Pedro Flores Rico
Expediente 56/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 06/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pedro Flores Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
En seis de junio de dos mil veintitrés, la suscrita licenciada Rocío Guía Calderón, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA: Que el plazo de diez días que disponía la parte quejosa recurrir la sentencia dictada en el presente juicio, transcurrió del diecinueve de mayo, al uno de junio de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada por lista el diecisiete de mayo del año en curso, sin que lo hubiera hecho. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste. . Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de junio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto lo de cuenta, toda vez que no fue impugnada por la parte quejosa, la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 88 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este asunto, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se desprende que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, acorde con lo dispuesto en el citado artículo 21 del referido acuerdo. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal y el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que no se glosará a este expediente el cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Toda vez que el presente asunto se encuentra concluido; devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que en su momento allegó a este órgano jurisdiccional, relativas al juicio ejecutivo mercantil ******************** de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 56/2023, promovido por Pedro Flores Rico, contra los actos de la Jueza del Juzgado Menor Mixto de Tanhuato, Michoacán de Ocampo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante ocurso presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés -fojas 2 a 5-, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional, Pedro Flores Rico solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la autoridad que enseguida se transcribe: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: La Juez del Juzgado Menor Mixto de Tanhuato Michoacán. IV.-ACTOS RECLAMADOS: 1.- Falta de emplazamiento del incidente de liquidación de sentencia tramitado con fecha del 3 de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho dentro del expediente sobre juicio ejecutivo mercantil de número 78/2017 del Juzgado Menor Mixto de Tanhuato Michoacán 2.- Sentencia interlocutoria dictada con fecha del 16 dieciséis de mayo de 2022 dos mil veintidós. 3.- La audiencia de remate en su séptima almoneda señalada para celebrarse el día 15 de febrero del año 2023 a las 12:00 horas." El promovente del amparo expuso que se violan sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como tercera interesada a la persona moral Caja Popular Tanhuato, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés -fojas 7 a 14-, se registró la demanda con el número de expediente 56/2023, y al estimar que, respecto del acto identificado con el número 3, consistente en: "La audiencia de remate en su séptima almoneda señalada para celebrarse el día 15 de febrero del año 2023 a las 12:00 horas", se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, del mismo ordenamiento, se desechó la demanda de amparo. Por otra parte, respecto de los diversos actos descritos en los puntos 1 y 2, relativos a: "1.- Falta de emplazamiento del incidente de liquidación de sentencia tramitado con fecha del 3 de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho dentro del expediente sobre juicio ejecutivo mercantil de número 78/2017 del Juzgado Menor Mixto de Tanhuato Michoacán; y 2.- Sentencia interlocutoria dictada con fecha del 16 dieciséis de mayo de 2022 dos mil veintidós", se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió el informe justificado de la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reconoció con el carácter de tercera interesada a la moral Caja Popular Tanhuato, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por lo que se ordenó su emplazamiento; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por proveído de siete de marzo del año en curso, -fojas 53 a 55- visto el estado de autos, al advertirse la participación en los actos reclamados del Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de Tanhuato, Michoacán de Ocampo, se dio vista al impetrante de amparo, para que dentro del plazo de quince días manifestara si era su voluntad ampliar la demanda de amparo respecto de dicha autoridad, en relación con los actos reclamados consistentes en la notificación por lista del auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho, y la notificación por lista de la sentencia interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, sin que lo hubiera hecho, en el plazo legal concedido; por lo que, por auto de diez de abril del año en curso, se tuvo al promovente desinteresado en dicha ampliación. La audiencia constitucional tuvo verificativo a las diez horas con veinticinco minutos del once de abril de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que los actos reclamados ocurrieron después de concluido el juicio y se atribuyen a una autoridad que tiene su residencia dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la quejosa reclama: De la Jueza del Juzgado Menor Mixto de Tanhuato, Michoacán de Ocampo. 1. La notificación de la vista ordenada en auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 78/2017, por el que se tuvo a Roberto Carlos Hernández Baeza, en su carácter de endosatario en procuración de la parte actora Caja Popular Tanhuato, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable formulando incidente de liquidación de sentencia. 2. La sentencia interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en la que se resolvió el incidente de liquidación de sentencia, dentro del referido juicio ejecutivo mercantil. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 192097, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados de la autoridad responsable Jueza del Juzgado Menor Mixto de Tanhuato, Michoacán de Ocampo, ya que así lo aceptó al rendir el informe de ley. En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expediente de origen, la cual goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por tratarse de documentales públicas, por haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, del rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales". CUARTO. