Pedro García Castro

Expediente 767/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
767/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
21/12/2021

Partes del expediente

  • Pedro García Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio número 11541/2021, signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del comunicado 9446/2021, de veintiuno de mayo del año en curso, por el cual, hace referencia del diverso 4769/2021, suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, a través del cual en ejecutoria pronunciada el veinticuatro de noviembre del año en curso, dentro del impedimento civil número 8/2021, calificó de legal el impedimento formulado por el titular de este órgano federal, para continuar conociendo y resolver del juicio de amparo indirecto 767/2020, promovido por ---; en informando además que se avocó a su conocimiento. Sin que en haya lugar a ordenar el archivo del presente asunto, toda vez que mediante proveído de diez de los actuales se proveyó lo conducente. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio número 4768/2021, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta copia certificada de la ejecutoria pronunciada en sesión de doce de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del impedimento número 8/2021, planteado por el Titular de este órgano jurisdiccional para continuar conociendo, tramitar y resolver el definitiva la demanda que dio origen al juicio de amparo 767/2020-II, al que pertenece este cuaderno de antecedentes; acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: ".PRIMERO. Se califica de legal el impedimento formulado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado..., con sede en Morelia, Michoacán, para continuar conociendo y resolver el juicio de amparo indirecto 767/2020, de su índice, promovido por Pedro García Garibay. SEGUNDO. Se ordena remitir el juicio de amparo indirecto 767/2020, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para que, por su conducto, con excepción del Juzgado Noveno de Distrito, se turne dicho asunto al Juzgado que corresponda.". Ahora bien, en virtud de que por ejecutoria de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se calificó de legal el impedimento formulado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado..., con sede en Morelia, Michoacán, para continuar conociendo y resolver el juicio de amparo indirecto 767/2020, promovido por Pedro García Garibay; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio número 4141/2021, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 81212/2021, con el que se le remitió el original del juicio de amparo 767/2020; ello con motivo del impedimento planteado por este órgano jurisdiccional para continuar conociendo, tramitar y resolver en definitiva juicio de amparo en alusión del que deriva el presente cuaderno de antecedentes informando además que en veintiocho de octubre pasado, se turnaron los autos para que se formule el proyecto de resolución correspondiente, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    ...Agréguese a los autos el oficio número 3689/2021, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que declaró firme el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual desechó por notoriamente improcedente el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitido por este órgano jurisdiccional; acúsese el recibo de estilo correspondiente y, háganse las anotaciones respectivas en el libre de gobierno. Ahora bien, respecto del cuaderno de amparo que devuelve el Tribunal de Alzada, mismo que se encuentra conformado por copias certificadas de las actuaciones que integran el presente juicio de amparo 767/2020-II, por lo cual es innecesario que se glose a los autos del presente sumario constitucional. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma se promovió, entre otros, por Benjamín García Castro, y se señaló como autorizado en términos amplios a Jorge Ernesto Pablo Jiménez personas con quien el suscrito, bajo protesta de decir verdad, reconozco tener una enemistad manifiesta, en atención a su actuar, entre otros, en los diversos juicios de amparo 625/2020-V y 767/2020-II, del índice de este órgano jurisdiccional. Atento a ello, este juzgador estima que se encuentra impedido para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (.) VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y (.)". De la lectura del citado precepto se obtienen las hipótesis normativas genéricas que dan lugar a que un funcionario judicial federal deba excusarse para conocer y resolver de un asunto en el que intervenga. La finalidad de los mencionados numerales es apartar del conocimiento de un asunto al juzgador cuya imparcialidad se pudiera encontrar menoscabada, en las hipótesis que el numeral 51 de la Ley de Amparo establece, como en el caso acontece. En ese sentido, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone a la letra, en lo que interesa, que: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...". El citado precepto constitucional tutela el derecho fundamental de acceso a la justicia, que debe impartirse a los gobernados de manera pronta, completa e imparcial. