Pedro García Morín

Expediente 1019/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 44 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1019/2016
Año
2016
Actuaciones
44
Última actuación
27/02/2018

Partes del expediente

  • Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito
  • Pedro García Morín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    Téngase recibido escrito signado por el tercero interesado Luis Morales Cepeda; atento a su contenido, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídansele a su costa las copias certificadas a que alude en su ocurso de cuenta y hágase entrega de las mismas previa identificación, toma de razón y recibo que de ello se deje en los presentes autos. Notifíquese....

  2. Principal

    ... Proveído de treinta de junio de dos mil diecisiete causa estado... devuélvase a responsable cuadenrod e constancias que remitió como apoyo a su informe... archívese expediente... transcurrido plazo de tres asños, remítase expediente a Centro Archivístico Judicial de Suprema Corte...

  3. Principal

    Vistas las pruebas documentales ofrecidas por el tercero interesado Luis Morales Cepeda, mediante escrito recibido el siete de diciembre de dos mil dieciséis, consistentes en diversas copias certificadas de la averiguación AP/PJE/ZA/CEDRA 039/III/2008, expedidas por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de Cedral, San Luis Potosí (fojas 166 a 221). Ahora bien de las señaladas constancias se destaca el escrito de dos de abril de dos mil ocho signado por el aquí quejoso Pedro García Morín, como apoderado de María de la Paz Moncada Hernández (foja 186), a través del cual, compareció ante el representante social referido, para manifestar que tuvo conocimiento de la denuncia o querella presentada por el tercero interesado Luis Morales Cepeda, en contra de su poderdante por el delito de despojo y daños. Asimismo, en dicho escrito el ahora quejoso precisó que en reunión de veinticinco de octubre de dos mil seis, Luis Morales Cepeda les informó que obtuvo sentencia favorable dentro del Juicio Agrario 106/2005, así también que desde el momento en que tuvo conocimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 25, se reconoció dicha resolución emitida en favor del aquí tercero interesado. Finalmente, el aquí quejoso solicitó que se cerrará la indagatoria como asunto concluido. De las relatadas condiciones, se estima que en el caso ha sobrevenido una causa de improcedencia manifiesta e indudable que permite sobreseer fuera de audiencia constitucional con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ".Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que la causal actualizada, es relativa a la temporalidad de la demanda, por lo que conviene transcribir los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese orden de ideas, a consideración de quien resuelve, la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea, pues de las documentales ofrecidas por el tercero interesado, consistentes en copias certificadas de la averiguación previa AP/PJE/ZA/CEDRA 039/III/2008 expedidas por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de Cedral, San Luis Potosí, se advierte lo siguiente. Dentro de la averiguación previa AP/PJE/ZA/CEDRA 039/III/2008 instruida en contra de María de la Paz Moncada Hernández por el delito de despojo y daños, el aquí quejoso compareció como apoderado de la probable responsable, para realizar diversas manifestaciones, de las que destaca que, tuvo conocimiento de la sentencia dictada en el Juicio Agrario 106/2005 relativo a la nulidad absoluta del acta de asamblea general de ejidatarios levantada el treinta de noviembre de dos mil cuatro; por lo menos desde el veinticinco de octubre de dos mil seis, fecha en que se llevó a cabo una reunión con el aquí tercero interesado, mismo que le comunicó el sentido de la sentencia; asimismo Pedro García Morín manifestó que reconocía la sentencia del Tribunal Unitario Agrario del 25 Distrito en esta ciudad, desde la fecha en que tuvo conocimiento de ésta (foja 186). Lo antes precisado, evidencia que, a pesar de las manifestaciones vertidas por el quejoso, en relación a que nunca tuvo conocimiento del juicio que se resolvió con la sentencia señalada, por la que se asignaron las parcelas 126 y 127 de la zona 1 polígono 5, dentro del Núcleo Ejidal "Victoria San Manuel", Municipio de Cedral, Estado de San Luis Potosí, lo cierto es que el relatado escrito de dos de abril de dos mil ocho revela que por lo menos desde el veinticinco de octubre de dos mil seis, el quejoso se hizo sabedor del número de expediente y que se dictó resolución en dicho controvertido, la cual resultaba contraria a sus intereses. Por ende, si la demanda de amparo fue presentada hasta el cinco de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, es evidente que se presentó con posterioridad a que concluyó el plazo para su presentación. Bajo esa óptica, es claro que se actualiza la causal de improcedencia invocada, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en este procedimiento constitucional. Resulta importante precisar que, si bien no fue posible recabar la totalidad de las constancias que integran la averiguación previa AP/PJE/ZA/CEDRA 039/III/2008, debido a lo referido por el Encargado de la Subprocuraduría Regional para la Zona Altiplano de la Procuraduría General de Justicia del Estado (foja 383), quien señaló que no fue localizada, y que incluso se inició el procedimiento de reposición de autos; lo cierto es, que las copias certificadas exhibidas por el tercero interesado resultan suficientes para acreditar el conocimiento previo del quejoso del expediente de origen, y de la resolución que se emitió en dicha controversia.... Sin efecto audiencia constitucional Por lo dicho en párrafos anteriores, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y, personalmente a las partes....

