Pedro Gamboa González
Expediente 522/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Pedro Gamboa González
Actuaciones
- Principal
Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de diecinueve de junio del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo.
- Principal
Agréguense los informes justificados y documentos anexos rendidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta localidad y su Presidente, en los que señalan que es cierto el acto reclamado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que se remite con el informe de la Junta responsable; documental que por ser pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Por otra parte, de autos se desprende que la parte señala como actos reclamados los siguientes: La falta de acuerdo respecto de la demanda laboral que presentó ante la autoridad responsable, ello dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda en comento y como consecuencia la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de demanda; El no cuidar los principios básicos del procedimiento de acuerdo a lo previsto en el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo; y Las omisiones o dilaciones subsecuentes que se generen durante el trámite del juicio laboral. Ahora, de las constancias que adjuntó al informe de ley la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, se advierte: El once de abril de dos mil diecinueve la responsable recibió escrito de demanda presentado por Pedro Gamboa González, por conducto de sus apoderados legales, en la cual reclamó diversas prestaciones a Aserradero e Impregnados Carvajal, Sociedad Anónima de Capital Variable; El veintiséis de abril del año en curso los integrantes de la Junta Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa emitieron proveído en el cual, con la demanda en comento, ordenaron formar el expediente 4-681/2019 y admitieron a trámite la demanda propuesta por el quejoso; además, señalaron las diez horas treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve se difirió la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ante la incomparecencia de las partes a la misma dado que no habían sido notificadas. En atención a lo anterior, respecto del primer acto reclamado, consistente en la falta de acuerdo respecto de la demanda laboral que presentó el quejoso ante la autoridad responsable, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda en comento y como consecuencia la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de demanda, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; por ende, procede sobreseer fuera de audiencia respecto al acto que por esta vía se reclama; como a continuación se explica. El precepto normativo precisado en el párrafo que antecede dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Lo anterior porque de las documentales que adjuntan los integrantes de la juta responsable a su informe justificado, se advierte que el veintiséis de abril del año en curso emitieron proveído en el cual ordenaron formar el expediente 4-681/2019 y admitieron a trámite la demanda propuesta por el quejoso; además, señalaron las diez horas treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; incluso, el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve se difirió la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ante la incomparecencia de las partes a la misma. En ese sentido, si la demanda de amparo se presentó el cuatro de junio de dos mil diecinueve, en la que el promovente señaló como acto reclamado la falta de acuerdo respecto de la demanda laboral que presentó el quejoso ante la autoridad responsable, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda en comento y como consecuencia la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de demanda, resulta que antes de la presentación de la demanda de amparo era inexistente la omisión de la que se duele el quejoso, ya que como se advierte de las constancias remitidas por la junta responsable el veintiséis de abril del año en curso emitieron proveído en el cual ordenaron formar el expediente 4-681/2019 y admitieron a trámite la demanda propuesta por el quejoso; además, señalaron las diez horas treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por lo que es inconcuso que al momento de presentación de la demanda de garantías no existía la omisión que por esta vía se reclama. Da sustento a esta consideración la Jurisprudencia 2a./J. 3/94, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, registro 206346, de contenido: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cabe destacar que la jurisprudencia 1ª/J 49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 49, diciembre de 2017, tomo I, página 386, establece: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No pasa inadvertido el criterio de jurisprudencia invocado, pero no resulta aplicable al caso concreto porque si bien estableció que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye causa notoria, manifiesta e indudable para decretar sobreseimiento fuera de audiencia, se refiere a los actos en que la negativa le arroja la carga procesal a la parte quejosa para comprobar la existencia del acto reclamado. Sin embargo, en el presente asunto el sobreseimiento no deriva de acto negativo simple que arroje la carga de la prueba a la parte peticionaria de amparo para comprobar la existencia del acto reclamado, sino se actualiza a partir de acto positivo (admisión de la demanda laboral), que pone de manifiesto que no era reprochable la omisión imputada. En consecuencia, no es aplicable la jurisprudencia ya que la causa de sobreseimiento de inexistencia deriva de la emisión del acuerdo admisión de la demanda interpuesta, así como del señalamiento de fecha para celebración de la audiencia prevista en el legislación laboral, lo que hace innecesario esperar la celebración de la audiencia constitucional si esa actuación no cambiará, de ahí el sobreseimiento fuera de audiencia decretado respecto a dicho acto reclamado. Por cuanto hace a los actos reclamados fijados en los incisos b) y c), consistentes en no cuidar los principios básicos del procedimiento de acuerdo a lo previsto en el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo y las omisiones o dilaciones subsecuentes que se generen durante el trámite del juicio laboral, también es improcedente el juicio de amparo de acuerdo a lo previsto en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función del acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a la Junta y su Presidente que realicen las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, no a las etapas subsecuentes, por lo cual no sería posible obligar a la junta y su Presidente, de forma genérica, que lleven a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural con el dictado del laudo respectivo. En ese contexto, existe imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo. Tiene aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 90/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo Vl, Diciembre de 1997, Registro 197245, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Por lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, en relación a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 63, fracción IV y 77, fracción II, todos de la Ley de Amparo. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de seis de junio del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional para las nueve horas cuarenta minutos del cuatro de julio del año en curso. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.
- Principal
I. Quejoso. Pedro Gamboa González. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente; sin aperturar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. Se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DEL AÑO en curso para la celebración de la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciban el oficio en que se les solicita, para lo cual, en su caso deberán remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibidas que de no rendir su informe justificado, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. --- Tercero interesado. No ha lugar a reconocerle el carácter de tercero interesada a los que señala el promovente en su demanda de amparo, virtud que de los antecedentes narrados, bajo protesta de decir verdad, se colige que éstos en su carácter de demandados en el juicio natural, no han sido emplazados, sin perjuicio de que una vez que obren las constancias requeridas en vía de informe justificado a la responsable, se provea respecto al particular.
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