Pedro Flores Sánchez

Expediente 816/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
816/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Pedro Flores Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    R E S U E L V E PRIMERO. Resultó procedente el incidente de reclamación de daños y perjuicios que promovió María de Lourdes Peña Hernández. SEGUNDO. Se declara fundado el incidente de daños y perjuicios que promovió la tercera interesada .... para hacer efectiva la garantía que quejosa con motivo de la suspensión definitiva de los actos reclamados; y en consecuencia, una vez que la presente resolución adquiera firmeza se ordena endosar y entregar a la tercera interesada María de ..... el billete de depósito N ..., expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI) por la cantidad de $.... que exhibió la quejosa en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 922/2022 del índice de este juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Agregan piezas postales Agréguense a los autos los acuses de recibo de cuenta relativos a los oficios .. y ..; consecuentemente, se provee: Declaración de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes recurrieran la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que se declara que ha causado ejecutoria con fundamento en el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Requerimiento de cumplimiento En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de tres días legalmente computados, den cumplimiento a la ejecutoria del amparo, esto es: Autoridades responsables Efectos 1. Presidente Municipal Constitucional de Chiconcuautla, Puebla. Obligación de hacer: 1. Deberá dejar insubsistente la orden verbal con la que pretenden tomar posesión y, por ende, despojar a la parte quejosa del .., amparado con el Título de Propiedad número .. de dieciocho de mayo de dos mil uno, expedido por el Delegado del Registro Agrario Nacional. 2. Director de Obras Públicas del Municipio de Chiconcuautla, Puebla. 2. Abstenerse de ejecutar cualquier acto tendiente a despojar del predio a la parte quejosa. Apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada en el plazo indicado, se harán acreedoras a una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se les apercibe, que en caso de incumplimiento, además de la sanción económica antes mencionada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin efectos multa Comuníquese a la Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Servicio Postal Mexicano, Poder Judicial Siglo XXI, que se deja sin efectos el apercibimiento de multa decretado mediante auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, toda vez que obran en autos las piezas postales solicitadas. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficio 110/F/B/9773/2021, de treinta de agosto de dos mil veintiuno con número de folio SIARAUIFB/2021/000286, suscrito por la Directora General Adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera, por el que solicitó al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el bloqueo de las cuentas bancarias de las personas que figuran en la lista contenida en el acuerdo 195/2021 (fojas 149 a 151). Asimismo, por acuerdo de veintinueve de mayo del presente año, se tuvo al Titular de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitiendo los oficios FGE/FEIDORPIFR/UEIDORPI/0026/2021 y FGE/FEIDORPIFR/0046/2021, suscritos por el Fiscal Especializado en Investigación del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ambos de veinte de agosto de dos mil veintiuno, de las que se desprende que el aquí quejoso forma parte de una investigación derivada de la carpeta de investigación CDI-035/2020/UEIORPI, en su calidad de autor partícipe (testaferro) del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ilícito previsto y sancionado en los artículos 453 del Código Penal del Estado de Puebla. En mérito de lo anterior, se advierte que derivado de la emisión de los aludidos oficios, es que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias a nombre del quejoso, dada la solicitud contenida en dichos oficios. Pronunciamiento sobre la competencia de este órgano jurisdiccional. En principio, en relación a la competencia de este órgano jurisdiccional, debe decirse que la misma se determina por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que respectivamente, disponen lo siguiente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;(...)" "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En efecto, de la transcripción de los numerales en comento se desprende que los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán del amparo contra los actos provenientes de un acto de autoridad o de un procedimiento de autoridad administrativa, en los cuales apliquen leyes federales, o de aquellos actos de procedimientos seguidos por autoridades administrativas, ya sean actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido éste, contra leyes o disposiciones de observancia general en materia administrativa, o actos de autoridad distinta a la judicial, o contra actos de tribunales administrativos ejecutados en juicio, fuera de él o después de concluido. En tanto que, los Jueces de Distrito en materia penal conocerán de los amparos en los que se susciten controversias en las que se apliquen leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal y resoluciones judicial del orden penal. En suma, se advierte que las reglas para la distribución de las competencias, tratándose de Juzgados de Distrito especializados por materia, toman como elemento para determinar la competencia material no sólo el carácter de la autoridad emisora del acto reclamado sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza del acto. Igualmente se advierte que las reglas para la distribución de las competencias ponen especial énfasis en el contenido material del acto reclamado, tal y como sucede en las impugnaciones de leyes o de disposiciones de carácter general, en donde no se infiere el carácter de la autoridad emisora para determinar la naturaleza del acto que se reclama en amparo. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 24/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 412, del Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Marzo de 2009, con registro digital 167761, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." Así es, en el amparo biinstancial lo que define la competencia material del órgano jurisdiccional es la naturaleza del acto reclamado, puesto que es éste el que da la pauta y referencia para el análisis constitucional que debe realizarse, partiendo de la legislación en la cual se apoye; dicho de otro modo, es el contenido del acto reclamado el que le otorga una naturaleza de acuerdo a las disposiciones normativas en las que se sustente, por tanto, si el acto deriva o tiene como aplicación una ley de determinada materia, será precisamente esa materia la que defina la naturaleza del acto reclamado. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Diciembre de 1998, con registro digital 195007, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo, relacionada al informe justificado rendido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se pone de manifiesto que este Juzgado Federal resulta incompetente por razón de materia, para conocer del presente juicio biinstancial, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los transcritos preceptos legales, tomando en consideración que el aspecto fundamental conforme al cual se determina la competencia por materia en favor de algún Juez de Distrito reside, fundamentalmente, en la naturaleza jurídica del acto reclamado, y en el origen formal de la autoridad, lo que en la demanda de amparo no se encuentra establecido por la parte quejosa en la narrativa que formula. En el caso, mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el aquí quejoso. Posteriormente, por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa amplió su demanda de amparo respecto del oficio 110/F/B/9773/2021, folio SIARAUIFB/2021/000286, de treinta de agosto de dos mil veintiuno emitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Consecuentemente, del oficio de cuenta 110/K/1375/2023, rendido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el veintinueve de mayo del presente año, al que adjuntó los oficios FGE/FEIDORPIFR/UEIDORPI/0026/2021 y FGE/FEIDORPIFR/0046/2021, suscritos por el Fiscal Especializado en Investigación del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se aprecia que en el caso los actos reclamados consistentes en la orden del ilegal embargo y/o congelamiento diversas cuentas bancarias del aquí quejoso, deriva de la carpeta de investigación CDI-035/2020/UEIORPI, en la que se ordenó el bloqueo de las cuentas que la parte quejosa defiende en esta vía. De manera que, si bien la Unidad de Inteligencia Financiera realizó el bloqueo de las cuentas bancarias a nombre del ahora quejoso, también lo es que previamente a la materialización del bloqueo de las cuentas bancarias, se instauró la carpeta de investigación CDI-CDI-035/2020/UEIORPI, razón por la cual la Fiscalía General del Estado de Puebla, solicitó a través de los oficios FGE/FEIDORPIFR/UEIDORPI/0026/2021 y FGE/FEIDORPIFR/0046/2021, suscritos por el Fiscal Especializado en Investigación del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a la referida autoridad administrativa la inmovilización de diversas cuentas entre las cuales se encuentra la reclamada en el presente juicio de amparo indirecto. Por lo cual es dable concluir que la competencia para conocer del presente juicio de amparo corresponde al Juzgado de Distrito Especializado en Materia Penal, pues el oficio reclamado deriva de las actuaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por lo que fueron las detonantes del oficio de aseguramiento decretado por la Unidad de Inteligencia Financiera, y no al contrario. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la Jurisprudencia 1/1029, aplicable a contrario sensu, correspondiente a la Décima Época, visible en la página 5, del Tomo I, el Libro 63 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a Febrero de 2019, con registro digital 2019173, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO Y BLOQUEO DE UNA CUENTA BANCARIA DICTADA POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SIN QUE PREVIAMENTE EXISTA UNA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. De los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 15y 15-E del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2009, y de la Resolución que reforma, adiciona y deroga dichas Disposiciones, publicitada el 25 de abril de 2014 en el indicado medio de difusión oficial, se advierte que las facultades otorgadas al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para establecer medidas y procedimientos, a fin de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos que involucren recursos de procedencia ilícita, terrorismo nacional o internacional y su financiamiento, son de naturaleza formal y materialmente administrativa; de ahí que el juicio de amparo indirecto promovido contra la orden de aseguramiento y bloqueo de una cuenta bancaria dictada por el titular de esa Unidad, sin que previamente exista una investigación del Ministerio Público, es de la competencia del Juez de Distrito en Materia Administrativa, en términos del artículo 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque en los actos mencionados no tiene injerencia alguna la facultad punitiva del Estado, ya que sólo forman parte de la regulación de un sistema preventivo y protector del sistema financiero nacional." En ese sentido, los actos que por esta vía se impugnan y por ende, el análisis de los mismos compete al Juez de Distrito Especializado en Materia Penal, dado que no se colma alguno de los supuestos jurídicos contenidos en los artículos 57, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados en materia administrativa, civil y de trabajo. Por tal razón, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, se declara legalmente incompetente por razón de materia para conocer del presente asunto. Remítase el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que se envíe al Juzgado de Distrito en turno que corresponda, y resuelva la competencia que se plantea, solicitando acuse de recibo. Fórmese cuaderno de antecedentes y en su oportunidad archívese en forma definitiva. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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