Pedro Garcia Chavez

Expediente 1491/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1491/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Pedro Garcia Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el treinta de septiembre dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni conservable. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, tal como lo prevé el "TÍTULO TERCERO Cumplimiento y Ejecución", "CAPÍTULO I. Cumplimiento e Inejecución" en su artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia que acredite fehacientemente su dicho; esto es: "[.] de que las autoridades responsables dejen insubsistente el emplazamiento de la parte quejosa como ente demandado en autos del expediente natural, así como todo lo actuado con posterioridad. Lo anterior, con fundamento en las razones que informa la jurisprudencia: "SENTENCIA DE AMPARO. NO EXISTE EXCESO EN SU CUMPLIMIENTO CUANDO EL EFECTO DE LA CONCESIÓN FUE EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA Y DEJAR INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE ESA DILIGENCIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENA RESTITUIR AL DEMANDADO LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE, AUNQUE ELLO NO FUE MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA EJECUTORIA DE GARANTÍAS. [.]. Concesión, que deberá hacerse extensivo a los actos reclamados precisados bajo el inciso b) del pasado considerando 2; toda vez, que su impugnación se hizo en vía de consecuencia y/o vinculación de causalidad jurídica al emplazamiento establecido bajo el diverso inciso a). Tan fue así, que tal reclamo no lo fue de manera autónoma al no hacerse valer en su contra algún vicio de legalidad y/o constitucionalidad destacada, sino que lo fue bajo una vinculación de causalidad jurídica". Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y además se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que proceda requerir al superior jerárquico de la Junta responsable, conforme a los numerales 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, en atención a que no lo tiene. Es aplicable, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a.7J 36/2011 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2000099, de rubro: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Hágasele saber a la autoridad responsable, que con fundamento en el segundo párrafo de artículo 193 de la ley de la materia que el incumplimiento de una ejecutoria implica no sólo la falta de actos tendentes a acatarla, sino también el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales; e igualmente que el cumplimiento extemporáneo de forma injustificada, no la exime de responsabilidad; pero será considerado como atenuante al imponer la sanción penal, como lo señala el artículo 195 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el oficio que suscribe el Director Regional de Occidente de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales Delegación Jalisco, por el que en atención al requerimiento efectuado en auto de dieciséis de agosto del año en curso, informa que no le es posible brindar el auxilio peticionado; agréguese a los autos, déjese insubsistente el apercibimiento decretado y téngasele realizando sus manifestaciones. Ahora, visto el estado de autos, así como lo manifestado por las autoridades requeridas en el presente sumario, en el sentido de que no cuentan con algún diestro que funja como perito oficial en la presente contienda, y en atención a la certificación de cuenta de la que se advierte que en la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil veintiuno, se aprecia que quien puede fungir como perito en materia de valuación es quien se indica, y en materia ambiental de recursos hidráulicos e hidrológicos la persona que se refiere; motivo por el cual, con fundamento en lo establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a los peritos de referencia, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, presente escrito en el que informe bajo protesta de decir verdad, si tiene o no algún impedimento legal para desempeñar el cargo conferido y en la especialidad precisada; y, en su caso, acepte y proteste el desempeño de dicho cargo, aunado a lo anterior deberá manifestar si está conforme con sujetarse al Arancel sobre la materia que versará el dictamen pericial Apercibiéndole que de no hacerlo en el plazo indicado, se le impondrá una multa por el importe de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad a lo establecido por los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Ahora bien, para efectos de la presentación del escrito a que se hace mención en el párrafo anterior; éste podrá ser remitido al correo electrónico institucional priscila.barragan.castellanos@correo.cjf.gob.mx, esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la circular 10/2021, así como el diverso Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo; reformado por el diverso 37/2020, en que se señala que se exhortará a las partes para que continúen la tramitación de los juicios en forma electrónica; igualmente como medida de prevención para evitar la propagación del virus COVID-19. También, en caso de que los diestros citados estén imposibilitados para remitir su escrito en la vía señalada en el párrafo que antecede, podrá presentar su ocurso de referencia de manera física en las instalaciones de este Juzgado Federal con domicilio en Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín # 7727, Edificio XA, Piso 2, Fraccionamiento Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco Para tal efecto, túrnense los autos al Actuario Judicial que corresponda a efecto de que requiera al perito en mención en los términos precisados en párrafos que anteceden. Por último, resulta pertinente precisar al Actuario Judicial adscrito, que vía la emisión de la presente resolución se pone a su disposición el domicilio del citado perito, mismo que le será entregado en sobre cerrado por la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional a fin de que una vez colmada la encomienda de notificación, sea devuelto a esta última para su debida guarda y custodia; información, que en caso alguno podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, al constituir una de naturaleza confidencial y reservada en términos de los artículos correspondientes a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, este último publicado el seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, SE ORDENA A LOS FUNCIONARIOS DESTACADOS, mantener los datos en resguardo y observar la secrecía necesaria a fin de evitar su divulgación; ello, con fundamento en las razones que informa la jurisprudencia: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". (Época: Décima Época, Registro: 2009916, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 26/2015 (10a.), Página: 28).

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