Pedro Gutierrez Briseño Y/O Briceño

Expediente 597/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
597/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
03/02/2021

Partes del expediente

  • Pedro Gutierrez Briseño Y/O Briceño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán, tres de febrero de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Tomando en consideración que se encontraban suspendidas las actividades laborales de este órgano jurisdiccional hasta el once de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con la Circular CAP/3/2020, que determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19. REACTIVACIÓN. Sin embargo, mediante la diversa Circular SECNO/1/2021, se estableció en el punto "II" que el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, en el que se determinó la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Por lo tanto, se ordena la reactivación del juicio en que se actúa, en el estado procesal en que se encuentra; por lo que, se hace del conocimiento de las partes que los plazos y términos legales que se encontraban suspendidos, en relación a los requerimientos y/o vistas concedidas en autos, se reanudan a partir de la notificación de la presente determinación, en términos de lo dispuesto por el artículo 2, del citado Acuerdo General 21/2020; en el entendido de que subsisten los apercibimientos decretados en autos. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

  2. Principal

    I. RECEPCIÓN DE TESTIMONIO. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada el veinticuatro de septiembre del año en curso, en el conflicto competencial 1/2020, de su estadística, en la que la Superioridad textualmente resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Debe seguir conociendo del juicio de amparo indirecto el titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán." Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo. Acúsese recibo. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios de demanda, se extrae que la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución interlocutoria de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro del incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso Pedro Gutiérrez Briceño y/o Pedro Gutiérrez Briseño en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve (dentro de la etapa de ejecución de sentencia), derivada del juicio ejecutivo mercantil 41/2015 promovido por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Para mayor claridad se reproduce el contenido textual de los artículos en cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." De la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se obtiene que en la etapa de ejecución de sentencia, el amparo indirecto procede en contra de la última resolución, es decir la que declara o aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado. En este orden de ideas, en el procedimiento de ejecución de sentencia, deberá distinguirse de aquellos actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, aquellos actos que tiendan a la consecución de dicho fin. Por lo que debe precisarse que los primeros son aquéllos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. En la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Tratándose de la clasificación de los actos, es dable establecer que el amparo indirecto procede excepcionalmente cuando estos afecten de manera directa e inmediata derechos sustantivos del promovente, al resultar aplicable de manera analógica la fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable a tal razonamiento la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Esto sin que resulte obstáculo el hecho de que en la jurisprudencia anteriormente citada se haya interpretado la Ley de Amparo abrogada, al haber versado sobre cuestiones que no contravienen la actual redacción de la ley de la materia. De lo hasta aquí expuesto se concluye que, en etapa de ejecución de sentencias, tratándose de actos que no tiendan directamente a ejecutar el fallo de que se trate, el amparo indirecto sólo procede en contra de aquéllos que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, como se precisó el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro del incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso Pedro Gutiérrez Briceño y/o Pedro Gutiérrez Briseño en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve (dictada en la etapa de ejecución de sentencia), derivada del juicio ejecutivo mercantil 41/2015 promovido por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia. Conforme a lo hasta aquí expuesto, el acto combatido en esta instancia constitucional por su naturaleza no es irreparable, ya que constituye una actuación procesal pronunciada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no tiende al cumplimiento de lo condenado; y además que no tiene efectos materiales sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados en la constitución, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que en este caso sólo produce efectos de carácter formal o adjetivo, en el sentido de que se declaró legal una notificación realizada a la parte demanda en autos del juicio de origen de los actos reclamados y que inciden en la conducta que ha de tomar en el procedimiento de ejecución de sentencia de que se trata. Por lo anterior, es dable establecer que el acto reclamado en este asunto, pertenece a aquella clase de actos que son llevados a cabo en el procedimiento de ejecución de sentencia, pero que no tienden a lograr el cumplimiento de esta, porque su finalidad es únicamente el declarar que una notificación se realizó conforme a derecho. Lo anterior, pone en evidencia que la resolución reclamada en este asunto no puede considerarse como un acto que tenga efectos de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho sustantivo fundamental, constitucional o convencionalmente tutelado, sino que, en todo caso, esa violación produce únicamente una lesión jurídica formal o adjetiva. Esto no quiere decir que la parte demandada no pueda inconformarse de dicha determinación una vez que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución respectivo, en donde pondrá impugnar cualquier violación que estime se haya cometido en su perjuicio, la cual podrá ser objeto de estudio mediante el juicio de amparo; sin embargo, en lo que respecta al acto aquí reclamado, resulta improcedente el juicio de amparo por las razones vertidas anteriormente. Por lo tanto, no se satisfacen los requisitos para la procedencia del juicio de amparo derivados del ordinal 107, fracción IV, de la ley en comento, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; máxime que puede hacer valer en la misma demanda, todas las violaciones que considere que fueron cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Sirve de apoyo el siguiente criterio. "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, y con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Pedro Gutiérrez Briceño y/o Pedro Gutiérrez Briseño. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por medio de oficio al Tribunal oficiante y al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad.