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 192/2007, consultable en la página 209, del Tomo XXVI, octubre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ES TAN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES"; ha precisado que esas características tienen las siguientes connotaciones: Justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, Justicia gratuita, estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobraran a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En lo atinente a la característica detallada en el tercer punto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que el principio de "imparcialidad", propio del derecho de acceso a la justicia, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer, indebidamente, a ninguna de ellas. Igualmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.), consultable en la página 460, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL", ha señalado que el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: Subjetiva: que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, la cual en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca y los que lo obligan a inhibirse del conocimiento del asunto sometido a su jurisdicción; y, Objetiva: que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el Juez, al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido, observando el marco jurídico de que se trate. Por su parte, la Segunda Sala del Alto Tribunal de Justicia del País ha establecido que la "imparcialidad" a que se refiere el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. De lo expuesto se obtiene que una de las condiciones que debe reunir el juzgador para estar en aptitud de impartir justicia, es la ausencia de hechos o circunstancias personales que le impidan ser objetivo, a fin de cumplir con el principio de imparcialidad que consigna el artículo 17 constitucional. El legislador ha buscado asegurar el cumplimiento de la aludida característica de imparcialidad, a través de la precisión de causas de impedimento por virtud de las cuales los operadores del derecho, en el caso de incurrir en alguna de ellas, deben manifestarlo y excusarse para conocer del asunto; ya que esas causas, hechos o circunstancias, constituyen una forma particular de incapacidad de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado o de titulares de las funciones jurisdiccionales; puesto que el solo hecho de actualizarse alguna causa de impedimento, prevista por la ley, lleva a presumir parcialidad, respecto de ciertas personas o situaciones, por encontrarse vínculos de afecto o animadversión, o incluso, un interés directo en el asunto. La trascendencia de los impedimentos se justifica con tan solo mencionar su finalidad, esto es, la preservación y defensa del derecho a ser juzgado por personal imparcial. Tales instituciones aseguran, así, que el órgano judicial carezca de cualquier interés para la resolución del litigio que no sea la estricta aplicación del ordenamiento jurídico o, dicho de otro modo, garantizan que la pretensión sea resuelta únicamente por un tercero ajeno a las partes y a la cuestión litigiosa, y que esté sometido exclusivamente al ordenamiento jurídico como regla de juicio. En esas condiciones, el impedimento se configura como un mecanismo a través del cual el legislador aspira a preservar tanto el derecho al juez imparcial del justiciable, como la confianza pública en la imparcialidad judicial. Ello es de ese modo, debido a que con dichas figuras procesales no se trata únicamente de proteger la legalidad de las decisiones judiciales, sino también preservar la credibilidad de las decisiones judiciales. El impedimento para que cierto juzgador pueda conocer de un determinado asunto es un aspecto que está íntimamente vinculado con la competencia subjetiva, consistente en la idoneidad del titular de un órgano jurisdiccional para resolver un cierto asunto. Ahora, tratándose de los funcionarios que tienen encomendada esa tarea, en los juicios de amparo, como lo son ministros, magistrados o jueces del Poder Judicial de la Federación, existen ocasiones en las que la función jurisdiccional se ve limitada y afecta el requisito de imparcialidad con el que debe actuar. Estas razones contingentes constituyen una forma particular de imposibilidad de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado o de titulares de las funciones jurisdiccionales, ya que esa función jurisdiccional, se ve limitada y permiten presumir parcialidad, respecto de ciertas personas o situaciones, por encontrarse vínculos de afecto o animadversión o, incluso, un interés directo en el asunto. Así, cualquiera de tales circunstancias dan lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional con el interés personal de quien debe ejercerla, en determinado caso concreto; siendo estas relaciones o intereses personales, que puedan conllevar a que exista presunción de parcialidad en el juzgador, se les ha denominado impedimentos y se encuentran prescritos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad". Del precepto legal transcrito se advierte que el legislador estableció siete supuestos específicos de impedimento, además de la diversa situación hipotética que señala la fracción VIII. Así, de satisfacerse cualquiera de esos supuestos, resulta forzosa la excusa del funcionario, a fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso, y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador, dando por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el numeral 51 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales acabado de reproducir. La fracción VII del artículo 51 ya citado dispone, en lo conducente, -que los Jueces de Distrito "deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: . VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes.". Así, con base en las constancias que integran, entre otros, los juicios de amparo 625/2020 y 767/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, de las cuales se advierte que el citado autorizado... y, el quejoso directo en los asuntos citados..., han incurrido en constantes faltas de respeto hacia mi persona, realizando diversas manifestaciones, con un leguaje inapropiado con la finalidad de demeritar el actuar del