Pedro Gutiérrez Briceño Y/O Briseño

Expediente 435/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
435/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
20/09/2019

Partes del expediente

  • Pedro Gutiérrez Briceño Y/O Briseño

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Visto que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Asimismo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Pedro Gutiérrez Briceño o Briseño, por derecho propio, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 435/2019. 2. EXAMEN DE LA DEMANDA. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Sobre el particular, cabe destacar que de la lectura de la demanda se desprende que en concreto la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: a) Del Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el auto de seis de junio de dos mil diecinueve, que dictó en el juicio ejecutivo mercantil 41/2015, que promovió Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesquero (antes Financiera Rural) contra Pedro Gutiérrez Briceño o Briseño, que ordena requerir de pago al demandado y, en caso de incumplimiento, se proceda al embargo de bienes dado que existe sentencia condenatoria, para lo cual, expidió el exhorto 228/2019, orden 535/2019. b) Del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Juez Mixto de Primera Instancia y Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, la radicación y diligenciación del citado exhorto. c) De los Secretarios de Acuerdos de los Juzgados Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Juzgado Mixto de Primera Instancia y Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, la radicación y diligenciación del exhorto en comento. d) Del Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, realizada en cumplimiento al exhorto de mérito. 3. DESECHA NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción III, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda respecto del acto que se reclama de los Secretarios de Acuerdos de los Juzgados Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Juzgado Mixto de Primera Instancia y Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, toda vez que no tienen el carácter de autoridad para los efectos del amparo, en términos del artículo 5º fracción II, de la Ley de la Materia. Es así, en virtud de que la actuación de dichas autoridades dentro de la actividad jurisdiccional está limitada a sancionar con su firma las resoluciones y actuaciones del titular del órgano jurisdiccional al que están adscritos; sin embargo, carecen de facultades de imperio y de atribuciones decisorias, de ahí que, conforme a lo dispuesto por el referido ordinal 5° fracción II, de la ley de la materia, no tengan el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1007, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro señala: "SECRETARIO DE JUZGADO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE LE SEÑALA COMO FEDATARIO. Con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra del secretario de un juzgado de primera instancia del fuero común, si sólo se reclama de dicha autoridad el haber intervenido para dar fe de lo resuelto por el juez." De igual manera, apoya la tesis de jurisprudencia III.2º.C.J/21 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2292, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).- Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículos 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional." 4. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Respecto a los diversos actos reclamados, este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV del artículo 107 del mismo ordenamiento legal. En efecto, el invocado artículo 61, fracción XXIII, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:.." "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." En efecto, de los citados artículos se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Previamente, conviene destacar que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de ejecución de sentencia, a la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Por tanto, la pretensión del legislador fue evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro de ese procedimiento. En ese contexto, los actos reclamados enmarcados con los incisos a), b) y d) no tienen el carácter de definitivos en el procedimiento de ejecución de sentencia, en los términos apuntados, pues únicamente tienen como finalidad que se continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el referido juicio ejecutivo mercantil 41/2015. Por tanto, no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de ejecución de sentencia, en la medida en que, como ya se dijo, procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. De ahí que, no puede estimarse que el acto reclamado satisfaga las características establecidas en la Ley de Amparo, para considerarlo como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues será hasta entonces que la parte afectada podrá acudir al juicio de amparo indirecto a hacer valer las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Entonces, el presente juicio de amparo es improcedente respecto de los actos reclamados, porque conforme a lo previsto en la citada fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio biinstancial contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, solo se actualizará cuando se controvierta la última resolución dictada en dicho procedimiento, y en el caso, como se explicó, no ha acontecido. Por tanto, se concluye que el reclamo constituye solamente una actuación intermedia dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Sirve por analogía a lo anterior la tesis PC.XVIII.J/10 L (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia. Así como la tesis P./J.32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." La diversa jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." No es óbice a lo anotado, el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia firme estableció, que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, ahora contenida en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Dicho criterio lo sostuvo el más Alto Tribunal del País en la jurisprudencia P./J. 108/2010, visible en la página 6, Tomo: XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Pues tal criterio no es aplicable al caso, ya que el referido acto reclamado, no es de aquéllos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, contra los cuales sí es procedente el juicio de amparo en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, sin embargo, en el caso, el acto reclamado sí está relacionado con la cosa juzgada, es decir, con la sentencia ejecutoriada que resolvió el juicio del que deriva el acto reclamado, pues el quejoso es el ejecutado en el supracitado juicio 41/2015, por lo que, es evidente que no es ajeno a la cosa juzgada, de ahí la improcedencia de la demanda de amparo. En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia precisada, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. 3. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; y como autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel Álvarez Cruz, Brasil Cuadra Duarte y Omar Moreno Munguía, al contar con autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Gabriel Cruz Mendoza y Wendy Elena Ávila Vigil, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 4. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.

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