Pedro Guatzozon Zapo

Expediente 733/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
733/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/07/2019

Partes del expediente

  • Pedro Guatzozon Zapo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 3.-VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de junio del presente año, en la que en el primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

  2. Principal

    MESA 3.- RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Pedro Guatzozon Zapo, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones y fundamentos expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.

  3. Principal

    mesa 3.-VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, rendido por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del acuerdo de seis de junio del presente año, dictado en el expediente laboral 836/2016, de su índice; en tal razón, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dése vista a las partes para que se impongan de su contenido.

  4. Principal

    MESA 6.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha en que se actúa el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, no ha dado cumplimiento a la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 417 a 437), no obstante que mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil diecinueve (foja 1326), se tuvo por informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector, sin que a la fecha acredite el cumplimento a la sentencia dictada en el presente asunto. Por ello, de conformidad con los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la autoridad vinculada Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, para que se sirva remitir las constancias con las que acredite la forma en que esté dando cumplimiento a la referida ejecutoria, esto es, el presupuesto de dos mil diecinueve, donde se adviertan las cantidades liquidas a pagar en favor de los actores, aquí quejosos, o en su caso, copia certificada de aquéllas en donde se acrediten las gestiones que se estén llevando a cabo y que justifiquen que está realizando los ajustes presupuestales para allegarse de recursos económicos suficientes que les permitan hacer el pago de las prestaciones condenadas, acompañando los documentos que avalen su dicho. De igual manera, en términos del tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, REQUIÉRASE al Cabildo actual del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, a través de cada uno de sus integrantes:  Janicie Contreras García, Presidente Municipal y Primer Regidor del Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco.  Jesús Manuel de la Cruz Hernández, Segundo Regidor y Síndico Hacienda del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco.  Beatriz Adriana Rodríguez Hernández, Tercer Regidor y Síndico de Hacienda del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco.  Belizario López Almeyda, Cuarto Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco.  Sonia Pérez Tosca, Quinta Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco.  Marco Antonio Falcón Ocaña, Sexto Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco.  Adriana Robles Flores, Séptimo Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco.  Ernesto Hernández Jiménez, Octavo Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco.  Alejandro de los Santos de la Cruz, Noveno Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco.  José Luis Hernández Hernández, Décimo Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco.  Yuli del Carmen Jiménez de la Cruz, Décimo Primer Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco  Francisco Donaldo Pérez Chaires, Décimo Segundo Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco.  Lili del Carmen Concepción Ocaña, Décimo Tercer Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco.  Elda Viviana Peña Torres, Décimo Cuarto Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco. En su carácter de superiores jerárquicos de la Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, para que le ordenen dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitan copia certificada de las constancias con las que se acrediten que se encuentran velando por el acatamiento al fallo protector. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia 2a./J. 3/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 160, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO LA AUTORIDAD RENUENTE ES UN PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBE REQUERIRSE AL AYUNTAMIENTO COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, POR LO QUE SI ELLO NO SE HIZO, DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el procedimiento previsto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable renuente a acatar la ejecutoria constitucional es un presidente municipal, debe tenerse en cuenta que éste, conforme al artículo 115 constitucional, se halla investido de dos calidades, una, como miembro del Ayuntamiento respectivo, y otra, como ejecutor de sus determinaciones en funciones administrativas. Por ello debe inferirse que para efectos de un juicio de amparo donde se reclamen actos de dicho servidor público, el Ayuntamiento, órgano supremo de administración del Municipio, constituye el superior inmediato y a él debe dirigirse el requerimiento previsto por el citado artículo 105, con el propósito de lograr el cumplimiento del fallo protector. Consecuentemente, si no se ha producido el requerimiento al Ayuntamiento, como superior inmediato del presidente municipal, ni por lo mismo se ha agotado el procedimiento en comento, resulta improcedente el incidente de inejecución relativo y debe ordenarse la reposición de aquél." En el entendido, que de no cumplir dichas autoridades vinculadas, con fundamento en los artículos 192 y 193, en relación con el diverso 258 de la Ley de amparo, se les aplicará una multa a cada uno de ellos, equivalente de 200 (doscientas) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $16,898.00 (dieciséis mil ochocientos noventa y ocho pesos), la que se deduce de multiplicar por doscientos la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, y se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente, que puede culminar con la separación del puesto y su consignación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 1a./J.57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 144, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". Así como, por su contenido y alcance, la tesis 3a. XCI/91, instada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 99, Tomo VII, Junio de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que cita: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PUBLICO DEBIÉNDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO DIFICULTEN O IMPIDAN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución, y 105 y 113 de la Ley de Amparo, en cuanto a las medidas que deben adoptarse para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, debe establecerse que éste es de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones que se adopten en esa materia, no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. Por consiguiente, si bien la improcedencia del incidente de inejecución de sentencia se produce cuando existe un acto que entraña un principio de cumplimiento, ello solo resulta aplicable cuando tal situación se presente con anterioridad a la promoción del referido incidente y no cuando ello ocurre durante su tramitación pues, en este caso, en el debe lograrse el pleno cumplimiento de la sentencia y proceder, en su caso, a adoptar las medidas consignadas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución."

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