Pedro Francisco Santiago Hernández

Expediente 220/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
220/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • Pedro Francisco Santiago Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dos de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de queja contra el auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, por las consideraciones que en él se precisan, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que CAUSA ESTADO el auto de referencia para todos los efectos legales correspondientes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su DAISY YANIRA ROMERO GAMBOA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cf.c9 12/09/22 10:57:45 archivo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a transferirse este juicio de amparo, previo aviso a la Dirección General de General de Archivo y Documentación. Posterior, procédase a la destrucción del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el artículo 29 del Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido. DAISY YANIRA ROMERO GAMBOA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cf.c9 12/09/22 10:57:45 ??????????????? Notifíquese personalmente en su lugar de reclusión. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Carrasco Rodríguez, Secretario en Funciones de Juez, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 43, párra

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito firmado por José Luis Pérez Jiménez, abogado defensor del quejoso Pedro Francisco Santiago Hernández, y anexos que acompaña, mediante el cual da cumplimiento a la prevención realizada en proveído de diez de junio del año en curso, asimismo exhibe cinco copias del ocurso aclaratorio. En atención a lo anterior, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De lo anterior se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inerjecitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos manifiesto, significa, claro, evidente indubitable, significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Cobra aplicación la tesis V.2o. J/75, consultable en la página 77, registro 215188, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 68, Agosto de 1993, Octava Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se ????????????? advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa reclama en esta vía constitucional la omisión en proceder a la admisión y desahogo de pruebas nuevas y de refutación, negativa de aceptar el descubrimiento probatorio sobre las lesiones, la alteración de la escena del crimen, creación de un efecto corruptor en el proceso, omisión de investigar y revelar FILES SHARRING de los mensajes de WATSS APP Y FACEBOOK e investigar como probable responsable del delito de homicidio o feminicidio a José Ismael Castillo Paz. En ese sentido, este juzgador de oficio advierte que este juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XVIII, del propio ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". Los numerales transcritos, prevén que el juicio de amparo será procedente contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; empero, tal supuesto de procedencia, está condicionado a que sea definitivo. En ese orden, acorde con el artículo citado en segundo término, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado pueda ser combatido mediante juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior, encuentra explicación en el hecho de que conforme con los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, mismos que están exaltados en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal procedimiento debe procurar siempre el régimen de seguridad jurídica y la preservación de los derechos fundamentales del hombre. ?????????????? El principio de definitividad estatuye que el juicio de amparo únicamente será procedente, cuando contra el acto reclamado se hayan agotado previamente, todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma establezca. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión en que ha incurrido el Fiscal del Ministerio Público de la Mesa de Trámite 24, licenciado Ociel de Jesús Solórzano Alvarado, en proceder a la admisión y desahogo de pruebas nuevas y de refutación, negativa de aceptar el descubrimiento probatorio sobre las lesiones, la alteración de la escena del crimen, creación de un efecto corruptor en el proceso, omisión de investigar y revelar FILES SHARRING de los mensajes de WATSS APP Y FACEBOOK e investigar como probable responsable del delito de homicidio o feminicidio a José Ismael Castillo Paz. Lo expuesto revela, que el acto reclamado es atribuible a una autoridad ministerial regulada por el nuevo sistema penal acusatorio; por tanto, dicho acto ya no se rige por el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución Federal, antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho, sino con la norma suprema reformada. Por ende, la víctima u ofendido debe impugnar los actos u omisiones del Ministerio Público ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, pues la intención del constituyente permanente fue que en el nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de amparo conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la ley fundamental. En ese sentido, los artículos 16, párrafo catorce y 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente, establecen lo siguiente: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes (.)" "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño (.)" De igual forma, los ordinales 133, fracción I, en relación con el 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén: "Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; (.)" "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:(.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" Los preceptos transcritos, revelan que el Juez de Control tiene y le corresponde la facultad de resolver en forma inmediata, por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. De igual forma, tal autoridad judicial tiene competencia para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Asimismo, toda víctima u ofendido tiene derecho a impugnar por sí, o por medio de su representante, ante la autoridad judicial, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación de delitos. En consecuencia, si en el caso el reclamado consiste en que el Fiscal del Ministerio Público de la Mesa de Trámite 24, licenciado Ociel de Jesús Solórzano Alvarado, se ha abstenido en proceder a la admisión y desahogo de pruebas nuevas y de refutación, negativa de aceptar el descubrimiento probatorio sobre las lesiones, la alteración de la escena del crimen, creación de un efecto corruptor en el proceso, omisión de investigar y revelar FILES SHARRING de los mensajes de WATSS APP Y FACEBOOK e investigar como probable responsable del delito de homicidio o feminicidio a José Ismael Castillo Paz, motivo por el cual, es inconcuso que tal ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? acto encuadra en la fracción XXI del artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, considerando que acorde con lo previsto por el artículo 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el ordinal 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez de Control es quien tiene competencia y obligación para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; es inconcuso que la omisión que reclama la parte quejosa -ofendida- es reclamable ante referido Juez de Control, a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese tenor, si la parte quejosa tuvo a su alcance un medio de impugnación eficaz para impugnar la omisión reclamada, pero no lo agotó previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta instancia constitucional, por ende, como se dijo, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en las siguientes jurisprudencias, derivadas de las consideraciones que se establecieron por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho. TESIS JURISPRUDENCIAL 27/2018 (10a.) "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como ?????????????? efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". TESIS JURISPRUDENCIAL 28/2018 (10a.) "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Finalmente, cabe precisar que no obsta para la conclusión expuesta, que el acto reclamado pudiera tildarse como de los señalados de imposible reparación, pues tal supuesto no es una causa de excepción al principio de definitividad. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Luego, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 107, fracción VII, aplicado a contrario sensu y 113 del propio ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo. Para la celeridad del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilita a los Actuarios Judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Pérez Jiménez, defensor del quejoso Pedro Francisco Santiago Hernández, contra actos del Fiscal del Ministerio Público de la Mesa de Trámite 24, licenciado Ociel de Jesús Solórzano Alvarado y otro; que hizo consistir en la omisión en proceder a la admisión y desahogo de pruebas nuevas y de refutación, negativa de aceptar el descubrimiento probatorio sobre las lesiones, la alteración de la escena del crimen, creación de un efecto corruptor en el proceso, omisión de investigar y revelar FILES SHARRING de los mensajes de WATSS APP Y FACEBOOK e investigar como probable responsable del delito de homicidio o feminicidio a José Ismael Castillo Paz. Con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 220/2021. A fin de proveer sobre la admisión, con fundamento en el artículo 108, fracción V y 114 fracción II de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro de los cinco días siguientes contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y por escrito, cumpla con lo siguiente: ? Amplié los antecedentes de los actos reclamados, toda vez que no se advierte que deriven de la carpeta de investigación número 626-89-501/2019. ? Asimismo, proporcione el número del proceso penal del cual derivan los actos y el estado procesal que guarda el mismo, ya que de los antecedentes se advierte que el quejoso es imputado y se encuentra en prisión preventiva oficiosa por el delito de feminicidio en el Centro Estatal de Reinserción Social número 03 de Tapachula, Chiapas. Se apercibe al promovente, que en la inteligencia que de no cumplir con lo antes precisado en la forma y términos solicitados, en el plazo concedido para ello, transcurrido dicho término, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Por otra parte, en virtud de que el ocursante señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia, téngase como tal, la lista que se fija en lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III inciso a), de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Orienta esta determinación, la tesis XXII.1o.22 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, visible en la página 1067, con el texto y rubro siguientes: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público.". Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales días y horas inhábiles, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Se exhorta al promovente de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 6,126 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano