casa habitación desde hace más de 15 años, ya que mi señor padre BUENAVENTURA JOSÉ IGLESIAS SANTIAGO en fecha 6 de abril del año 2000, me cedió una fracción de su parcela que es 1202." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos violados, los protegidos por los artículos 1, 4, 11, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 3). TERCERO. Trámite del amparo. Recibida la demanda en este juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 275/2017-III; por auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete (foja 7), se admitió; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó emplazar a los terceros interesados; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo, en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos emitidos después de concluido el juicio por un tribunal agrario, que afectan a personas extrañas al juicio y que se ejecutan dentro de la jurisdicción donde este juzgado de distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: La ejecución de la sentencia definitiva de veintidós de enero de dos mil quince, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, con residencia en Toluca, Estado de México, en el expediente 794/2011, promovido por el núcleo ejidal Tepetitlán Cuadrilla Vieja, del Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, contra Buenaventura José Iglesias Santiago, en la cual se condena al demandado a respetar un canal de riego que atraviesa las parcelas números 741 y 1202. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Magistrada y Actuaria, ambas adscritas al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, con residencia en Toluca, México (fojas 34 y 37); al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó la Magistrada del tribunal responsable, consistentes en copias certificadas del juicio agrario 794/2011; a las cuales por ser documentos públicos se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, es importante hacer relación de los antecedentes más trascendentes que dieron origen al acto reclamado en el presente juicio constitucional: El veintisiete de septiembre de dos mil once, el Comisariado ejidal del poblado de Tepetitlán Cuadrilla Vieja, municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México demandó de Buenaventura José Iglesias Santiago diversas prestaciones en materia agraria (fojas 1 a 5 del expediente agrario 794/2011). La demanda de referencia se radicó en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, con residencia en Toluca, Estado de México, con el número de expediente 794/2011 (foja 25 del expediente agrario 794/2011). El veintidós de enero de dos mil quince, la autoridad agraria resolvió (fojas 327 a 338 del expediente agrario 794/2011): ". SEGUNDO. Por lo que, se condena a BUENAVENTURA JOSÉ IGLESIAS SANTIAGO, también conocido como VENTURA IGLESIAS SANTIAGO, al respeto del canal de riego que colinda con las parcelas 741 y 1202 del ejido "TEPETITLÁN CUADRILLA PRIMERA", municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México; así también a retirar cualquier obstáculo que se encuentre sobre dicho canal de riego, y en el supuesto de no dar cumplimiento a la presente determinación, este tribunal actuará conforme a lo que establece el artículo 191 de la Ley Agraria. En cuanto hace a la acción ejercida en su contra, consistente en el pago de daños y perjuicios ocasionados por la obstrucción del canal de riego, sobre esta acción se le absuelve, de conformidad a lo que establece el artículo 350 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria." Inconforme con dicha determinación, la parte demandada en el expediente de origen promovió juicio de amparo, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con número de expediente 97/215-I; autoridad que mediante resolución de nueve de julio de dos mil quince, resolvió negar a la parte ahí quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 341 a 347 y 384 a 411 del expediente agrario 794/2011). Consecuentemente, la actora en el expediente agrario solicitó la ejecución de la sentencia condenatoria; así, por auto de doce de mayo de dos mil dieciséis, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, con residencia en Toluca, Estado de México, emitió un auto donde comisionó al Actuario de su adscripción para el efecto de llevar a cabo la ejecución material y jurídica de la sentencia en comento (fojas 521 del expediente agrario 794/2011). QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia, cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, señala que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de vigencia." De dicha disposición, interpretada a contrario sensu, se desprende que para que el juicio de amparo sea procedente, además de otras cuestiones, es menester que el acto reclamado cuando emana de una controversia jurisdiccional, afecte los intereses jurídicos del impetrante. En este sentido, para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera, sino que éste debe fundarse en un derecho derivado de la ley, a exigir del gobernante determinada conducta, positiva o negativa. En efecto, la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido por el artículo 6º de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. De esta manera, el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que éste pudiera parecer. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece en la página 35, tomo 60, diciembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." En el mismo tenor, debe decirse que, al establecer el artículo 6 de la Ley de Amparo, el principio de instancia de parte agraviada, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional, que cuando el acto reclamado sea emitido por una autoridad jurisdiccional, el promovente acredite plenamente su interés jurídico. Lo anterior, a fin de que, si así lo estima fundado el órgano de control constitucional, esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada, pues de otra forma se correría el riesgo de otorgar el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de los establecidos por los invocados preceptos de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, por los motivos que refiere, la jurisprudencia 3a./J. 45/90, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 199, tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Materia Común, Octava Época, que expresa: "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." De donde se sigue, que para que exista afectación en la esfera jurídica del impetrante de protección constitucional, el acto reclamado debe encontrarse dirigido a él, y no a terceras personas. Corrobora tal consideración, la tesis II.2o.212 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 590, tomo XIII, junio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." Establecido lo anterior, cabe aclarar que la parte quejosa aduce acudir al presente juicio en su carácter de tercero extraño y para efectos del amparo, por persona tercera extraña a juicio debe entenderse como aquel individuo que sin ser parte material en un procedimiento respectivo resiente una afectación en su esfera jurídica con la ejecución de las resoluciones dictadas dentro de aquel. En ese tenor, se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, particularidades diversas que los distinguen, pues mientras en el primer supuesto su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, el segundo es aquella persona que es sujeto de la relación procesal, por ser demandado, pero no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 331, publicada en la página 280, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196932, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En la especie, el quejoso se ostenta como persona tercera extraña, pues aduce que aun y cuando no es parte en el expediente agrario 794/2011, ni ha sido oído y vencido en esa controversia, le causa agravio lo actuado, de forma particular la resolución ahí emitida, porque se condenó a Buenaventura José Iglesias Santiago, también conocido como Ventura Iglesias Santiago, al respeto del canal de riego que colinda con las parcelas 741 y 1202 del ejido "Tepetitlán Cuadrilla Primera", municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México; así también a retirar cualquier obstáculo que se encuentre sobre dicho canal de riego; y, respecto de la parcela 1202 de mérito, el quejoso manifiesta ser poseedor de una fracción de dicha parcela, derivada de la donación que le fue otorgada por el propio Buenaventura José Iglesias Santiago. Ahora bien, la parte quejosa, para acreditar su interés jurídico, debe probar con plena demostración de que es poseedor o propietario de dicho bien, pues de lo contrario, se le tendrá como simple detentador por falta de causa legal que la apoye, sin que dicho derecho de propiedad o posesión sea susceptible de ser protegido a través del juicio de amparo. Para justificar esa afectación o perjuicio, es necesario que, quien pide amparo demuestre que el bien inmueble cuya propiedad o posesión dice ostentar, tenga un título como causa generadora de ese derecho alegado, pero que tal título produzca la convicción sobre esa prerrogativa de propiedad y de posesión del bien y que no debe ser perturbada, si no es mediante un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales de todo procedimiento. Así, de no acreditar ese derecho, no tendrá por qué ser escuchado en ese juicio. Al respecto se aplica por analogía, la jurisprudencia 385, publicada en la página 260 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tercera Sala, Octava Época, con registro 394341, de contenido: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." Por tal razón, para que el poder de hecho que alguien ostente sobre un bien sea susceptible de tutela constitucional, requiere que se acredite la causa que le dio origen y que ésta, además, se encuentre amparada por la ley, pues la simple tenencia material u ocupación no están salvaguardadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, como se dijo, el solicitante del amparo no es parte en el procedimiento de origen, por lo que el acto que reclama en este juicio constitucional no afecta su esfera jurídica, pues si bien manifiesta tener derechos de posesión y propiedad respecto de una fracción de la parcela 1202 del ejido "Tepetitlán Cuadrilla Primera", municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México; lo cierto es que carece de interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, carga procesal que le correspondía en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, con el fin de demostrar que los actos reclamados en esta instancia afectan su esfera jurídica y por ende su interés jurídico. Lo anterior se afirma, en virtud de que, si bien, el peticionario de la protección constitucional afirma que los actos reclamados le causan un perjuicio, no demostró la afectación reclamada. En efecto, la parte quejosa omitió ofrecer prueba fehaciente durante la secuela procesal de este juicio y hasta la celebración de la audiencia constitucional, para acreditar que el acto reclamado transgrede su esfera jurídica, pues a ella correspondía demostrar tal circunstancia, dado que la carga de la prueba le corresponde. Es aplicable la jurisprudencia 1, publicada en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 187777, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción "1", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En efecto, el promovente ofreció los medios probatorios siguientes: Copia certificada de un escrito de donación, de seis de abril de dos mil, signado por Buenaventura José Iglesias Santiago, respecto de una fracción de la parcela número 1202, con