Pedro Giovanni Valencia Mendoza

Expediente 149/2015 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
149/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
28/08/2015

Partes del expediente

  • Pedro Giovanni Valencia Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito signado por ******, a través del cual desahoga el requerimiento hecho en auto de diecinueve de agosto actual; por las consideraciones expuestas, ESTE JUZGADO SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer del juicio de amparo en que se actúa y se declina en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, a quien deberá remitírsele este juicio, para que vía fax1 y a la brevedad posible, informe si se avoca o no a su conocimiento. En términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se indica en el proemio de la demanda, y por autorizadas, en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala.

  2. Principal

    México, Distrito Federal, a diecinueve de agosto de dos mil quince. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Pedro Giovanni Valencia Mendoza, contra actos del Procurador General de la República y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 149/2015-IV. Procedencia Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis se advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos, dentro del término de CINCO DÍAS, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso pueda subsanarlas en tiempo. Pues bien, sin pretender obviar la causa de pedir, resulta en este momento, legalmente imposible admitir a trámite la demanda de amparo planteada por el peticionario de garantías, medularmente porque omite hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, no puede acusarse una denegación de justicia, pues no es que se esté rehusando a dar trámite a una demanda de amparo, sino que se está ante una obscuridad que no permite apreciar lo que el promovente quiere acusar; considerar lo contrario, podría llevar al extremo de conjeturar en relación con los antecedentes de los actos reclamados. En ese contexto, el numeral 108, en su fracción V, de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; .". El precepto en cita impone a los peticionarios de amparo la obligación de expresar cuáles son los hechos o abstenciones que les constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado; empero, en la especie, el promovente omitió señalar la fecha en que tuvo conocimiento del acto mismo. En efecto, la parte quejosa, en el capítulo relativo a "V.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO", precisamente en el punto marcado con el "3", refirió: "Es el caso que el pasado mes de julio del año en curso, me enteré por conducto de un vecino que dicho inmueble, se encontraba asegurado por la Procuraduría General de la República, toda vez que en sus accesos se habían fijado una seria de fajillas o etiquetas en las cuales se leía "INMUEBLE ASEGURADO" así como el número de indagatoria "PGR/SIEDO/UEIDCS/158/2014"." Tiene aplicación la jurisprudencia número 2da./J.161/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1079, del Tomo II, Febrero de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con el rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." (Lo resaltado es nuestro) Prevención Por tanto, a fin de estar en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda, respecto a la demanda que se plantea, con fundamento en los artículos 113, 114, en relación con el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: Señale en vía de antecedentes la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. En el entendido de que el término que se concede es improrrogable y de la responsabilidad en que incurren las partes al afirmar hechos falsos u omitir los que le consten, en términos del diverso numeral 261 de la Ley de Amparo. Al respecto, el numeral 261, fracción I, del ordenamiento legal en cita, estatuye: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y..." Lo anterior se justifica, en razón de que los actos aquí reclamados no se subsumen en ninguno de los supuestos de excepción para promover la demanda de amparo, en cualquier tiempo, previstos en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, es decir, los actos que por esta vía se combaten no implican peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Solicitud de copias Ahora, para el caso de que la promovente de amparo, aclare su demanda en los términos precisados, requiérasele a efecto de que, con apoyo en los artículos 110, 113 y 114 de la Ley de Amparo, dentro del multicitado término, exhiba una copia de su escrito aclaratorio por cada una de las partes, esto es, para las autoridades responsables, así como para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, toda vez que también son partes en el juicio de amparo, de conformidad con el numeral 5, fracciones III, inciso e) y IV, de la ley en cita, respectivamente. Tiene aplicación al caso la tesis número P.VII/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." De igual forma, tiene aplicación la jurisprudencia 106/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado en sesión de trece de julio de dos mil cinco, cuyo contenido literal es el siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Apercibimiento Con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se apercibe al peticionario de derechos que de no cumplir con lo anterior en los términos que se le indica y dentro del plazo que para ello se le concede, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en el libelo de cuenta. Notificaciones En otra consideración, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con base en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo en relación con el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de garantías deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para entregar los oficios que del mismo deriven. Se autoriza a la secretaria que asiste a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso.

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