Pedro Herrera Armenta

Expediente 823/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
823/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • Pedro Herrera Armenta

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y toda vez que de la misma se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por ********************; por ende, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de la responsable no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad por lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se le haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso d), que a la letra dice: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al archivo de trámite y tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, procede determinar que el presente asunto es destruible en un plazo de tres años, contados a partir del presente auto que ordena el archivo, por lo que deberá procederse a su destrucción en los términos ordenados en el penúltimo párrafo del numeral trascrito. El presente acuerdo no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, motivo por el que no se considera de información reservada.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, catorce de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio 4JM5/5414/2020 signado por los integrantes de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual allegan copia certificada de acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral 4/14/4127 y sus acumulados 4/15/1627, 4/16/1966, 4/18/0329 y 4/19/1096 de su índice. Ahora bien, cabe destacar que de la lectura integral de la demanda se aprecia que la parte quejosa en esencia reclama la omisión de la responsable de emitir laudo dentro del expediente laboral 4/14/4127 y sus acumulados 4/15/1627, 4/16/1966, 4/18/0329 y 4/19/1096, del índice de la Junta responsable. Por otra parte, de las constancias allegadas por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, a las que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se concede valor probatorio pleno, como documentales públicas, pues se trata de copia certificada, en las que se observa la existencia regular de los sellos, membretes, firmas y rúbricas, que para ese caso previenen las leyes; se advierte lo siguiente: En veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, emitió laudo en el expediente laboral 4/14/4127 y sus acumulados 4/15/1627, 4/16/1966, 4/18/0329 y 4/19/1096, de su índice. Actuación que es suficiente para poner de manifiesto que la autoridad responsable desvaneció totalmente la actitud contumaz que originó el presente juicio constitucional, de manera tal que restituyó al justiciable en el goce del derecho fundamental trasgredido. De donde se sigue que la omisión en que había incurrido la citada autoridad, cesó en sus efectos de manera inmediata e incondicional, pues volvieron las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional solicitada, sobreviniendo así, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 73, de la Ley de Amparo. Como apoyo legal a lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y uno, Tomo VI, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y contenido reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Bajo este contexto, dado que durante la tramitación de este contradictorio federal, sobrevino la causa de improcedencia antes indicada, con fundamento en el artículo 74, fracción III, del citado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio que nos ocupa. Conclusión a la que arriba este Juzgador, sin que ello implique inobservancia a la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.", en la que se determinó que si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite del juicio laboral y la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta el laudo, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X XVI y XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, por el quejoso conservando interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera jurídica. Máxime que en el caso concreto el acto reclamado lo constituye la omisión de la responsable de dictar laudo dentro del expediente laboral 4/14/4127 y sus acumulados 4/15/1627, 4/16/1966, 4/18/0329 y 4/19/1096, de su índice. Además, a ningún efecto práctico nos llevaría a resolver estimando procedente conceder la protección constitucional al quejoso, ya que el sentido de la sentencia definitiva que se dictara en el presente asunto sería para el efecto de constreñir a la responsable al dictado de la resolución respectiva, lo cual, se insiste, ya se llevó a cabo. Estimar lo contrario, violaría en perjuicio de las partes, la garantía contenida en el artículo 17, Constitucional, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo este contexto, dado que durante la tramitación de este contradictorio federal, sobrevino la causa notoria y manifiesta de improcedencia antes indicada, con fundamento en el artículo 74, fracción III, del citado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio que nos ocupa. Determinación a la que se arriba, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues la hipótesis de improcedencia que sobrevino, es notoria y manifiesta, de manera tal que con ningún otro medio probatorio se puede desvirtuar, por lo que resultaría innecesario y ocioso, pretender aguardar hasta que se verifique la audiencia constitucional para poder resolver el presente asunto, por ende, en perjuicio del derecho fundamental de administración de justicia pronta tutelado por el ordinal 17 de la Ley Suprema. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Así las cosas, dado el sobreseimiento decretado en párrafos precedentes, se deja sin efecto la audiencia señalada para las diez horas con cuarenta y tres minutos del once de enero de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, diez de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos, se advierte que aún no transcurre el término de ocho días otorgado en acuerdo de seis de agosto de, Club Campestre San Francisco de Chihuahua, Sociedad Civil en su carácter de tercero interesada, para imponerse del informe justificado de la autoridad señala como responsable a efecto de no dejarle en estado de indefensión; se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. lo anterior con apoyo en la tesis P./J.54/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 29/98, visible en la página 5, Novena Época, Tomo s.f., Abril del 2000, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que, mediante oficio CCJ/ST/2784/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular María Guadalupe Contreras Jurado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó al licenciado Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año, y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Visto el estado actual de los autos, se advierte que no obra en autos el acuse de recibo del oficio 19190/2020, dirigido al tercero interesado Club Campestre San Francisco de Chihuahua Sociedad Civil; en consecuencia, se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos, a fin de que a la brevedad posible realicen la notificación del oficio en cita. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo.

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