Pedro Garcia Gonzalez

Expediente 627/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
627/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Pedro Garcia Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, que remite por la vía electrónica el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Zamora, Michoacán, a través del cual acusa recibo del oficio por el que se le notificó que causó estado el auto donde se sobreseyó el juicio en que se actúa, el que se ordena glosar a los autos para que obre como corresponda. Finalmente, se ordena devolver al archivo de este juzgado el cuaderno en que se actúa, de donde fue extraído. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran el auto de veintinueve de enero del presente año, en el que SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio y los cuadernos incidentales son susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio y se negó la suspensión provisional y definitiva; lo anterior, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno...Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el por el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, al que adjunta las constancias descritas en la cuenta secretarial, las que se ordena glosar a los autos para que obren como corresponda. Ahora bien, como de la constancia secretarial se desprende que el acto reclamado en el presente juicio se hizo consistir en la orden de traslado del Centro de Readaptación Social de Zamora, Michoacán, al Centro de Readaptación Social de La Piedad, Michoacán, efectuado el uno de octubre de dos mil veinte; y toda vez, que con el oficio de cuenta, la autoridad responsable remitió el oficio CPLP/SJ/1373/2020, firmado por el Director del Centro Penitenciario "La Piedad", dirigido al Director Jurídico de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, así como de la boleta de libertad con folio 059/2020, del que se advierte que el impetrante fue puesto en libertad con motivo de la emisión del auto de no vinculación a proceso, documental que adquiere pleno valor probatorio en términos de los Artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De las citadas constancias, se desprende que el seis de octubre de dos mil veinte se emitió dentro del proceso penal 37/2019, seguido al quejoso por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, auto de no vinculación a proceso, por lo que en la misma data se emitió la boleta de libertad respectiva, advirtiéndose que el Centro Penitenciario "La Piedad", puso en libertad al impetrante ---, la cual se le notificó y firmó de recibida la boleta respectiva; atento a ello, al haber impugnado el citado quejoso la orden de traslado ejecutada el uno de octubre de dos mil veinte, y con data seis del propio mes y anualidad fue puesto en libertad, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado tal acto, conforme a lo que dispone la fracción y precepto citado. Es preciso establecer que la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Dicho lo anterior, y toda vez que de la constancia secretarial se desprende que el impetrante fue puesto en libertad, resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta las doce horas con treinta minutos del dieciséis de febrero del presente año, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la fecha referida para el desahogo de tal audiencia. Por lo tanto, se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal al promovente del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el por el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, al que adjunta las constancias descritas en la cuenta secretarial, las que se ordena glosar a los autos para que obren como corresponda. Ahora bien, como de la constancia secretarial se desprende que el acto reclamado en el presente juicio se hizo consistir en la orden de traslado del Centro de Readaptación Social de Zamora, Michoacán, al Centro de Readaptación Social de La Piedad, Michoacán, efectuado el uno de octubre de dos mil veinte; y toda vez, que con el oficio de cuenta, la autoridad responsable remitió el oficio CPLP/SJ/1373/2020, firmado por el Director del Centro Penitenciario "La Piedad", dirigido al Director Jurídico de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, así como de la boleta de libertad con folio 059/2020, del que se advierte que el impetrante fue puesto en libertad con motivo de la emisión del auto de no vinculación a proceso, documental que adquiere pleno valor probatorio en términos de los Artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De las citadas constancias, se desprende que el seis de octubre de dos mil veinte se emitió dentro del proceso penal 37/2019, seguido al quejoso por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, auto de no vinculación a proceso, por lo que en la misma data se emitió la boleta de libertad respectiva, advirtiéndose que el Centro Penitenciario "La Piedad", puso en libertad al impetrante ---, la cual se le notificó y firmó de recibida la boleta respectiva; atento a ello, al haber impugnado el citado quejoso la orden de traslado ejecutada el uno de octubre de dos mil veinte, y con data seis del propio mes y anualidad fue puesto en libertad, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado tal acto, conforme a lo que dispone la fracción y precepto citado. Es preciso establecer que la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Dicho lo anterior, y toda vez que de la constancia secretarial se desprende que el impetrante fue puesto en libertad, resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta las doce horas con treinta minutos del dieciséis de febrero del presente año, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la fecha referida para el desahogo de tal audiencia. Por lo tanto, se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal al promovente del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente.

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