Pedro Francisco Rodríguez Vázquez

Expediente 1540/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1540/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • Pedro Francisco Rodríguez Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Dolosos, Zona Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1540/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ******************** reclama de las autoridades responsables lo siguiente: 1.- De la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala reclama la omisión de acordar el escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintidós por su Defensora en el que hace del conocimiento diversas omisiones cometidas por el Agente del Ministerio Público dentro de la causa judicial ******************** instruida en su contra por el delito de homicidio calificado, en el cual se le dictó auto de vinculación a proceso y actualmente se encuentra en período de investigación complementaria, la cual fenece el once de enero de dos mil veintitrés. 2.- Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Dolosos, Zona Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, reclama la omisión de acordar los escritos presentados el siete y veintitrés de noviembre del año en curso por su Defensora, en los que solicita se realicen diversos actos de investigación. En el caso, se estima que la demanda de amparo resulta improcedente. Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El indicado dispositivo legal señala que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano, por lo cual se procede a realizar el análisis correspondiente en los dos siguientes apartados: 1.- Desechamiento de la demanda de amparo por lo que se refiere al acto reclamado a la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala: En este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. "Se exceptúa de lo anterior: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; "b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; "c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. "d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. "Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." La fracción citada contiene el principio de definitividad que, entre otros, rige al juicio de amparo, así como diversas excepciones previstas para su observancia. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En ese contexto, para actualizar la causa de improcedencia en estudio, deben cumplirse los presupuestos siguientes: -El acto reclamado debe provenir de una autoridad jurisdiccional o tribunal administrativo o del trabajo. - La ley que rija el acto reclamado establezca un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento en que se emitió aquél. - Ese medio de defensa o recurso pueda revocar, modificar o nulificar el acto impugnado. - No se actualice alguna excepción al principio de definitividad. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.4o.C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de título y texto siguiente: "Registro digital: 224800 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Civil, Común Tesis: I. 4o. C. J/25 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, página 361 Tipo: Jurisprudencia "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución". Entonces, para que opere la causa de improcedencia en cuestión, es suficiente que una norma -en sentido formal y material-, y no cualquier ordenamiento general, establezca la procedencia directa e inmediata de algún recurso o medio de defensa en contra del acto reclamado, por el cual pueda ser revocado, modificado o nulificado. En el caso, el artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces "En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: "I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; "II. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento; "III. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aun después de haber cesado en el ejercicio del cargo; "IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal; "V. Abstenerse de presentar en público al imputado o acusado como culpable si no existiera condena; "VI. Mantener el orden en las salas de audiencias, y "VII. Los demás establecidos en la Ley Orgánica, en este Código y otras disposiciones aplicables." Dicho numeral establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional, así como atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen ante su potestad. A su vez, el numeral 135 de esa codificación procesal establece: "Artículo 135. La queja y su procedencia "Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. "La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. "La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. "En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." En dicha norma se prevé la procedencia del recurso de queja ante el órgano jurisdiccional omiso, cuando se considere que un juzgador de primera instancia no realizó un acto procesal dentro del plazo señalado por dicho código, otorgando el derecho a cualquiera de las partes intervinientes para interponerlo. De lo anterior, se advierte que el legislador previó el derecho de las partes que acuden a esa instancia judicial de dolerse ante el propio Juzgado de Control de las actuaciones omisivas o negligentes, como lo es la omisión de dar respuesta a una petición sujeta a su consideración, el cual tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanarla, o bien realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuáles no ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al órgano jurisdiccional competente. Además, dentro del esquema procesal se prevé el referido recurso de queja, en el cual de acuerdo a lo establecido en el citado numeral 135, párrafo tercero, la autoridad jurisdiccional competente (entendiéndose, conforme al artículo 3, fracción X, de dicho Código Nacional de Procedimientos Penales, el Tribunal de enjuiciamiento o el Tribunal de alzada, ya sea fuero federal o común), tiene la atribución de conocer de las quejas interpuestas en contra de dichos juzgadores, las que deberá tramitar y resolver determinando si la omisión impugnada se ha o no verificado en un plazo de veinticuatro horas, en cuyo caso ordenará la