Pedro Garcia Porcayo
Expediente 1110/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 56 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1110/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 56
- Última actuación
- 30/11/2017
Partes del expediente
- Ramiro García Gómez
- Pedro Garcia Porcayo
- Agente del Ministerio Público Federal Adscrito A Este Juzgado de Distrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 56.
- Principal
v.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el artículo 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por el Juez de Control con Competencia en el Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 1119/2017-V (orden 1146/2017), por el que se solicitó notificar al quejoso Pedro García Porcayo, el auto de treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 434 a 436), emitido en el presente juicio; en ese sentido, agréguese a los presentes autos dicho comunicado para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de cuenta, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro de Gobierno para los efectos legales procedentes. Se tiene por notificado al citado quejoso respecto del proveído anteriormente referido, para los efectos legales conducentes. En ese sentido, dese cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal.
- Principal
V.- La certificación de cuenta evidencia que el quejoso Pedro García Porcayo, no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 423 a 427), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este sumario constitucional; en consecuencia, el proveído de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Por otra parte, del estado procesal de este juicio de amparo se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El expediente es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito (punto vigésimo primero, inciso IV), al haber concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo), al haberse concedido la suspensión de los actos reclamados. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). 4. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes (Punto segundo, inciso XVIII del acuerdo citado); asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo en mención. Por otra parte, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, dado que el peticionario de la protección constitucional Pedro García Porcayo, actualmente se encuentra interno en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Sultepec, en el Estado de México, el cual se localiza fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con copia de esta determinación, envíese exhorto al Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sultepec, con el objeto de que en auxilio a las labores de este juzgado y con independencia de la fecha en que se reciba la presente encomienda, incluso en días y horas inhábiles tal como lo establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, se sirva notificar al quejoso esta determinación, en el aludido centro penitenciario en que se encuentra recluido, del mismo modo, se solicita, ordene a quien corresponda, acuse recibo.
- Principal
V.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto a la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; razón por la cual, de conformidad a lo dispuesto por la fracción II del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, éste tribunal procede a estudiar si se dio cumplimiento a dicho fallo protector. En principio, cabe precisar que la parte quejosa hizo consistir esencialmente el acto reclamado en: "LA NORMA GENERAL ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: La resolución de fecha 7 de julio del año 2016 que se emitió en el cuaderno de antecedentes 129/2012 con motivo de la tramitación del recurso de reconsideración interpuesto por el sentenciado ejecutoriado Pedro García Porcayo, quien se encuentra registrado en el centro Preventivo y de Readaptación Social de Sultepec México, en contra del auto del 8 de diciembre del 2015, en lo relativo en la inadmisión de dicho medio de impugnación respecto del auto 23 de noviembre de 2015, sentenciado ejecutoriado que fue procesado y sentenciado por el juez mixto de primera instancia del distrito judicial de Sultepec, México, en que por sentencia de fecha veintitrés de septiembre de dos mil tres, al resultar penal mente responsable por el delito de homicidio Calificado, en agravio de Ramiro García Gómez, relacionado con la causa penal 119/2002, le impuso una pena de prisión de CUARENTA Y DOS AÑOS, SEIS MESES. Resolución que en sus puntos resolutivos dice: PRIMERO.- Cumplimiento de ejecutoria de amparo. Comuníquese al JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES, EN EL ESTADO DE MEXICO, con residencia en Toluca, México, que por medio de este auto se ha dado cabal cumplimiento al amparo indirecto 65/2016, promovido por el quejoso PEDRO GARCIA PORCAYO; En el que se resolvió lo siguiente: SEGUNDO. -Se confirma el auto del 23 de noviembre del 2015, en la que se negó la remisión parcial de la pena y el tratamiento preliberacional bajo el régimen de prelibertad, a PEDRO GARCIA PORCAYO, por resultar insuficientes e inatendibles los agravios que hizo valer; Quien fuera procesado y sentenciado por el Juez MIXTO DE "RIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SULTEPEC, MEXICO, en que por sentencia de fecl1a 23 de septiembre de 2003, al resultar penalmente responsable por el delito de homicidio calificado en agravio DE RAMIRO GARCIA GOMEZ, relacionado con la causa penal 119/2002, le impuso una pena de prisión de cuarenta y dos años seis meses. TERCERO. Notifíquese personalmente a el interno en el lugar donde se encuentra recluido y entréguese le copia de este mandato judicial a si mismo notifíquese al representante social adscrito y al defensor particular para los efectos legales conducentes. CUARTO. Comuníquese el contenido de la presente resolución para su debido cumplimiento al DIRECTORGENERAL DE PREVENCION y DE READAPTACION SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO. y AL DIRECTOR DEL CE'\ITRO PREVENTIDO v DE READAPTACION SOCIAL DE SULTEPEC REMITIENDOLES COPIA AUTORIZADA DE LA MISMA. QUINTO. Se requiere al DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACION SCCIAL DE SULTEPEC, PARA QUE EN UN PLAZO DE CINCO DIAZ HABILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION INFORME LA FORMA Y TERMINOS EN QUE CUMPLlO LA RESOLUCION SEXTO.- Háganse las anotaciones de estilo en los libros respectivos y en su oportunidad archívese el presente como asunto concluido, por lo que a esta petición hace. A SI DEFINITIVAMENTE LO RESOLVIO V FIRMA LA LIC. CATAJNA ERNESTINA GARCIA LOYOLA, JUEZA DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE TENANCINGO, ESTf.DO DE MEXICO, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL, CON SECRETARIO JUDICIAL LIC. FELIPE FLCRES MARTINEZ, QUIEN AL FINAL FIRMA AUTORIZA Y DA FE PARA CONSTANCIA LEGAL. A si como los puntos considerandos y resultandos, definitivos y consecuencias jurídicas de dicha resolución." Mediante resolución de tres de mayo de dos mil diecisiete (fojas 249 a 264) se concedió el ampao y protección a Pedro García Porcayo en el presente asunto. Por auto de siete de junio de dos mil diecisiete (fojas 298 a 301) causó ejecutoria la resolución antes mencionada; asimismo se le requirió a la autoridad responsable su cumplimiento, el cual debía ser en los términos siguientes. Dejar sin efecto la resolución que constituyó el acto reclamado, de siete de julio de dos mil dieciséis, dictada en el cuaderno de antecedentes 129/2012. Con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva resolución en la cual, al apreciar la violación procesal cometida en perjuicio del quejoso, y a efecto de restituirlo en el goce de los derechos fundamentales violentados, resolviera en principio sobre el beneficio de la remisión parcial de la pena, por ser éste complementario de los diversos beneficios, y de resultar fundado, abonara los días de remisión para los efectos de temporalidad que se requiere con respecto a los demás beneficios. De ser así, analizara el diverso beneficio de tratamiento preliberacional, bajo los lineamientos de la resolución de amparo y conforme a derecho procediera. Mediante oficios registrados con números de control interno 14040, 16640, 17371 y 18220 (fojas 343, 371, 373 y 379 respectivamente) la responsable, solicitó prórroga e informó gestiones a fin de acatar el cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio. En acatamiento a la sentencia de mérito, el Juez de Ejecución de Sentencias de la Región Tenancingo, México, remitió copia autógrafa de la resolución dictada el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, emitida en el cuaderno de antecedentes 129/2012 ahora expediente 73/2017, con la que aduce se da cumplimiento al fallo protector. De las constancias remitidas, las cuales por ser documentos públicos alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se evidencia que el Juez de Ejecución de Sentencias de la Región Tenancingo, México, realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la resolución dictada el siete de julio de dos mil dieciséis en la que se confirmó el auto de veintitrés de noviembre de dos mil quince. 2. Con libertad de jurisdicción emitió la resolución de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, donde realizó el estudio correspondiente en los términos siguientes: ". Es posible concluir que no es dable la aplicación retroactiva de la ley al caso de Pedro García Porcayo, al ser evidente que el código procesal, prohíbe expresamente la concesión de beneficio alguno por haber cometido el delito de Homicidio Calificado; sin embargo es posible obtener la prelibertad y/o remisión parcial de la pena, según lo establecido en la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado de México. (.) A) REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA: (.) para determinar conforme a la regla prevista en el artículo 100 de la Ley referida, precisamente que por cada dos días, de trabajo le corresponde perdonarle uno de prisión, se extingue la pena de prisión de CUARENTA Y DOS AÑOS, SEIS MESES es menester recurrir la constancia Laboral de fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, expedida por el Administrador del Centro Preventivo y de Prevención Social de Sultepec, México, en donde constan CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO DÍAS laborados en reclusión. Es así, que, al haber laborado en internamiento los días referidos, aritméticamente le corresponderían DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO de remisión, equivalentes a SEIS AÑOS, SEIS MESES Y DIECISIETE DÍAS DE PRISIÓN. Ahora bien, tomando en consideración que la pena de prisión impuesta es contada a partir del día NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS, hasta el día en que se resuelve, (veintiuno de agosto de dos mil diecisiete), han transcurrido CATORCE AÑOS, NUEVE MESES Y DOCE DÍAS; sí al tiempo total de cumplimiento de la pena de prisión, se le adiciona el que le reportan los días laborados (seis años, seis meses y diecisiete días), resultarían VEINTIÚN AÑOS, TRES MESES Y DOCE DÍAS, lo cual es evidentemente inferior a la pena de CUARENTA Y DOS AÑOS CON SEIS MESES de prisión que pesa sobre PEDRO GARCÍA PORCAYO, por tanto, los días que hasta ahora le corresponderían como remisión de pena en virtud del trabajo desempeñado, son insuficientes para extinguir la pena de prisión de marras, por ende, se analizará su concesión cuando aritméticamente (requisito de procedibilidad) los días laborados permitan extinguir la sanción en correlación con los diversos requisitos de observancia de buena conducta, participación regular en las actividades educativas y recreativas que se organicen en el establecimiento y que a juicio del Consejo Técnico Interdisciplinario hoy del Juez de Ejecución de Sentencias, revele por otros datos, efectiva resocialización, previsto por la Ley, pues ahora es infructuoso su análisis. Sin que pueda realizarse establecerse un plazo perentorio para ello, ante la incertidumbre de que el sentenciado en lo futuro continúe laborando. No obstante lo anterior, y con la firme intención de acatar lo ordenado por la autoridad federal, esta Juzgadora analizará a grosso modo las constancias del expediente Clínico Criminológico bajo resguardo de la Autoridad Penitenciaria, las cuales dan cuenta del tratamiento aplicado al estudiado en internamiento, dado que en términos del artículo 11 fracción III del Reglamento Interior de los Juzgados de Ejecución de Sentencias es la fuente de donde emanan las que integran el expediente radicado en este Juzgado, ello con la finalidad de evitar transcripciones repetitivas y contradictorias. En este orden de ideas, en el sumario obran los siguientes elementos de convicción consistentes en los Estudios Técnicos realizados por las Áreas que aplican el Tratamiento Institucional. Aparte se advierte de la opinión de las áreas técnicas que el estudiado se ha involucrado en el Tratamiento Institucional insaturado, en tanto sobresale que: se ha incorporado al grupo de Alcohólicos Anónimos, donde ha acumulado quinientas cincuenta y cuatro asistencias, además participa en brigadas y pláticas de medicina preventiva (Medicina); mantiene un adecuado control de impulsos, muestra conciencia en sus errores de vida y los factores específicos que lo involucran en la comisión delictiva, muestra sentimientos de culpa y de arrepentimiento, la reclusión le ha sido castigarte, se plantea un proyecto de vida factible de alcanzar (psicología); ha recibido apoyo por parte de su núcleo secundario principalmente, quienes están al pendiente de su situación, cuenta con opción de elementos sociológicos en el exterior, referente a la situación de víctima se da por atenuada realizando cambio de domicilio por parte de la familia del estudiado desde la comisión delictiva (Trabajo Social); mostró mayor interés por cumplir con su asistencia, a la escuela, es perseverante en sus trabajos, mantiene buena comunicación con los demás, su aprendizaje es significativo y mejoró su ortografía y en la resolución de ejercicios matemáticos, pone en práctica los valores trabajados dentro del salón como son responsabilidad solidaria, compromiso, amistad, tolerancia y confianza en sí mismo (Área Educativa); ha acumulado desde el nueve de noviembre de dos mil dos, un total de cuatro mil setecientos setenta y cinco días laborados, en la actividad de servicios generales, donde su rendimiento en el trabajo desarrollado ha sido bueno (Laboral); y, no cuenta con reportes de mala conducta pues hasta la fecha dicho interno acata el Reglamento y normas de la Institución establecidas (Vigilancia). La suscrita les otorga valor probatorio pleno para evidenciar que PEDRO GARCÍA PORCAYO, ha sido sujeto de un tratamiento readaptatorio, que se ha involucrado en el mismo, así como para indicar el progreso de reinserción social del estudiado, sin embargo, esto aún no es posible, dadas las razones apuntadas, por lo que deberá continuar en reclusión para consolidar los logros obtenidos, hasta en tanto se logre el requisito de procedibilidad antes referido (que los días laborados