suscrito en dichos asuntos, razón por la cual, se generó en mi persona animadversión hacia las citadas personas, las cuales, gestionan en el asunto de mérito; circunstancias que constituyen un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido por el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimiento Civiles y la Jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.". Entonces, a la luz de lo expresado, es menester resaltar la existencia de enemistad manifiesta hacia las personas multicitadas. Cierto, en el suscrito juzgador no concurre el impedimento relativo por interés personal en el asunto, previsto en la fracción II del artículo 51 de la Lev de Amparo, puesto que no tengo interés material ni económico en este asunto, ni es mi intención obtener algún provecho de la materia del litigio, o sea, alguna participación de los asuntos controvertidos. Sin embargo, en estricto acatamiento a la normatividad de la materia es que me declaro impedido para conocer del presente asunto, porque como ya se indicó, de mi parte existe animadversión con el citado autorizado... y, el quejoso directo en los asuntos citados..., por lo cual, a fin de no incurrir en responsabilidad, dadas las circunstancias mencionadas, se estima que al actualizarse la causal antes indicada, no soy apto para impartir una justicia exenta de parcialidad y garantizar la independencia y neutralidad como juzgador a fin de emitir una sentencia justa. Orienta tal criterio la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 105, tomo XV, mayo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, materia común, de rubro y texto siguientes: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO. De conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, los funcionarios ahí mencionados estarán impedidos para conocer del juicio de garantías cuando tengan amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. En consecuencia, si algún funcionario judicial manifiesta que tiene amistad estrecha por existir convivencia familiar frecuente con una de las partes, esta causal de impedimento debe tenerse por acreditada no sólo en mérito de la credibilidad que como Juez goza, sino porque tal manifestación valorada en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la referida Ley de Amparo, tiene validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa en lo que le perjudica, hecha por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio, en relación con el asunto de donde se originó la excusa planteada". Así como la jurisprudencia X.Io.34 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 1355, tomo XXVIII, noviembre de 2008, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA O ENEMISTAD MANIFIESTA. CORRESPONDE PLANTEARLO AL JUEZ, TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, Y NO AL JUZGADO AL QUE PERTENECE. De acuerdo con la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, el impedimento por amistad estrecha o enemistad manifiesta debe plantearse cuando existe imposibilidad legal que atañe directamente a la persona física, concreta e individual, titular del órgano judicial federal, para conocer de determinado asunto, por lo que el juzgado no puede realizar dicha manifestación, pues es el Juez quien puede incurrir en la hipótesis planteada, al ser el funcionario encargado de ejercer la función jurisdiccional; luego, es sólo a dicho titular a quien pudiera atribuírsele la amistad estrecha o la enemistad manifiesta con alguna de las partes, de sus abogados o representantes y no al órgano jurisdiccional por ser una entidad abstracta". Al igual que la jurisprudencia I.6o.C.J/44, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 1344, tomo XIX, abril de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama". En consecuencia, este juzgador estima que se encuentra impedido para conocer del amparo que nos ocupa, de conformidad con lo previsto en la fracción VII del artículo 51 de la ley de la materia, y tal impedimento, en este caso, se plantea por Jorge Ernesto Pablo Jiménez y, el quejoso directo... Por tanto, en observancia a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción VII, 52, 54, fracción III, inciso c) y 55, párrafo segundo, de la Ley de la materia, remítase el presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para el efecto de que califique los hechos y determine en definitiva la procedencia del impedimento mencionado y, de ser procedente, considere que este funcionario judicial se encuentra impedido para conocer de la demanda de amparo de que se trata, sin que con ello pueda considerarse que se aparta de él sin causa justificada. Y, para tales fines, una vez que se tenga conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, al cual, corresponda conocer del presente impedimento, se conmina al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, que vincule el expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, así como los diversos 625/2020, 639/2020, 766/2020, 767/2020, 771/2020, 2/2021, 140/2021 y, 218/2021, los cuales tienen vinculación con la causa por la cual se planteó el impedimento en el presente asunto, para efecto de que el citado Tribunal pueda vincularlo con su expediente; lo anterior, hágase del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Máxime que, con relación a lo anterior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por sesión de uno de septiembre de dos mil veintiuno, en el impedimento número 5/2021, de su índice, declaró fundado el impedimento planteado por el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con base en circunstancias análogas a las citadas con antelación. Notifíquese personalmente.

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