Pedro Hernández Martínez

Expediente 591/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
591/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Pedro Hernández Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo el auto donde se proveyó lo relativo a la suspensión provisional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la determinación que sobreseyó fuera de audiencia este juicio ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se sobreseyó fuera de audiencia, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Incidental

    RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 591/2022, promovido por Pedro Hernández Martínez, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlo de su libertad personal. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el veinticinco de mayo de dos mil veintidós. La parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. Orden privativa de la libertad librada en su contra. Delegado de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Oaxaca. Ejecución material de la orden privativa de la libertad. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el progresivo 591/2022 y fue admitida el mismo día de su recepción. En dicho acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener, entre otras cosas, la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso concreto, la pretensión del quejoso es reclamar la orden privativa de la libertad librada en su contra y la ejecución de dicho mandamiento. El dictado de esa orden el quejoso se la atribuye a la autoridad judicial responsable ordenadora y su ejecución a la señalada como ejecutora. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad responsable, rindió su informe previo negando la existencia de los actos reclamados atribuidos, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa. No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca Niega Sin que pase desapercibido que la responsable, delegado de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Oaxaca no haya rendido su informe previo, lo que conllevaría a presumir cierto el acto que se les atribuye, conforme a lo establecido en el precepto 142 de la Ley de Amparo; sin embargo, al ser autoridad ejecutora y el órgano judicial responsable negó la existencia del mandamiento de captura reclamado es inconcuso que no puede ejecutarse una orden inexistente; de ahí que los actos ejecutivos atacados a las responsables señaladas en primer orden sean inexistentes. En respaldo de lo anterior se cita por analogía la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. Si las autoridades ejecutoras no rinden informes, pero aquéllas a quienes se atribuye haber ordenado el acto, lo niegan, es incuestionable que la autoridad ejecutora no puede ejecutar una orden inexistente y por lo mismo, la falta de informe no trae la presunción que establece el artículo 149 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, lo que procede, en el caso, es negar la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Pedro Hernández Martínez, por las razones expresadas en el apartado V de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, mediante el cual niega los actos reclamados. Ahora, del estado procesal que guarda el expediente, se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables las siguientes: Autoridad ordenadora: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. Autoridad ejecutora. Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República. En ese contexto, se advierte que el administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, consistente en la orden de aprehensión y/o presentación así como su ejecución dictada en contra del quejoso Pedro Hernández Martínez. Negativa que se hace extensiva al delegado de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Oaxaca, pues n pasa desapercibido que no haya rendido su informe previo, sin embargo, al ser autoridad ejecutora y el órgano judicial responsable negó la existencia del mandamiento de captura reclamado es inconcuso que no puede ejecutarse una orden inexistente; de ahí que los actos ejecutivos atacados a las responsables señaladas en primer orden sean inexistentes Con lo anterior, se concluye que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece la inejercitabilidad del juicio de amparo cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existen los actos reclamados. Por tanto, ante la inexistencia de los actos que el justiciable reclamó lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con apoyo en el tramo normativo citado. Sin que el sobreseimiento decretado fuera de la audiencia constitucional cause agravios al inconforme o lo prive de su derecho de defensa, ya que ni aun celebrándose esa diligencia el agraviado podría desvirtuar con prueba alguna la hipótesis de sobreseimiento invocada que se torna notoria, manifiesta e indudable debido a que todas las autoridades responsables negaron la existencia de las actuaciones atacadas, razones por las cuales el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional lo procedente es resolver fuera de audiencia. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de impocedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En razón de la decisión adoptada, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de junio de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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