realización del acto omitido. Es así que, constituye un derecho fundamental de las partes promover la queja en contra de omisiones o negligencias en que el juzgador de primera instancia pueda incurrir; dentro de éstas precisamente la omisión de dar respuesta a las solicitudes que se les formulen dentro de los procedimientos puestos en su conocimiento. Dicha prerrogativa no es opcional, sino que se reconoce ese derecho a las partes intervinientes para el efecto de que puedan conminar al Juez de Control a que se conduzca con apego a la ley; y, de estimar que esto no se ha llevado a cabo, impugnar mediante un recurso veloz e inmediato con el cual puedan defender sus derechos que consideren violentados por parte de la potestad ordinaria ante un órgano superior. En efecto, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos; por lo que, al no encontrarse el promovente en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo (salvo los casos de excepción considerados legalmente); ello pues de pronunciarse sobre la materia de la demanda que propone el promovente, este Juzgado Federal de amparo se sustituiría procesalmente a las autoridades a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. Así, en el particular, opera el principio de definitividad, pues es necesario que previo a la instauración del amparo indirecto, el quejoso agote el recurso de queja, establecido en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, existe tal medio de defensa ordinario (queja) para impugnar las omisiones y falta de la debida diligencia del trámite por el Juez penal, como lo es abstenerse de acordar el escrito presentado por su Defensora el nueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se hicieron del conocimiento del órgano jurisdiccional diversas irregularidades del Agente del Ministerio Público, como aduce el quejoso, por lo cual, debe agotar antes de acudir al juicio de amparo indirecto dicho medio de defensa ordinario. Lo anterior, porque, como puede verse, la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo [recurso de queja] para que las partes puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad jurisdiccional en el desempeño de su función dentro del procedimiento. De esta manera, solo una vez agotado el recurso de queja aludido, en su caso, la parte condigna, podrá y sólo hasta entonces, promover el juicio de amparo biinstancial. No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa los derechos que a su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica; sin embargo, la existencia formal y material de un mecanismo de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, conforme a lo previsto en la codificación aplicable al caso del que emana ahora el acto reclamado. Es cierto que existen supuestos de excepción al principio de definitividad, como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c), (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio); IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Carta Magna) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diverso 61, fracciones XVIII, incisos a), b) y c), y XX (los que carezcan de fundamentación) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en ninguno de ellos se ubica el presente asunto y dado que las normas que establecen excepciones son de estricta aplicación, no es posible extender ese beneficio al acto reclamado. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo contra el acto reclamado a la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala. 2.- Desechamiento de la demanda de amparo por lo que se refiere al acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Dolosos, Zona Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala: En concepto de esta juzgadora, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia por lo que se refiere al acto que se reclama a la fiscalía, por lo que procede desechar de plano la demanda en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. El primer numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita, a diferencia de las que le preceden, no establece de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía prever de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, por lo cual hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguna de las específicas que se prevén en el artículo 61 de la ley de la materia, una de las cuales es la que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 5, fracción II, de la legislación en comento. En ese sentido, la interpretación a contrario sensu de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, evidencian que el presente asunto es improcedente en razón de lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De acuerdo con la primera disposición en cita, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por su parte, en el artículo 5º, fracción II, el legislador únicamente se refirió en forma enunciativa a diversos casos en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especificó las características que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversas interpretaciones a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación de "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados. En otras palabras, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad de acuerdo con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifique o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en los criterios del Máximo Tribunal del País, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que el ejercicio de esa atribución obligue al particular de tal modo que cree, modifique o extinga una situación jurídica concreta, en perjuicio de este último. Sin soslayarse, que el último párrafo del precitado artículo 1º de la Ley de Amparo, establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares; sin embargo, el segundo párrafo de la fracción II del numeral 5º de la legislación en comento, menciona que los actos de particulares revisten esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto emitió la jurisprudencia 2a./J.164/2011, que dispone: "Registro digital: 161133 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089 Tipo: Jurisprudencia "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, la