Pedro Gonzalez Martinez
Expediente 966/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/04/2021
Partes del expediente
- Pedro Gonzalez Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Mexicali, Baja California, a trece de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, y en razón de que ha quedado firme el auto que sobreseyó el juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Garantía. No hay para la devolución. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el término de seis meses, de haberse ordenado el presente archivo, conforme con el diverso artículo 20, fracción II, inciso b), del acuerdo general de que se trata. Se ordena al Secretario certificar en las carátulas de los expedientes -original y duplicado- del incidente de suspensión las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destrucción", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo. Finalmente, del propio estado que guardan los presentes autos, puede advertirse que no existe promoción alguna pendiente de acordar, ni diligencia que desahogar; por tanto, así como fue ordenado en el juicio de amparo principal del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de abril de dos mil veintiuno. Adquiere firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No obran dentro del expediente. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Efectivo apercibimiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya feneció el término que le fue otorgado a la parte quejosa mediante proveído de ocho de enero de dos ml veintiuno, para ampliar la demanda; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, razón por la que en su oportunidad, el presente juicio de amparo será resuelto conforme el planteamiento original hecho valer en el escrito inicial. Estado procesal. Del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente contradictorio federal, se desprende que la parte quejosa reclamó sustancialmente, la omisión de la autoridad responsable Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali de remitir oficios con trascripción de sentencia dictada su contra en la causa penal 04871/2017, número único de caso 02-2017-51957, así como las constancias que declararan la ejecutoria, al Juez Ejecución del Partido Judicial de Mexicali y a las autoridades penitenciarias correspondientes, con la finalidad de continuar con su proceso penal en la etapa de ejecución y ventilar diversas controversias relacionadas con su internamiento. Ahora, de las constancias adjuntas al informe justificado, la aludida autoridad judicial señala como responsable, informó que mediante oficio NSJP/US/16664/2020, de treinta de diciembre del dos mil veinte, envió al citado Juez de Ejecución, la información cuya falta de remisión se reclamó en la demanda de amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Por tanto, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo precepto legal que establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [. . .]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquélla situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Criterio aplicable en tanto que no se oponen a la presente Ley de Amparo, por lo que continua su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la ley de la materia. De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Jurisprudencia aplicable, virtud que no se opone a la presente Ley de Amparo, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la ley de la materia. Así, como se anticipó, en el caso concreto la parte quejosa reclama básicamente la omisión de la autoridad responsable Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali de remitir oficios con trascripción de sentencia dictada su contra en la causa penal 04871/2017, número único de caso 02-2017-51957, así como las constancias que declararan la ejecutoria, al Juez Ejecución del Partido Judicial de Mexicali y a las autoridades penitenciarias correspondientes. En ese tenor, de las constancias adjuntas al informe justificado, puede desprenderse que la autoridad judicial responsable, mediante oficio NSJP/US/16664/2020, de treinta de diciembre del dos mil veinte, remitió vía interconexión al Juez de Ejecución, la información cuya falta de remisión ahora reclama el impetrante; documental que tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Por tanto, si la parte gestora del amparo se dolió en este juicio de amparo de la omisión por parte del Juez de Control de este Partido Judicial, de enviar la información apuntada a su homólogo de Ejecución en esta ciudad, solicitando el amparo para efecto de que la responsable actuara en ese sentido; consecuentemente, estamos ante la presencia de una situación que destruyó los efectos del acto negativo que motivó el amparo, y con ello se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla omisión, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, lo que ocasiona el sobreseimiento del presente en términos del diverso ordinal 63, fracción V, de esa legislación. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que ello no irroga ningún agravio a la quejosa ni le priva de defensa, virtud que la causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos. Resta precisar que en virtud de la anterior determinación, queda sin efectos la fecha y hora señaladas en autos para celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado; virtud que, no ha transcurrido el término de quince días otorgado a la parte quejosa por auto de ocho de enero del año en curso, a efecto de que manifestará si deseaba ampliar su demanda por una diversa autoridad a la que señaló como responsable, mismo que le fue notificado el veintidós de enero del año que transcurre. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procédase a diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las doce horas con veinte minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese.
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