Pedro Garcia Anaya

Expediente 908/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
908/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
13/02/2019

Partes del expediente

  • Pedro Garcia Anaya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia constitucional; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Oficio 51 signado por el Juez de lo Penal de Ciudad Serdán, Puebla. Sin mayor proveído en atención a que se recibió y acordó lo conducente en auto de dieciocho de enero pasado.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Oficio 1/2019 signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla. Por medio del cual remite el oficio 38 signado por el Juez de lo Penal de Ciudad Serdán, Puebla, al que se adjuntó copia certificada de la notificación al aquí quejoso de la resolución de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictada en la carpeta de ejecución 674/2016/JESI/E por la Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante de Puebla Capital. Ahora, del análisis integral de las constancias que conforman el presente asunto, se advierte que la parte quejosa, reclamó: La omisión de contestar el escrito de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, presentado en la carpeta de ejecución XXXXX/2016/JESI/E, en el que se solicitó la apertura del incidente no especificado de reducción de la pena previo al pago de reparación del daño. En virtud de lo anterior, y atento al contenido literal del informe con justificación rendido por la juez responsable, así como de las constancias que anexó a dicho informe, y de las remitidas por el Juez de lo Penal de Ciudad Serdán, Puebla, a consideración de quien ahora resuelve se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación al diverso numeral 77 de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.). Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley. De la interpretación armónica de los preceptos trascritos, se llega a la convicción que para la actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de que se trata no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efecto, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Novena Época, página 210, de rubro: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, si como se indicó, el quejoso reclama del Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante en el Estado de Puebla, la omisión de contestar el escrito de dieciocho de junio del año pasado presentado dentro de la carpeta de ejecución 674/2016/JESI/E mediante el cual promovió incidente no especificado de reducción de la pena, se puede observar de las constancias remitidas por la autoridad responsable y del oficio de cuenta, que ha cesado dicho acto. Constancias que por ser documentos públicos, se les concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las que se advierte que la juez responsable en auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, acordó el escrito de dieciocho de junio pasado presentado por el aquí quejoso, en el sentido de que no admitir el incidente de reducción de la pena de prisión por el pago de la reparación del daño, pero sí admitir a trámite el beneficio de la libertad anticipada, el cual le fue notificado al quejoso Pedro García Anaya el trece de diciembre de dos mil dieciocho, como se advierte de la constancia de notificación remitida por el Juez de lo Penal de Ciudad Serdán, Puebla; por tanto, podemos concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. En este orden de ideas, es de afirmarse que la afectación de que se dolía el impetrante de amparo desapareció, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado en el presente juicio de amparo, actualizándose en forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61, en relación al diverso numeral 77 de la Ley de Amparo, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en cita, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Al particular, tiene sustento la Jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, de rubro: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Asimismo, la Jurisprudencia 2a./J.10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional, señalada para las trece horas con quince minutos del veintiocho de enero de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que está señalada para hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se puede celebrar, toda vez que transcurre el término concedido al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla, mediante auto de siete de enero pasado, a fin de que remita la constancia de notificación realizada al quejoso de la resolución de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictada en la carpeta de ejecución 674/2016/JESI/E. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

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