Pedro Gracia Santiago y Otros.
Expediente 662/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Pedro Gracia Santiago y Otros.
- Pedro Gracia Santiago
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos la impresión del correo electrónico enviado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a través del cual remite la boleta de turno del presente asunto; en ese sentido, glósese la boleta que adjunta, en el orden correspondiente.
- Principal
Vista la demanda de amparo contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, mismos que hace consistir en la omision de mantener el orden y mandar la liberación inmediata mediante el uso de la fuerza pública si es necesario, de la carretera federal Huamantla-El Carmen, tamo específico entre huamantla y la caseta de cobro de cuapiaxtla mismaque se encuentra bloqueda por mas de cinco horas, afectando con ello la salud del directo quejoso pues es ***** y no puede accesar a más ******* que la que ocupó. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 662/2021-L. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis aislada LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México; y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la citada legislación señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. A su vez, el artículo 5, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, establece que para los efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En tanto que la fracción I, del numeral 1° de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación sistemática de los anteriores preceptos se obtiene que el juicio de amparo es un procedimiento que parte de la base que el proceder de una entidad de poder público, será sometido al escrutinio constitucional para efectos de establecer si con su actuar ha vulnerado los derechos fundamentales del gobernado. De donde se sigue que es presupuesto indispensable que ese proceder violatorio de amparo, sea unilateral, esto es, que la "autoridad" que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, extinguiendo, modificando o creando situaciones jurídicas concretas, sin el consenso popular y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para conseguir tal afectación, en tanto que despliega su imperio erigido en una relación de supra a subordinación, donde el gobernado se ve sometido a la decisión tomada. Es decir, la autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. El concepto de autoridad para efectos del amparo excluye a los actos de particulares. La naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente contra actos de particulares; por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir las controversias que surgen de ellas se han establecido en la legislación los procedimientos ordinarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben de acudir ante los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas en ellas o contempladas en la ley, las partes están en el mismo nivel, en las relaciones de coordinación existe bilateralidad. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. En torno al concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación; el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si en vez de aquella vinculación se trata de una relación de coordinación, en la que excluye la idea de autoridad, ya que por su propia naturaleza existirá un procedimiento establecido en el derecho privado para ventilar cualquier controversia que se suscite en vía civil o mercantil, o bien, puede suceder que las normas constitucionales coloquen al Estado en situación jurídica parecida a la de un particular, como en la relación asimilada a la laboral que guarda con sus servidores públicos. En consecuencia, sólo podrá legalmente ser considerada autoridad para efectos del juicio de amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto reclamado, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, como lo señala el ordinal 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En el presente asunto, como ya se señaló el acto reclamado se hace consistir en: La omision de mantener el orden y mandar la liberación inmediata mediante el uso de la fuerza pública si es necesario, de la carretera federal Huamantla-El Carmen, tamo específico entre huamantla y la caseta de cobro de cuapiaxtla mismaque se encuentra bloqueda por mas de cinco horas, afectando su salud pues es diabético y no puede accesar a más insulina que la que ocupó. De lo anterior se aprecia que, el acto de que se duele en esencia es el bloqueo del tramo carretero que le impide acceder a su medicamento para la enfermedad que padece, pues lleva más de cinco horas sin poder circular, acto que no puede atribuirse a las autoridades que refiere, pues ello obedece a una manifestación de personas -derecho protegido por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-. En ese orden de ideas, al derivar el acto reclamado de un hecho fortuito, queda de manifiesto que no puede ser atribuido a las autoridades responsables que señala, pues la omisión de la que se duele no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo y, por ende, no es susceptible de combatirse en el amparo indirecto; por lo que tal circunstancia hace que el juicio de amparo sea improcedente en términos de la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el precepto 5, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu y con fundamento en el artículo 113 del mismo cuerpo legal, se desecha la demanda. Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el escrito de cuenta fue presentado vía electrónica y que dicha misiva no contiene la evidencia criptográfica, aunado a que de las manifestaciones que vierte el signante en representación del directo quejoso no se advierte que se encuentre impedido para realizarlo o bien, privado de su libertad. En ese contexto, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De dichos preceptos se advierte que, el juicio de amparo solo es procedente a instancia de parte agraviada, esto es, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés, el cual se ve afectado con motivo de algún acto de autoridad. En ese sentido, debe precisarse que la firma constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, pues además de dar autenticidad al mismo, pone de manifiesto la voluntad del promovente. Establecido lo anterior, cabe destacar que el presente juicio de amparo se promovió a través de los servicios tecnológicos previstos en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; sin embargo, dicha demanda carece de la firma electrónica de la parte quejosa -lo cual produce los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa- es decir, no se desprende que hubieren colocado en este el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada. Al respecto, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción I, Constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte, el artículo 6 de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y solo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal. Sin embargo, como quedó expuesto, la parte quejosa fue omisa en manifestar su voluntad a efecto de promover el presente juicio de amparo, en virtud de que no suscribió electrónicamente el escrito relativo y como se refirió, tampoco se advierte que quien comparece en representación haya manifestado que se encuentre impedido para estampar la firma o bien privado de su libertad. Además, el acto que reclama no es de los considerados como urgentes por el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que sea prescindible el uso de la firma electrónica, en términos del artículo 10, segundo párrafo del citado Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma electrónica de la persona que aparece como promovente ni el acto reclamado encuadra a los establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercido, pues como quedó expuesto, a través de la firma las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no es procedente ni siquiera prevenir a la persona señalada como promovente para que estampe su firma, por no entrañar uno de los requisitos de forma previstos en el artículo 108 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 114, sino que se trata de un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia conduce a desechar por improcedente la demanda, ante la falta de expresión de la voluntad de quien aparece como promovente. En consecuencia, ante la carencia de firma electrónica, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, de conformidad en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda vez que la parte quejosa fue omisa en señalar domicilio para oír y recibir sus notificaciones practíquese mediante lista que se fije en los estrados de este juzgado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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