Pedro Guadarrama Sanchez
Expediente 1510/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1510/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/01/2018
Partes del expediente
- Pedro Guadarrama Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
VII.- La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo contra la sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito, conjuntamente con los cuadernos incidentales. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafos primero y segundo). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo), al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). En el entendido que en ambos cuadernos (principal e incidentales) no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
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VII.- Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 1510/2017-VII; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado ese día a este órgano jurisdiccional, Pedro Guadarrama Sánchez demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y acto que enseguida se precisan: Autoridades responsables Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México. Ejecutor adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México. Actos reclamados La eminente orden de embargo, sin que se le conceda derecho de audiencia y con auxilio de la fuerza pública. SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. El impetrante señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [fojas 2 a 15]. TERCERO. Prevención. En auto de veinte de septiembre del año en curso, este órgano jurisdiccional previno al quejoso para que bajo protesta de decir verdad manifestara si era parte en el juicio de origen o si acudía al presente con el carácter de tercero en sentido estricto, en el entendido que de ser parte debería indicar si señalaba como acto reclamado el emplazamiento y como responsable al ejecutor que los llevó a cabo [fojas 48 y 49]. CUARTO. Admisión y trámite. Una vez que el quejoso desahogó la prevención en comento, indicando tener el carácter de demandado en el juicio ejecutivo mercantil de origen y precisando como acto reclamado el emplazamiento en él, así como al ejecutor con el carácter de responsable; mediante auto de tres de octubre de dos mil diecisiete [fojas 51 a 54], este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito [foja 54 vuelta], ordenó emplazar a la parte tercero interesada [foja 120], solicitó informe justificado de las autoridades responsables y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que después de diferirse en una ocasión por las razones que constan en autos [foja 130], finalmente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 37, 107 fracción V de la Ley de Amparo; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como en el Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto emitido en un juicio ejecutivo mercantil, por un juzgado civil que reside en la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, y que pudiese tener ejecución en esta entidad. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye el auto de diez de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1433/2017, en el que ordena requerir de pago a los demandados, entre ellos el quejoso, así como emplazarlos a la citada controversia mercantil, y su ejecución. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Previamente al análisis de constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En ese orden, se precisa que es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo precisaron al rendir su informe justificado [fojas 60 y 91], circunstancia que se corrobora con las copias certificadas de las actuaciones que la autoridad responsable ordenadora adjuntó, las cuales obran glosadas a los autos y gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. A lo expuesto resulta aplicable la jurisprudencia publicada en la página 231 del Tomo VI, materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia 226 publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por la parte quejosa, es necesario que la acción intentada sea procedente; es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible debe sobreseerse el juicio; esto es, abstenerse del conocimiento del asunto y limitarse a emitir una determinación en la cual se expresen los motivos por los cuales se estima que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, la improcedencia del juicio constituye un obstáculo que impide resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. Establecido lo anterior, se concluye que en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa de orden público y estudio preferente. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, Segunda Parte, bajo el tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Y la tesis publicada con la clave I.7o.P.11 K, en la página 1200 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2008, Tomo XXVIII, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte del quejoso durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de los informes justificados y sus anexos se obtiene que el presente juicio es improcedente, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad. A efecto de evidenciar tal aserto es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XVIII y XXIII, así como 107 fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." De conformidad con los artículos transcritos, en primer término el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro de procedimiento por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el entendido que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. O bien, cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. De igual forma, tampoco será obligatorio agotar dicho recurso o medio de defensa en los casos que el quejoso sea persona extraña al procedimiento, o bien cuando se reclame el auto de vinculación a proceso, y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, ya que en esta última hipótesis el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, en el caso particular tratándose del auto de diez de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1433/2017, en el que se ordena requerir de pago a los demandados, entre ellos el quejoso, así como emplazarlos a la citada controversia mercantil, y su ejecución, traducida en la diligencia de requerimiento de pago y embargo; previo a acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debía impugnarlo ante la autoridad responsable a través del recurso de revocación que prevé el artículo 1,334 del Código de Comercio que establece: "Artículo. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición.". Cabe destacar que de conformidad con el artículo 1,340, la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto sea inferior a $593,712.73 (Quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 M.N.) por concepto de suerte principal, como en el particular acontece. En este sentido, si de autos se advierte que la suerte principal reclamada en el juicio ejecutivo de origen asciende a doscientos cincuenta mil pesos ($250,000.00), en este juicio no procedía la apelación y, por tanto, la actuación reclamada era revocable; de ahí que previo a acudir a la presente instancia constitucional, el quejoso estaba obligado a agotar dicho medio de defensa legal. No pasa inadvertido el contenido del artículo 1,339 del Código de Comercio que señala que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $593,712.73 (Quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Ello es así porque al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 30/2013, determinó que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, estableciendo que constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Dicha determinación originó la Jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), localizable en la Décima Época, Registro: 2005047, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Civil, Página: 401, que establece: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." [El énfasis es propio] Máxime que el quejoso no se ubica en alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que prevé la fracción XVIII del citado artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que del anexo que acompañó la autoridad responsable ordenadora a su informe justificado se obtiene que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas; tampoco se ubica en alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, no versa sobre la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Aunado a que no es una orden de aprehensión o reaprehensión, algún auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, ni la resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; y, tampoco se trata de la resolución que decide sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. De igual forma, tampoco está en los casos de excepción que prevé el citado precepto para persona extraña al procedimiento pues él mismo precisó ser parte, o bien cuando se reclama el auto de vinculación a proceso, así como en el supuesto que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Esto último debido a que como se indicó, la legislación que rige la materia, en el apartado correspondiente a medios de impugnación dispone expresamente la procedencia del recurso de revocación en contra de los autos que no fueren apelables, como en el particular lo constituye el acto reclamado, y además en el apartado relativo a la apelación, excluye la procedencia de ese medio de impugnación, en los asuntos de cuantía menor. Sin que pase inadvertido que el auto reclamado tenga efectos de mandamiento en forma; pues la posible irreparabilidad que pudiese causar la ejecución de esa determinación por el auxilio de la fuerza pública, en forma alguna excluye la obligación de agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 265/2013, suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Destacando que dicho criterio resulta aplicable por mayoría de razón cuando en un juicio ejecutivo mercantil no se involucra el interés superior de algún menor, como en el particular acontece. La Jurisprudencia derivada de dicha resolución está localizable en la Décima Época, Registro: 2005039, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.), Página: 350, y establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo.". Por último, conviene destacar que al desahogar la prevención contenida en autos el quejoso expresó que señalaba como acto reclamado el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil de origen, es decir, la ejecución del acto reclamado en los términos que ha sido fijada la litis en el considerando segundo de la presente resolución. Actuación respecto de la cual, el presente juicio también es improcedente por tratarse de una violación procesal susceptible de ser impugnada en amparo directo en términos de la fracción I del artículo 172 de la Ley de Amparo, pues conforme a dicho precepto se consideran violadas las leyes de procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, entre otras, cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley, como en el particular pretende combatir. De ahí que al ser parte en el citado procedimiento ejecutivo mercantil, esté en aptitud de comparecer ante la autoridad responsable para hacer valer su defensa legal en dicha sede judicial, por las actuaciones que aquí reclama. Máxime que lo reclamado es la primera actuación que le afecta, emitida en una controversia en la que además es parte. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; con fundamento en el numeral 63 fracción V del cuerpo de leyes en cita, se sobresee en el presente juicio por el acto y autoridades que se trata. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Pedro Guadarrama Sánchez, por derecho propio, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso cuarto de esta resolución. Notifíquese, y por lista al quejoso y a la tercera interesada, pues el primero señaló ese domicilio para tal efecto y respecto de la segunda porque ha trascurrido el plazo para señalar domicilio en esta ciudad, sin que lo hiciera. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que da fe. Doy fe.
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VII.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2° agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta por el cual la Secretario de Acuerdos del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México; en atención al proveído de treinta de octubre de dos mil diecisiete, remite las constancias con las que acredita que emplazó al presente juicio de amparo a la tercera interesada Merced Maribel Garduño Pérez, y la imposibilidad que tuvo para emplazar a Juan Arturo León Peralta. Atento a lo anterior, se tiene por cumplimentado el requerimiento inserto en el proveído de mérito, dejando insubsistente el apercibimiento con que fuera conminado, teniendo como legalmente emplazada a la tercero interesada Merced Maribel Garduño Pérez. Finalmente, por lo que respecta al tercero interesado Juan Arturo León Peralta, requiérase al quejoso para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione algún otro domicilio en el cual sea posible localizar y emplazar a los terceros interesados en mención, apercibido que en caso de ser omiso se procederá en términos del numeral 27, fracción III, de la legislación invocada en último término.
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VII) Toluca, Estado de México; treinta de octubre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta por el cual el Secretario de acuerdos del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro con residencia en Atlacomulco, Estado de México, devuelve sin diligenciar el exhorto 675/2017 (orden 675/2017-VII), del índice de este Juzgado de Distrito, en virtud del cual se le solicitó emplazar a juicio a los terceros interesados Merced Maribel Garduño Pérez y a Juan Arturo León Peralta. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el oficio que se provee para que surta los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y acúsese el recibo de estilo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 17 Constitucional y 27 fracción III inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a juicio a los terceros interesados en mención, por conducto del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca México, para lo cual se le envían copias del escrito inicial de demanda y auto admisorio, haciéndoles saber de la instauración del presente juicio, así como el derecho que tienen para apersonarse en el mismo, ofrecer pruebas y formulara alegatos, asimismo les informe la fecha señalada para la audiencia constitucional, de igual manera, les requiera para que dentro del término de tres días, señalen domicilio en esta ciudad de Toluca, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndoles que de no hacerlo así, las subsecuentes y aún las de carácter personal se les harán por medio de lista que se fije en un lugar visible de este Juzgado, conforme lo previsto en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, lo que deberá efectuar dentro del plazo de tres días contados a partir de su legal notificación. En el entendido de que los emplazamientos en mención deberán llevarse a cabo según lo establecido en la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por tanto, para dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, la audiencia prevista para celebrarse en esta fecha se difiere, y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
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