Pedro Hernández Demetrio

Expediente 334/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
334/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
02/07/2018

Partes del expediente

  • Pedro Hernández Demetrio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien le pudo irrogar perjuicio, así como tampoco las otras partes, hayan recurrido el auto de seis de junio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que han perdido el derecho que pudieron ejercitar en dicho plazo, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que el auto en comento ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro uno de juzgado; la captura en el sistema integral de seguimiento de expedientes, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido, además de las directrices visibles en su página 31, que dice:

  2. Principal

    Agréguese al juicio de amparo en que se actúa para que obre como en derecho corresponda, el oficio 1583/2018, que envía la Presidenta de la Junta Especial número sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; a través del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en auto de veinticinco de mayo pasado; ahora bien, de las constancias que remite anexas al mismo, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia en este juicio. En mérito de lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Sentado lo anterior, tenemos que la parte quejosa se duele básicamente de que no se ha emplazado a los demandados dentro del juicio laboral de origen, Alma Gloria Muraira Rivera, y la sucesión de Miguel Mendoza. Dentro de ese contexto, tenemos que la responsable Presidente de la Junta Especial número sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, anexó a su oficio de cuenta, así como a su informe justificado, copias certificadas de constancias que obran dentro del juicio laboral de origen, las cuales al estar referidas a una actuación judicial se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que el dieciocho de abril de dos mil dieciocho (foja 14), la Actuaria responsable emplazó a la demandada en el juicio de origen, Alma Gloria Muraira Rivera, corriéndole traslado con copia del escrito de demanda, y de los proveídos de siete de noviembre de dos mil diecisiete (auto de radicación), y de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (auto en que se fijó nueva fecha para la celebración de la audiencia bifásica), y el veintinueve de mayo del año en curso, realizó lo propio con la sucesión de Miguel Mendoza (foja 54); ello, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el diez de abril del año que transcurre. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, la Actuaria responsable emplazó a juicio a los demandados de referencia, ello dentro del juicio laboral 1570/2017, por lo que quien aquí provee considera que ha sido restituida en el goce del derecho fundamental que estimó violado. Asimismo, la aludida restitución es equivalente a la que hubiese obtenido la parte quejosa en el supuesto de haber obtenido sentencia favorable en el presente juicio de amparo, pues en ese evento se hubiese ordenado a la Actuaria responsable, que en cumplimiento a la misma, se emplazara a juicio a los demandados en el juicio natural. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, ya que en la especie ningún efecto práctico tiene esperar a que se celebre la audiencia constitucional, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta e indudable no es posible que con los elementos de prueba que se ofrezcan sea desvirtuada y se tenga que emitir una resolución en sentido diverso. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto la razón que justifica la procedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio 1504/2018, signado por la Presidente de la Junta Especial número sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite las constancias que le fueron requeridas el diecisiete de mayo pasado; atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con las constancias de mérito, las cuales se tomarán en cuenta al momento de emitir la resolución respectiva. No obstante, con fundamento en el dispositivo legal antes citado, requiérase nuevamente a la Presidente de la Junta Especial número sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, remita copia certificada de la constancia de la que se desprenda que se emplazó a juicio a la sucesión de Miguel Mendoza, dentro del juicio laboral 1570/2017, toda vez que resulta necesaria para emitir el fallo respectivo en el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que no es posible llevar a cabo el desahogo de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, en razón de que el presente expediente no se encuentra debidamente integrado. Lo anterior, en virtud de que la Presidenta de la Junta Especial número sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no ha remitido las constancias que se le requirieron en veintitrés de abril de dos mil dieciocho En mérito de lo anterior, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Presidenta de la Junta Especial número sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, remita copia certificada de la demanda laboral promovida por el aquí quejoso Pedro Hernández Demetrio, del auto de radicación que recayó a la misma, y en su caso, del emplazamiento efectuado a la sucesión de Miguel Mendoza, dentro del juicio laboral 1570/2017, del índice de la Junta responsable. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. El apercibimiento de multa por veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, decretado en este proveído tiene su fundamento en lo dispuesto en las disposiciones respectivas de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorios del decreto de Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, para dar oportunidad a que la responsable de mérito remita las constancias requeridas y se encuentre debidamente integrado el juicio de amparo en que se actúa, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga lugar su verificativo.

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