  3. Principal

    IV. Uruapan, Michoacán, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. AUTORIDAD NO ACEPTA COMPETENCIA Y SE PLANTEA CONFLICTO COMPETENCIAL. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al que adjunta los autos originales del juicio de amparo 597/2019-IV, del índice de ese órgano jurisdiccional, en virtud de que mediante proveído de diecinueve de diciembre del año en curso, determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado, para conocer de la demanda de amparo promovida por Pedro Gutiérrez Briceño y/o Pedro Gutiérrez Briseño, respecto del acto reclamado: Acto Reclamado: "La sentencia interlocutoria dentro del incidente de nulidad de actuaciones de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia". De la lectura del acuerdo de mérito, se obtiene que no se aceptó la competencia declinada, en razón de que, a su consideración, no se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, ya que el mismo establece que la competencia respecto a un juicio de amparo indirecto, se surte en favor de un diverso Juez de Distrito, al que recibió inicialmente, únicamente cuando a este último le resulte el carácter de autoridad responsable, lo que en el caso concreto, a su criterio, no acontece, pues como lo estableció, el quejoso bajo protesta de decir verdad no quiso señalar autoridades responsables jurisdiccionales de otra naturaleza residentes de esta ciudad (específicamente a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado Michoacán, con sede en esta ciudad). Sin embargo, no se comparte el criterio sostenido, pues reiterando las razones emitidas en el auto de diecisiete de diciembre actual y controvirtiendo las vertidas por el juzgado homólogo se considera lo siguiente: En primer lugar, es de precisarse que las cuestiones competenciales son de orden público, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados, y por ello no pueden quedar al arbitrio de las partes, sino que se encuentra condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado. Precisado lo anterior, toda vez que, en efecto, la parte quejosa manifestó que no era su deseo señalar a esta autoridad como responsable, empero, al analizar el escrito inicial de demanda y escritos aclaratorios, se obtuvo que este órgano jurisdiccional participó en la preparación del desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, de la cual deriva la sentencia interlocutoria materia del presente asunto. Lo cual se corroboró al analizar la comunicación oficial 760/2019 (orden 879/2019-II-AJ) de este índice, en la que se advirtió que en determinación de catorce de junio del año en curso, se tuvo por recibida la diversa 228/2019 (orden 535/2019) del control del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia (autoridad señalada como responsable). Por lo que se arribó a la conclusión de que si bien la parte quejosa no señaló a este Juzgado Federal como autoridad responsable, también lo es que este órgano jurisdiccional participó en la ejecución de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, de la cual deriva la sentencia interlocutoria materia del acto aquí reclamado, de ahí que este órgano jurisdiccional no pueda figurar como juez y parte dentro del presente asunto. Por tanto, se insiste en que el Juez competente para conocer y resolver la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el punto quinto, fracción II, del Acuerdo General 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorga facultades a los Tribunales Colegiados de Circuito, para resolver asuntos que versen sobre la competencia originaria de esa Suprema Corte, remítanse los autos del presente juicio de amparo al Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, residente en Morelia, Michoacán, en turno, para que tenga a bien resolver lo conducente, respecto de la controversia competencial que se plantea. Comuníquese la presente determinación al Juez homólogo para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    IV. Uruapan, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN INFORMA. Agréguese el signado por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común "B" de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en auto de diecisiete de diciembre pasado, informa que recibió el oficio por el que se le remitió el juicio de amparo 597/2019, mismo que fue turnado al Juzgado Octavo de Distrito en esta entidad federativa y residencia, compensando las cargas de trabajo; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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