parte quejosa reclama al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Dolosos, Zona Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, la omisión de acordar los escritos presentados el siete y veintitrés de noviembre del año en curso por su Defensora a efecto de que se realicen diversos actos de investigación. Empero, ello ocurrió con posterioridad a que el representante social judicializara la carpeta de investigación ante el Juez de Control competente, según se advierte de los antecedentes del acto reclamado, en los que el quejoso señala que se le dictó auto de vinculación a proceso el once de septiembre de dos mil veintidós, en tanto que las promociones que afirma no han sido atendidas por el fiscal, se presentaron el siete y veintitrés de noviembre del presente año, aunado a que a la fecha el proceso penal se encuentra en etapa de investigación complementaria, la cual concluye el once de enero de dos mil veintitrés, según lo refiere el impetrante en la demanda de amparo. Por lo tanto, esa omisión no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en términos del artículo 105, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público es parte en el procedimiento penal, pues dicha norma señala textualmente: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal "Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: "I. La víctima u ofendido; "II. El Asesor jurídico; "III. El imputado; "IV. El Defensor; "V. El Ministerio Público; "VI. La Policía; "VII. El Órgano jurisdiccional, y "VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. "Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico". A su vez, el numeral 211 del referido código procesal, establece que el proceso penal acusatorio comprende las siguientes etapas: 1. De investigación: a) inicial y b) complementaria; 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento; y que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme, procedimiento que se decanta por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. Bajo ese contexto, dentro del procedimiento acusatorio pueden distinguirse al menos tres momentos distintos, a saber: a) La investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el Juez de control. b) La admisión y depuración probatoria por parte del Juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral y, finalmente, c) La realización del juicio, donde un Juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad o no del acusado. La etapa de investigación, particularmente tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado, misma que deberá iniciar con una denuncia, querella u otro requisito equivalente y estará a cargo - en una primera fase - del Ministerio Público, así como de la policía, actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 Constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Así, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Por ello, de la etapa de investigación inicial hasta el momento de formular imputación, el Ministerio Público reviste el carácter de autoridad, pero posteriormente, dentro de la etapa de investigación complementaria, el representante social pierde ese carácter, pues quien tiene la dirección del procedimiento es el Juez de control, a cuya disposición se encuentra el imputado; es decir, el Ministerio Público se convierte en parte en el proceso penal y carece de atribuciones para seguir actuando como autoridad, salvo los actos materiales de investigación que el código señalado establece puede realizar sin autorización judicial, en términos de su artículo 251. En ese sentido, es válido afirmar que durante la fase de investigación complementaria no puede atribuirse al Ministerio Público el carácter de autoridad, en relación con las abstenciones, omisiones o dilaciones en que eventualmente pudiera incurrir, en virtud de que respecto al desarrollo temporal de la fase mencionada, se encuentra en un plano de igualdad con relación al imputado, dado que en términos de los artículos 321, 322, 323 y 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es el Juez de control a quien corresponde la determinación del plazo de inicio, el otorgamiento de prórrogas, la conclusión e, incluso, la reapertura de la fase correspondiente. Lo anterior significa que si se señala como acto reclamado al Ministerio Público la omisión de acordar un escrito donde se proponen actos de investigación propuestos por la Defensa del imputado durante la fase de investigación complementaria, ese acto no debe catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis V.2o.P.A.19 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2020930 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: V.2o.P.A.19 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2171 Tipo: Aislada "ABSTENCIONES, OMISIONES O DILACIONES ATRIBUIDAS AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Del artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos fundamentales. Así, cuando el imputado reclama al Ministerio Público abstenciones, omisiones o dilaciones durante la etapa de investigación complementaria en el proceso penal acusatorio, esos actos no pueden catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues su actuación se encuentra ceñida a la autorización y dirección del Juez de control. Al tomar en cuenta que del artículo 105, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte son: el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Luego, el numeral 211 del propio código, dispone que el proceso penal acusatorio comprende las siguientes etapas: 1. De investigación: a) inicial y b) complementaria, 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento; y que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme, procedimiento que se decanta por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. Bajo ese contexto, dentro del procedimiento acusatorio pueden distinguirse al menos tres momentos distintos, a saber: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el Juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del Juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral y, finalmente, c) la realización del juicio, donde un Juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad o no del acusado. La etapa de investigación, particularmente tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado, misma que deberá iniciar con una denuncia, querella u otro requisito equivalente y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía, actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Así, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Por ello, de la etapa de investigación inicial hasta el momento de formular imputación, el Ministerio Público reviste el carácter de autoridad, pero posteriormente, dentro de la etapa de investigación complementaria, el representante social pierde ese carácter, pues quien tiene la dirección del procedimiento es el Juez de control, a cuya disposición se encuentra el imputado; es decir, el Ministerio Público se convierte en parte en el proceso penal y carece de atribuciones para seguir actuando motu proprio como autoridad, salvo los actos materiales de investigación que el código señalado establece puede realizar sin autorización judicial, en términos de su artículo 251. En ese sentido, es válido afirmar que durante la fase de investigación complementaria no puede atribuirse al Ministerio Público el carácter de autoridad, en relación con las abstenciones, omisiones o dilaciones en que eventualmente pudiera incurrir, en virtud de que respecto al desarrollo temporal de la fase mencionada, se encuentra en un plano de igualdad con relación al imputado, dado que en términos de los artículos 321, 322, 323 y 333 del código referido es el Juez de control, a cuyo cargo se encuentra la determinación del plazo de inicio, el otorgamiento de prórrogas, la conclusión e, incluso, la reapertura de la fase correspondiente. Lo anterior significa que si se señala como acto reclamado al Ministerio Público la omisión o dilación en llevar a cabo los actos tendentes al desahogo de una prueba propuesta por el imputado durante la fase de investigación complementaria, ese acto no debe catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo." De manera que el juicio de amparo promovido deviene improcedente al surtirse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo y, por ende, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA respecto al acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Dolosos, Zona Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con el inciso a), fracción II, de dicho dispositivo legal. AUTORIZADO. Por otra parte, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, al así solicitarlo el quejoso, conforme a los artículos 12 y 24, ambos en su segundo párrafo, de la Ley de Amparo. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Se tienen como medios de contacto el correo electrónico y número de teléfono que proporciona el quejoso, a través de los cuales se podrá entablar comunicación no procesal como forma expedita de contacto, misma que de ser necesario deberá agregarse al expediente mediante certificación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otro lado, se autoriza el uso de cámaras fotográficas o cualquier otro medio electrónico de conformidad con lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese personalmente al quejoso.***

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Dolosos, Zona Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1540/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ******************** reclama de las autoridades responsables lo siguiente: 1.- De la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala reclama la omisión de acordar el escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintidós por su Defensora en el que hace del conocimiento diversas omisiones cometidas por el Agente del Ministerio Público dentro de la causa judicial ******************** instruida en su contra por el delito de homicidio calificado, en el cual se le dictó auto de vinculación a proceso y actualmente se encuentra en período de investigación complementaria, la cual fenece el once de enero de dos mil veintitrés. 2.- Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Dolosos, Zona Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, reclama la omisión de acordar los escritos presentados el siete y veintitrés de noviembre del año en curso por su Defensora, en los que solicita se realicen diversos actos de investigación. En el caso, se estima que la demanda de amparo resulta improcedente. Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El indicado dispositivo legal señala que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano, por lo cual se procede a realizar el análisis correspondiente en los dos siguientes apartados: 1.- Desechamiento de la demanda de amparo por lo que se refiere al acto reclamado a la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala: En este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. "Se exceptúa de lo anterior: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; "b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; "c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. "d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. "Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." La fracción citada contiene el principio de definitividad que, entre otros, rige al juicio de amparo, así como diversas excepciones previstas para su observancia. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En ese contexto, para actualizar la causa de improcedencia en estudio, deben cumplirse los presupuestos siguientes: -El acto reclamado debe provenir de una autoridad jurisdiccional o tribunal administrativo o del trabajo. - La ley que rija el acto reclamado establezca un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento en que se emitió aquél. - Ese medio de defensa o recurso pueda revocar, modificar o nulificar el acto impugnado. - No se actualice alguna excepción al principio de definitividad. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.4o.C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de título y texto siguiente: "Registro digital: 224800 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Civil, Común Tesis: I. 4o. C. J/25 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, página 361 Tipo: Jurisprudencia "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución". Entonces, para que opere la causa de improcedencia en cuestión, es suficiente que una norma -en sentido formal y material-, y no cualquier ordenamiento general, establezca la procedencia directa e inmediata de algún recurso o medio de defensa en contra del acto reclamado, por el cual pueda ser revocado, modificado o nulificado. En el caso, el artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces "En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: "I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; "II. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento; "III. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aun después de haber cesado en el ejercicio del cargo; "IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal; "V. Abstenerse de presentar en público al imputado o acusado como culpable si no existiera condena; "VI. Mantener el orden en las salas de audiencias, y "VII. Los demás establecidos en la Ley Orgánica, en este Código y otras disposiciones aplicables." Dicho numeral establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional, así como atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen ante su potestad. A su vez, el numeral 135 de esa codificación procesal establece: "Artículo 135. La queja y su procedencia "Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. "La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. "La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. "En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." En dicha norma se prevé la procedencia del recurso de queja ante el órgano jurisdiccional omiso, cuando se considere que un juzgador de primera instancia no realizó un acto procesal dentro del plazo señalado por dicho código, otorgando el derecho a cualquiera de las partes intervinientes para interponerlo. De lo anterior, se advierte que el legislador previó el derecho de las partes que acuden a esa instancia judicial de dolerse ante el propio Juzgado de Control de las actuaciones omisivas o negligentes, como lo es la omisión de dar respuesta a una petición sujeta a su consideración, el cual tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanarla, o bien realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuáles no ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al órgano jurisdiccional competente. Además, dentro del esquema procesal se prevé el referido recurso de queja, en el cual de acuerdo a lo establecido en el citado numeral 135, párrafo tercero, la autoridad jurisdiccional competente (entendiéndose, conforme al artículo 3, fracción X, de dicho Código Nacional de Procedimientos Penales, el Tribunal de enjuiciamiento o el Tribunal de alzada, ya sea fuero federal o común), tiene la atribución de conocer de las quejas interpuestas en contra de dichos juzgadores, las que deberá tramitar y resolver determinando si la omisión impugnada se ha o no verificado en un plazo de veinticuatro horas, en cuyo caso ordenará la realización del acto omitido. Es así que, constituye un derecho fundamental de las partes promover la queja en contra de omisiones o negligencias en que el juzgador de primera instancia pueda incurrir; dentro de éstas precisamente la omisión de dar respuesta a las solicitudes que se les formulen dentro de los procedimientos puestos en su conocimiento. Dicha prerrogativa no es opcional, sino que se reconoce ese derecho a las partes intervinientes para el efecto de que puedan conminar al Juez de Control a que se conduzca con apego a la ley; y, de estimar que esto no se ha llevado a cabo, impugnar mediante un recurso veloz e inmediato con el cual puedan defender sus derechos que consideren violentados por parte de la potestad ordinaria ante un órgano superior. En efecto, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos; por lo que, al no encontrarse el promovente en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo (salvo los casos de excepción considerados legalmente); ello pues de pronunciarse sobre la materia de la demanda que propone el promovente, este Juzgado Federal de amparo se sustituiría procesalmente a las autoridades a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. Así, en el particular, opera el principio de definitividad, pues es necesario que previo a la instauración del amparo indirecto, el quejoso agote el recurso de queja, establecido en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, existe tal medio de defensa ordinario (queja) para impugnar las omisiones y falta de la debida diligencia del trámite por el Juez penal, como lo es abstenerse de acordar el escrito presentado por su Defensora el nueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se hicieron del conocimiento del órgano jurisdiccional diversas irregularidades del Agente del Ministerio Público, como aduce el quejoso, por lo cual, debe agotar antes de acudir al juicio de amparo indirecto dicho medio de defensa ordinario. Lo anterior, porque, como puede verse, la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo [recurso de queja] para que las partes puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad jurisdiccional en el desempeño de su función dentro del procedimiento. De esta manera, solo una vez agotado el recurso de queja aludido, en su caso, la parte condigna, podrá y sólo hasta entonces, promover el juicio de amparo biinstancial. No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa los derechos que a su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica; sin embargo, la existencia formal y material de un mecanismo de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, conforme a lo previsto en la codificación aplicable al caso del que emana ahora el acto reclamado. Es cierto que existen supuestos de excepción al principio de definitividad, como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c), (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio); IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Carta Magna) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diverso 61, fracciones XVIII, incisos a), b) y c), y XX (los que carezcan de fundamentación) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en ninguno de ellos se ubica el presente asunto y dado que las normas que establecen excepciones son de estricta aplicación, no es posible extender ese beneficio al acto reclamado. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo contra el acto reclamado a la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala. 2.- Desechamiento de la demanda de amparo por lo que se refiere al acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Dolosos, Zona Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala: En concepto de esta juzgadora, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia por lo que se refiere al acto que se reclama a la fiscalía, por lo que procede desechar de plano la demanda en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. El primer numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita, a diferencia de las que le preceden, no establece de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía prever de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, por lo cual hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguna de las específicas que se prevén en el artículo 61 de la ley de la materia, una de las cuales es la que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 5, fracción II, de la legislación en comento. En ese sentido, la interpretación a contrario sensu de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, evidencian que el presente asunto es improcedente en razón de lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De acuerdo con la primera disposición en cita, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por su parte, en el artículo 5º, fracción II, el legislador únicamente se refirió en forma enunciativa a diversos casos en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especificó las características que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversas interpretaciones a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación de "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados. En otras palabras, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad de acuerdo con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifique o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en los criterios del Máximo Tribunal del País, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que el ejercicio de esa atribución obligue al particular de tal modo que cree, modifique o extinga una situación jurídica concreta, en perjuicio de este último. Sin soslayarse, que el último párrafo del precitado artículo 1º de la Ley de Amparo, establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares; sin embargo, el segundo párrafo de la fracción II del numeral 5º de la legislación en comento, menciona que los actos de particulares revisten esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto emitió la jurisprudencia 2a./J.164/2011, que dispone: "Registro digital: 161133 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089 Tipo: Jurisprudencia "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, la parte quejosa reclama al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Dolosos, Zona Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, la omisión de acordar los escritos presentados el siete y veintitrés de noviembre del año en curso por su Defensora a efecto de que se realicen diversos actos de investigación. Empero, ello ocurrió con posterioridad a que el representante social judicializara la carpeta de investigación ante el Juez de Control competente, según se advierte de los antecedentes del acto reclamado, en los que el quejoso señala que se le dictó auto de vinculación a proceso el once de septiembre de dos mil veintidós, en tanto que las promociones que afirma no han sido atendidas por el fiscal, se presentaron el siete y veintitrés de noviembre del presente año, aunado a que a la fecha el proceso penal se encuentra en etapa de investigación complementaria, la cual concluye el once de enero de dos mil veintitrés, según lo refiere el impetrante en la demanda de amparo. Por lo tanto, esa omisión no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en términos del artículo 105, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público es parte en el procedimiento penal, pues dicha norma señala textualmente: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal "Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: "I. La víctima u ofendido; "II. El Asesor jurídico; "III. El imputado; "IV. El Defensor; "V. El Ministerio Público; "VI. La Policía; "VII. El Órgano jurisdiccional, y "VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. "Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico". A su vez, el numeral 211 del referido código procesal, establece que el proceso penal acusatorio comprende las siguientes etapas: 1. De investigación: a) inicial y b) complementaria; 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento; y que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme, procedimiento que se decanta por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. Bajo ese contexto, dentro del procedimiento acusatorio pueden distinguirse al menos tres momentos distintos, a saber: a) La investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el Juez de control. b) La admisión y depuración probatoria por parte del Juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral y, finalmente, c) La realización del juicio, donde un Juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad o no del acusado. La etapa de investigación, particularmente tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado, misma que deberá iniciar con una denuncia, querella u otro requisito equivalente y estará a cargo - en una primera fase - del Ministerio Público, así como de la policía, actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 Constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Así, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Por ello, de la etapa de investigación inicial hasta el momento de formular imputación, el Ministerio Público reviste el carácter de autoridad, pero posteriormente, dentro de la etapa de investigación complementaria, el representante social pierde ese carácter, pues quien tiene la dirección del procedimiento es el Juez de control, a cuya disposición se encuentra el imputado; es decir, el Ministerio Público se convierte en parte en el proceso penal y carece de atribuciones para seguir actuando como autoridad, salvo los actos materiales de investigación que el código señalado establece puede realizar sin autorización judicial, en términos de su artículo 251. En ese sentido, es válido afirmar que durante la fase de investigación complementaria no puede atribuirse al Ministerio Público el carácter de autoridad, en relación con las abstenciones, omisiones o dilaciones en que eventualmente pudiera incurrir, en virtud de que respecto al desarrollo temporal de la fase mencionada, se encuentra en un plano de igualdad con relación al imputado, dado que en términos de los artículos 321, 322, 323 y 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es el Juez de control a quien corresponde la determinación del plazo de inicio, el otorgamiento de prórrogas, la conclusión e, incluso, la reapertura de la fase correspondiente. Lo anterior significa que si se señala como acto reclamado al Ministerio Público la omisión de acordar un escrito donde se proponen actos de investigación propuestos por la Defensa del imputado durante la fase de investigación complementaria, ese acto no debe catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis V.2o.P.A.19 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2020930 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: V.2o.P.A.19 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2171 Tipo: Aislada "ABSTENCIONES, OMISIONES O DILACIONES ATRIBUIDAS AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Del artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos fundamentales. Así, cuando el imputado reclama al Ministerio Público abstenciones, omisiones o dilaciones durante la etapa de investigación complementaria en el proceso penal acusatorio, esos actos no pueden catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues su actuación se encuentra ceñida a la autorización y dirección del Juez de control. Al tomar en cuenta que del artículo 105, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte son: el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Luego, el numeral 211 del propio código, dispone que el proceso penal acusatorio comprende las siguientes etapas: 1. De investigación: a) inicial y b) complementaria, 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento; y que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme, procedimiento que se decanta por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. Bajo ese contexto, dentro del procedimiento acusatorio pueden distinguirse al menos tres momentos distintos, a saber: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el Juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del Juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral y, finalmente, c) la realización del juicio, donde un Juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad o no del acusado. La etapa de investigación, particularmente tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado, misma que deberá iniciar con una denuncia, querella u otro requisito equivalente y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía, actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Así, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Por ello, de la etapa de investigación inicial hasta el momento de formular imputación, el Ministerio Público reviste el carácter de autoridad, pero posteriormente, dentro de la etapa de investigación complementaria, el representante social pierde ese carácter, pues quien tiene la dirección del procedimiento es el Juez de control, a cuya disposición se encuentra el imputado; es decir, el Ministerio Público se convierte en parte en el proceso penal y carece de atribuciones para seguir actuando motu proprio como autoridad, salvo los actos materiales de investigación que el código señalado establece puede realizar sin autorización judicial, en términos de su artículo 251. En ese sentido, es válido afirmar que durante la fase de investigación complementaria no puede atribuirse al Ministerio Público el carácter de autoridad, en relación con las abstenciones, omisiones o dilaciones en que eventualmente pudiera incurrir, en virtud de que respecto al desarrollo temporal de la fase mencionada, se encuentra en un plano de igualdad con relación al imputado, dado que en términos de los artículos 321, 322, 323 y 333 del código referido es el Juez de control, a cuyo cargo se encuentra la determinación del plazo de inicio, el otorgamiento de prórrogas, la conclusión e, incluso, la reapertura de la fase correspondiente. Lo anterior significa que si se señala como acto reclamado al Ministerio Público la omisión o dilación en llevar a cabo los actos tendentes al desahogo de una prueba propuesta por el imputado durante la fase de investigación complementaria, ese acto no debe catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo." De manera que el juicio de amparo promovido deviene improcedente al surtirse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo y, por ende, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA respecto al acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Dolosos, Zona Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con el inciso a), fracción II, de dicho dispositivo legal. AUTORIZADO. Por otra parte, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, al así solicitarlo el quejoso, conforme a los artículos 12 y 24, ambos en su segundo párrafo, de la Ley de Amparo. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Se tienen como medios de contacto el correo electrónico y número de teléfono que proporciona el quejoso, a través de los cuales se podrá entablar comunicación no procesal como forma expedita de contacto, misma que de ser necesario deberá agregarse al expediente mediante certificación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otro lado, se autoriza el uso de cámaras fotográficas o cualquier otro medio electrónico de conformidad con lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese personalmente al quejoso.

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