certificado parcelario número 186202, del paraje denominado La Venta, del ejido de Tepetitlán Cuadrilla Vieja, municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, a favor de Ventura Iglesias Gómez (fojas 5 y 6). Dicho medio de convicción no es suficiente para tener por colmado el interés jurídico del quejoso, pues como se obtiene del documento de referencia, Buenaventura José Iglesias Santiago asentó donar en favor de su hijo Ventura Iglesias Gómez, una fracción de la parcela número 1202, con certificado parcelario número 186202, del paraje denominado La Venta, del ejido de Tepetitlán Cuadrilla Vieja, municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, y precisó como medidas y colindancias de la fracción donada las siguientes: "Al Norte mide 33.50 metros y colinda con Canal de Riego. Al Sur mide 33.50 metros y colinda con Buenaventura José Iglesias S. Al Oriente mide 28.00 metros y colinda con Carril o Camino. Al Poniente mide 28.00 metros y colinda con Sergio Iglesias Gómez" Por otra parte, del certificado parcelario 186209, que ampara la parcela 1202 Z-3P1/2, del ejido "Tepetitlán Cuadrilla Primera", municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, mismo que obra glosado en el expediente agrario 794/2011 (foja 164), al cual previamente se ha otorgado valor probatorio, se obtienen que dicha parcela tiene las medidas y colindancias siguientes: "NORESTE 97.83 MTS. CON CANAL SURESTE 65.14 MTS. CON PARCELA 755 SUROESTE 98.31 MTS. CON PARCELA 754 NOROESTE 62.09 CON PARCELA 1201" De lo detallado con antelación, no se demuestra de manera fehaciente que la fracción del terreno que ahora defiende Pedro Iglesias Gómez corresponda a la parte "noreste" a que se refiere el certificado parcelario 186209, que ampara la parcela 1202 Z-3P1/2, del ejido "Tepetitlán Cuadrilla Primera", municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, y que colinde con el canal respecto del cual habrá de ejecutarse la sentencia emitida en el expediente agrario 794/2011. Es decir, el documento público que se analiza es insuficiente para acreditar que la fracción dotada corresponda a aquella respecto de la cual habrá de ejecutarse la sentencia emitida en el expediente agrario 794/2011; porque en el documento de donación que presenta el impetrante de amparo, no se indica cuál es la ubicación o porción de la parcela que le fue donada, para con ello acreditar que la fracción que ahora defiende; consecuentemente, no se puede estar en posibilidad jurídica de determinar que, efectivamente, esa fracción de parcela donada pudiera ser afectada con la ejecución en comento. Así es, los datos asentados en el contrato en mención, respecto de las medidas y colindancias de la fracción de parcela donada a Pedro Iglesias Gómez, son insuficientes para arribar a la conclusión de que se trata de aquélla que corresponde la parcela 1202 Z-3P1/2, del ejido "Tepetitlán Cuadrilla Primera", municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, y colinda con el canal respecto del cual habrá de ejecutarse la sentencia emitida en el expediente agrario 794/2011. Lo anterior es así, pues para comprobar la identidad entre la parcela donada y la que colinda con el canal respecto del cual habrá de ejecutarse la sentencia emitida en el expediente agrario de origen, se debió ofrecer, en su caso, la prueba pericial en agrimensura o topografía, que se considera idónea para acreditar la identidad de inmuebles; pero, al no hacerlo así, el quejoso no logra demostrar que se trastoque su interés jurídico. A caso es aplicable la jurisprudencia VI.1o.C. J/13, publicada en la página 1606 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época, con el número de registro 190377, cuyo sumario establece: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado." Así como la diversa tesis VIII.2o.14 C, publicada en la página 555 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, del número de registro 203637, que establece: "PROPIEDAD Y POSESIÓN DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACIÓN CUANDO SE RECLAMA PRIVACIÓN DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa. Así, no es suficiente que el quejoso se ostente como como posesionario de una fracción de la parcela afectada, sino que debió acreditarlo de manera fehaciente con prueba idónea, pues el interés jurídico debe probarse de manera fehaciente y no con base en presunciones. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el tomo 82, página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octubre 1994, con el número de registro 198284, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por consiguiente, al no estar corroborado con alguna prueba fehaciente que la afectación respecto del bien que por esta vía se pretende defender, debe estimarse que en el caso no se acreditó que los actos reclamados afecten un interés jurídico legalmente tutelado en su beneficio y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal citado. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a la autoridad ejecutora, dado que éste no se impugnó por vicios propios. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia publicada en la página 286, del Semanario Judicial de la Federación, de los Volúmenes 91-96, julio-diciembre de 1976, Sexta Parte, de la Séptima Época, con registro 253622, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Aunado a ello, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por el quejoso, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, publicada en la página 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con registro 394984, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Pedro Iglesias Gómez, contra los actos y por las autoridades que fueron precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando último de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano