Pedro González Rodríguez

Expediente 911/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
911/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
14/01/2019

Partes del expediente

  • Pedro González Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    MESA I. Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional y la definitiva; por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA I. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la resolución emitida en este juicio de amparo. En consecuencia, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    MESA I.SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Vigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México, por el que informa que por auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos de la causa penal 30/2018 de su índice, decretó extinguida la pretensión punitiva ejercitada por el Ministerio Público, por perdón de la parte ofendida a favor del quejoso Pedro González Rodríguez, por lo que ordenó su inmediata y absoluta libertad. Ahora bien, del estado que guardan los autos se advierte que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías fue presentada por Pedro González Rodríguez, contra actos de la Juez Vigésimo Quinto Penal del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México y otra autoridad; asimismo, que los actos reclamados en dicha demanda se hacen consistir en: EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO DENTRO DE LA CAUSA PENAL 30/2018. En ese sentido, este Órgano de Control Constitucional advierte que en el presente juicio de garantías se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos de los actos reclamados, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no surtir efectos. Es de suma importancia advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos de los actos reclamados desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Sobre el particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversas tesis, entre las que destacan la emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Tomo XCIX, visible en la página 2443, de epígrafe y sinopsis siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De igual forma la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Quinta Época, Tomo LXXXIX, visible en la página 731, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." En esa tesitura, como ya fue señalado en párrafos anteriores, tomando en consideración que el acto que se reclama a la juez responsable es el auto de formal prisión de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal 30/2018, es innegable que se actualiza la causa de improcedencia en comento, ya que mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Juez Vigésimo Quinto Penal de la ciudad de México, decretó extinguida la pretensión punitiva ejercitada por el Ministerio Público, por perdón de la parte ofendida en favor del quejoso Pedro González Rodríguez, en los autos de la causa penal 30/2018, respecto del delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravada, por lo que es correcto concluir que han cesado los efectos de los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, co mo si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, lo conducente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, marzo de dos mil tres, foja 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    MESA I. Vista las razones signadas por los actuarios de la adscripción, se advierte que el quejoso Pedro González Rodríguez, ya no se encuentra interno en las instalaciones que ocupa el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, en virtud de haber sido puesto en libertad; por lo tanto, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al quejoso el acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho por lista, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Por otro lado, de las razones de cuenta, se advierte que el actuario de la adscripción se constituyó en el domicilio señalado para localizar al menor de identidad reservada con iniciales AJGS, tercero interesado en el presente juicio de amparo, sin embargo, no fue posible emplazarlo toda vez que su representante legal Renata Giselle Galindo no vive ahí. Por tal motivo, a fin de no dejar en estado de indefensión al tercero de referencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, señale el domicilio actual y correcto de éste; apercibido que de no hacer manifestación alguna, una vez agotadas las medidas necesarias para tal efecto, dicho emplazamiento se hará a través de edictos a costa de la promovente constitucional, de conformidad con el precepto 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo.

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