sean suficientes para extinguir la pena de prisión). C) TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL: (.) éste no se encuentra cumplido, en tanto que al valorado le fue impuesta una pena de CUARENTA Y DOS AÑOS, SEIS MESES, de la cual las tres quintas partes son: VEINTICINCO AÑOS, SEIS MESES Y UN DÍA, un año antes resultan: VEINTICUATRO AÑOS Y SEIS MESES Y UN DÍA; ahora bien, de autos se desprende que al día de la fecha el estudiado ha permanecido en reclusión: CATORCE AÑOS, NUEVE MESES Y DOCE DÍAS, A PARTIR DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS, fecha en que el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, México, decretó su detención; evidentemente no cumple con el requisito de temporalidad conforme a los artículos 106 en relación al 111 fracción Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado de México (.) C. LIBERTAD CONDICIONAL (.) Confrontadas las constancias del expediente Clínico Criminológico con el contenido del artículo, 112 anotado, se llega a la conclusión que, los casos de los internos sentenciados por la comisión del delito de homicidio tienen prohibición legal expresa para la concesión del beneficio en estudio, en razón a que es considerado como grave por el Código Penal en el artículo 9, en donde se dice que se califican como graves para todos los efectos legales entre otros delitos el de Homicidio. (.) Al acreditarse la causal de improcedencia aludida, impide a la suscrita continuar con el análisis de los subsecuentes requisitos básicos referentes a la Pena de Prisión de por dos años o más; y haber cumplido las tres quintas partes de la pena en delitos dolosos; pues la acreditación de estos presupone la del que le antecede, lo cual no ocurre. (.) Se niega a Pedro García Porcayo el beneficio de la Remisión Parcial de la Pena, sin que sea posible ordenar la revaloración en un plazo perentorio, pues no es posible saber con certeza la fecha en que aritméticamente se pueda extinguir la pena de prisión considerando los días laborados, máxime ante la incertidumbre de que en lo futuro continúe laborando; únicamente es posible requerir a la Autoridad Penitenciaria que es la encargada del cómputo del tiempo de trabajo que cuando lo anterior ocurra someta él caso a sesión de Consejo Técnico Interdisciplinario y posterior a ello remita el expediente Clínico Criminológico al Juzgado competente. De igual manera, al no acreditarse el requisito de temporalidad como elemento de procedibilidad, (un año antes de las tres quintas partes de la pena) se niega el Tratamiento Preliberacional bajo el régimen de Prelibertad, por lo que se ordena que el caso se analizado por el Consejo Técnico Interdisciplinario para el mes de mayo de dos mil veintiocho, pues en esa temporalidad se acreditará el aludido requisito. y, finalmente se le niega el Beneficio de Libertad condicional. De donde se desprende que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos, pues la autoridad responsable con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la cual resolvió en un principio sobre el beneficio de la remisión parcial de la pena, abonó los días de remisión para los efectos de temporalidad que se requiere con respecto a los demás beneficios; y, analizó el diverso beneficio de tratamiento preliberacional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes; sin que pase inadvertido que el quejoso realizó diversas manifestaciones respecto al cumplimiento del fallo protector; sin embargo, dichas consideraciones se encuentran dirigidas a combatir las razones que la responsable tomó en consideración para emitir su nueva determinación, las cuales no son motivo del análisis en el cumplimiento de sentencias dejando a salvo los derechos del peticionario para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
V.- Se tiene por recibido el oficio de cuenta, por medio del cual la Jueza de Control del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, devuelve diligenciado el exhorto 852/2017-V (orden 879/2017), del índice estadístico de este Juzgado de Distrito, por el que se le encomendó notificar el auto de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete al quejoso Pedro García Porcayo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, acúsese el recibo de estilo y téngase debidamente notificada a la parte quejosa en mención. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejoso privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o bien, en el lugar de su reclusión; la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición de que el promovente del juicio privado de su libertad tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio, a fin de que éste se encuentre en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal convenga, y no hacer nugatorio su derecho de acceso a la justicia, por tanto, ante determinaciones que no tengan la finalidad de impulsar el procedimiento como en la especie acontece, no es necesario ordenar de manera personal la notificación del presente proveído.
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