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, incisos a y b, de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista la determinación dictada el treinta de junio de dos mil diecisiete, a la parte quejosa Pedro García Morín, que dice: Vistas las pruebas documentales ofrecidas por el tercero interesado Luis Morales Cepeda, mediante escrito recibido el siete de diciembre de dos mil dieciséis, consistentes en diversas copias certificadas de la averiguación AP/PJE/ZA/CEDRA 039/III/2008, expedidas por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de Cedral, San Luis Potosí (fojas 166 a 221). Ahora bien de las señaladas constancias se destaca el escrito de dos de abril de dos mil ocho signado por el aquí quejoso Pedro García Morín, como apoderado de María de la Paz Moncada Hernández (foja 186), a través del cual, compareció ante el representante social referido, para manifestar que tuvo conocimiento de la denuncia o querella presentada por el tercero interesado Luis Morales Cepeda, en contra de su poderdante por el delito de despojo y daños. Asimismo, en dicho escrito el ahora quejoso precisó que en reunión de veinticinco de octubre de dos mil seis, Luis Morales Cepeda les informó que obtuvo sentencia favorable dentro del Juicio Agrario 106/2005, así también que desde el momento en que tuvo conocimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 25, se reconoció dicha resolución emitida en favor del aquí tercero interesado. Finalmente, el aquí quejoso solicitó que se cerrará la indagatoria como asunto concluido. De las relatadas condiciones, se estima que en el caso ha sobrevenido una causa de improcedencia manifiesta e indudable que permite sobreseer fuera de audiencia constitucional con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ".Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que la causal actualizada, es relativa a la temporalidad de la demanda, por lo que conviene transcribir los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese orden de ideas, a consideración de quien resuelve, la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea, pues de las documentales ofrecidas por el tercero interesado, consistentes en copias certificadas de la averiguación previa AP/PJE/ZA/CEDRA 039/III/2008 expedidas por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de Cedral, San Luis Potosí, se advierte lo siguiente. Dentro de la averiguación previa AP/PJE/ZA/CEDRA 039/III/2008 instruida en contra de María de la Paz Moncada Hernández por el delito de despojo y daños, el aquí quejoso compareció como apoderado de la probable responsable, para realizar diversas manifestaciones, de las que destaca que, tuvo conocimiento de la sentencia dictada en el Juicio Agrario 106/2005 relativo a la nulidad absoluta del acta de asamblea general de ejidatarios levantada el treinta de noviembre de dos mil cuatro; por lo menos desde el veinticinco de octubre de dos mil seis, fecha en que se llevó a cabo una reunión con el aquí tercero interesado, mismo que le comunicó el sentido de la sentencia; asimismo Pedro García Morín manifestó que reconocía la sentencia del Tribunal Unitario Agrario del 25 Distrito en esta ciudad, desde la fecha en que tuvo conocimiento de ésta (foja 186). Lo antes precisado, evidencia que, a pesar de las manifestaciones vertidas por el quejoso, en relación a que nunca tuvo conocimiento del juicio que se resolvió con la sentencia señalada, por la que se asignaron las parcelas 126 y 127 de la zona 1 polígono 5, dentro del Núcleo Ejidal "Victoria San Manuel", Municipio de Cedral, Estado de San Luis Potosí, lo cierto es que el relatado escrito de dos de abril de dos mil ocho revela que por lo menos desde el veinticinco de octubre de dos mil seis, el quejoso se hizo sabedor del número de expediente y que se dictó resolución en dicho controvertido, la cual resultaba contraria a sus intereses. Por ende, si la demanda de amparo fue presentada hasta el cinco de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, es evidente que se presentó con posterioridad a que concluyó el plazo para su presentación. Bajo esa óptica, es claro que se actualiza la causal de improcedencia invocada, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en este procedimiento constitucional. Resulta importante precisar que, si bien no fue posible recabar la totalidad de las constancias que integran la averiguación previa AP/PJE/ZA/CEDRA 039/III/2008, debido a lo referido por el Encargado de la Subprocuraduría Regional para la Zona Altiplano de la Procuraduría General de Justicia del Estado (foja 383), quien señaló que no fue localizada, y que incluso se inició el procedimiento de reposición de autos; lo cierto es, que las copias certificadas exhibidas por el tercero interesado resultan suficientes para acreditar el conocimiento previo del quejoso del expediente de origen, y de la resolución que se emitió en dicha controversia.... Sin efecto audiencia constitucional Por lo dicho en párrafos anteriores, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y, personalmente a las partes....

Quedan 40 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,606 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano