Pedro García Cano
Expediente 288/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 02/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- PEDRO GARCÍA CANO y Otros.
- Pedro García Cano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta del Encargado de la O.S.D. Poder Judicial Siglo XXI, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, visto su contenido, mediante oficio que al efecto se gire, hágasele del conocimiento que el doce de mayo de dos mil dieciséis causó ejecutoria el presente asunto, ordenándose el archivo definitivo del mismo.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por consiguiente, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Finalmente, remítase a la autoridad responsable ordenadora, las constancias que anexó como justificante de su informe (ANEXO I), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Estado, ante Karla Paola Castelán Merino, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Al respecto, se advierte que la frase "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" contiene dos palabras que son determinantes para entender dicha causal de improcedencia y son "cesar" y "efecto"; el primer verbo significa dejar de hacer lo que se está haciendo, mientras que el término "efecto", significa lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace una cosa. La causa de improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, como se precisó, en contra del auto de formal prisión reclamado el agraviado interpuso recurso de apelación, como se desprende de las constancias que el juez penal responsable acompañó a su informe justificado, mismo que confirmó el auto de término constitucional, lo que se le notificó, ya que de las mencionadas constancias se desprende que dicha determinación la recurrió. Por ende, es evidente que auto de bien preso reclamado por el quejoso cesó en sus efectos al ser sustituido procesalmente por la resolución que puso fin al recurso de apelación que interpuso en su contra, de ahí que es tal determinación de la cual puede derivar la afectación a sus derechos, en la medida en que a través de la misma, se confirmó aquel auto, generando a su vez la firmeza del auto de formal prisión combatido; ello, porque en ejercicio de sus derechos controvirtió su apego a la legalidad, de tal forma que su confirmación a través de dicho medio de impugnación -previsto en la ley que rige el acto reclamado- es lo que ahora le genera perjuicio, no así el acuerdo reclamado, pues el efecto de este último cesó al existir una determinación que lo sustituye jurídicamente, de ahí que no sea posible analizar en esta vía si aquel auto de formal prisión se emitió conforme a la ley, a virtud de que ello era precisamente la materia de análisis de dicho medio ordinario de defensa, el cual, confirmó su legalidad; de ahí que, lógicamente, es de dicha resolución de donde ahora deriva la afectación a los derechos del quejoso, determinación ésta que también controvirtió el agraviado y se le negó el amparo y protección de la justicia federal, siendo, de tal manera, incuestionable la improcedencia del juicio de amparo, ya que el suscrito no está en condiciones de analizar el apego a la legalidad de una determinación respecto de la cual existe un medio de impugnación, si como en el caso, éste fue resuelto, puesto que los conceptos de violación se encaminan únicamente a cuestionar la legalidad del auto de término constitucional reclamado en esta vía. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con catorce minutos del dos de mayo de dos mil dieciséis, para todos los efectos legales a que haya lugar; de lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Finalmente, no pasa inadvertido para quien esto acuerda que a XXXXX no se le otorgó el carácter de tercero interesado en el presente asunto; sin embargo, lo anterior no es obstáculo para emitir la presente resolución, pues el sobreseimiento decretado por este juzgador no perjudica a dicho tercero interesado. Circunstancia similar acontece con la vista que se otorgó al inconforme en acuerdo de doce de abril de este año, en el sentido de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda, esto es, si señalaba como autoridad responsable a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y como acto reclamado la resolución de veinticinco de agosto de dos mil catorce, pues para el caso de que diera cumplimiento a lo anterior el acuerdo que recayera a dicha petición sería en el mismo sentido que este proveído, ya que el quejoso Pedro García Cano interpuso amparo contra de la determinación de la Sala, en el cual se le negó el amparo y protección de la justicia federal, y causó ejecutoria el ocho de enero de dos mil quince, tal y como se indicó en párrafos que anteceden; contraviniendo con ello el contenido del artículo 17 Constitucional.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del JUEZ DE LO PENAL DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, visto su contenido, téngasele informando que el quejoso se encuentra gozando de su libertad caucional, lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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