Pedro Francisco Torres Arcilla

Expediente 2814/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2814/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Pedro Francisco Torres Arcilla

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, once de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado en representación de la autoridad responsable Dirección General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional, a través del cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector. Atento a ello, con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, con copia del oficio de las autoridades responsables, se ordena dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora bien; tomando en consideración que de una lectura integral de las constancias que remite la autoridad oficiante se observa el "ACUERDO DE CUMPLIMIENTO A FALLO PROTECTOR", emitido por el Presidente del Consejo de Honor de la Coordinación Estatal en la Ciudad de México de la Guardia Nacional, en el cual, entre otras cosas determina que, respecto del quejoso Gabriel Romero Sánchez, debido a que perdió la calidad de integrante de carrera; mediante acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno se decretó el sobreseimiento; por lo cual existe imposibilidad para emitir pronunciamiento al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente del Consejo de Honor de la Coordinación Estatal en la Ciudad de México de la Guardia Nacional, para que dentro del plazo de TRES DÍAS remita copia certificada completa y legible del acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno que refiere. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo; 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgador la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo; y, 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a las responsables que aun cuando dejen de ostentar el cargo que desempeñan seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Resulta aplicable al criterio adoptado la tesis aislada P. VIII/2014 (10a.), con número de registro 2005880, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL HECHO DE QUE LO HAYA LLEVADO A CABO EL NUEVO TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO EXIME DE RESPONSABILIDADES AL ANTERIOR QUE INEXCUSABLEMENTE DESACATÓ EL FALLO. El artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé consecuencias de naturaleza excepcional para el servidor público que incumpla una ejecutoria emitida en un juicio de amparo, consistentes en la separación de su cargo así como su consignación ante el Juez de Distrito para que sea juzgado por la desobediencia cometida conforme a lo previsto en la ley penal aplicable en materia federal. Ahora bien, el hecho de que el nuevo titular de la autoridad responsable acredite haber dado cumplimiento al fallo protector, no implica que se condone la contumacia del anterior titular que inexcusablemente entorpeció o retardó el acatamiento de la sentencia de amparo -esto es, aquel cuya conducta revele la intención de eludir dicho cumplimiento-, ni que se le exima de responsabilidades ante el correcto actuar de quien lo relevó en el cargo, pues el efecto de ese cumplimiento se limita únicamente a que no se aplique a éste lo señalado en el citado precepto constitucional. Esto es así, ya que la finalidad de las sanciones aludidas en el referido precepto no es sólo punitiva, sino además, ejemplar y preventiva, por lo que no es dable que queden impunes las conductas de los anteriores servidores públicos tendientes a evadir el debido acatamiento a tales sentencias. Admitir lo contrario, implicaría burlar el riguroso sistema que la Constitución General y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo, lo que explica que cuando el titular de una autoridad, cualquiera que sea, haya desacatado una sentencia de amparo, proceda consignarla ante el Juez respectivo para que sea sancionada, independientemente de que ya no ocupe el cargo y de que quien lo suceda cumpla el fallo protector." Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.

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