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. Este Juez Federal, a efecto de dar claridad al asunto, procede narrar los antecedentes del acto reclamado. Mediante ocurso presentado el veintisiete de junio de dos mil diecisiete -fojas 1 a 3, del tomo I, de pruebas- ante el Juzgado Menor de Tanhuato, Michoacán de Ocampo, Roberto Carlos Hernández Baeza, en su carácter de endosatario en procuración de la parte actora Caja Popular Tanhuato, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable promovió juicio en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra del ahora quejoso Pedro Flores Rico, de quien reclamó las prestaciones siguientes: "a) Se le condene al pago de la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N), por concepto de suerte principal del documento base de la acción. b) Se le condene al pago de interés ordinario generado a razón del 24.00% veinticuatro por cierto anual; así como un interés moratorio causado a razón del (ilegible) setenta y dos por ciento anual, desde la constitución en mora y hasta la total solución del presente juicio. c) El pago de honorarios, gastos y costas judiciales que se originen con motivo de la tramitación del presente juicio." Por acuerdo de treinta de junio de dos mil diecisiete, la Jueza responsable admitió la demanda; la radicó con el número de expediente 78/2017 y, ordenó emplazar y requerir al demandado del pronto y efectivo pago de las prestaciones reclamadas, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo en el momento de la diligencia, se le embargaría bienes de su propiedad para garantizar lo reclamado. Mediante escrito presentado ante la responsable -fojas 17 a 19, del tomo I, de pruebas- compareció el demandado Pedro Flores Rico, a dar contestación a la demanda interpuesta en su contra. En proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete -foja 20, del tomo I, de pruebas - se tuvo al demandado dando contestación a la demanda, y en virtud de que no señaló domicilio en el lugar de residencia del Juzgado, se determinó que las subsecuentes notificaciones le correrían por medio de lista que se publicara en los estrados del juzgado. Seguido el juicio por su curso legal, se dictó la sentencia definitiva el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho -fojas 34 a 40, del tomo I, de pruebas- de conformidad con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio. SEGUNDO. Procedió la acción cambiaria directa que en la vía ejecutiva mercantil promovió Caja Popular Tanhuato S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por conducto de su endosatario en procuración, frente a Pedro Flores Rico, quien no opuso defensas ni excepciones en su favor. TERCERO. En consecuencia, se condena al demandado a pagar a favor de la parte actora la cantidad de sesenta mil pesos moneda nacional, por concepto de suerte principal respecto del pagaré fundatorio de la acción; así como al pago de intereses ordinarios, a razón del veinticuatro por ciento anual, a partir de la fecha de la suscripción del pagaré fundatorio de la acción; veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, y hasta la total liquidación del adeudo; y, al pago de intereses moratorios, a razón del cuarenta y ocho por ciento anual, a partir de la fecha en que se hizo exigible el cumplimiento de la prestación reclamada y que determinó la época de su constitución en mora, a saber: veintiocho de mayo de dos mil diecisiete, por ser el día siguiente a la fecha de la terminación anticipada pactada a partir de dos pagos adeudado; cuyo cómputo en cantidades monetarias se reservan para ejecución de sentencia. CUARTO. Hágase trance y remate del bien inmueble embargado al demandado Pedro Flores Rico, y con su producto pago a la moral acreedora de la prestación a que resultó condenado a cubrir el demandado, acorde a lo estatuido en el artículo 1408 del Código de Comercio. QUINTO. Se condena al demandado al pago de honorarios, gastos y costas judiciales que se hubieran erogado con motivo de la tramitación del juicio de este juicio (sic), previa su regulación y aprobación legal." Mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable declaró que la referida sentencia causó estado y requirió al aquí quejoso por su cumplimiento voluntario. Posteriormente, en ocurso de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho -foja 1, del tomo II, de pruebas-, la parte actora promovió en contra del hoy quejoso planilla de liquidación de sentencia. Por auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho -foja 2, del tomo II de pruebas-, la autoridad responsable tuvo a la parte actora formulando incidente de liquidación de sentencia, por lo que ordenó correr traslado a la parte quejosa y darle vista para que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses conviniera. Dicho proveído fue listado en su fecha y se hizo constar que el demandado hoy impetrante no tenía señalado domicilio para recibir notificaciones personales. En acuerdo de catorce de mayo de dos mil diecinueve -foja 4, del tomo II, de pruebas-, a solicitud del endosatario en procuración de la actora, y en atención a que el incidentado no dio contestación a la vista que se le dio con el incidente, se pusieron los autos a la vista para resolver. Por sentencia interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, el Juzgado responsable resolvió el incidente de liquidación de sentencia deducido del juicio de origen, de conformidad con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Este órgano jurisdiccional resultó competente para conocer y resolver la presente incidencia. SEGUNDO. Es procedente y se aprueba el incidente de liquidación de sentencia, formulado por Caja Popular Tanhuato, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por conducto de su endosatario en procuración, en consecuencia; TERCERO. Se condena a la parte incidentada al pago de setenta y nueve mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional ($79,200.00 M.N.) por concepto de intereses ordinarios y moratorios en términos del precisados en el considerando respectivo CUARTO. No se impone condena de costas." Dicha resolución se notificó al demandado por medio de lista publicada el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. La notificación de la vista ordenada en proveído de tres de diciembre de dos mil dieciocho y la sentencia interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número?de registro 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.?Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Como cuestión previa, se precisa que el estudio de este considerando se dividirá en dos apartados, tomando en cuenta que este juicio de amparo es improcedente por diversas razones. I. Improcedencia del sumario constitucional en relación con la notificación de la vista ordenada en proveído de tres de diciembre de dos mil dieciocho reclamada. Previamente a realizar el estudio de la causal de improcedencia que se advierte de oficio, cabe señalar que en el caso se desvirtúa el carácter de tercero extraño por equiparación, con que se adjudicó el impetrante al comparecer ante este Juzgado de Distrito. Lo anterior es así, pues el quejoso se ostenta en esta instancia constitucional como tercero extraño por equiparación, ya que sostiene que no le fue practicada conforme a derecho la notificación ordenada en auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho (por el que se tuvo a la parte actora dentro del juicio de origen formulando incidente de liquidación de sentencia), lo cual, aduce lo deja en estado de indefensión, al violar su garantía de audiencia. Sin embargo, como se advierte de los antecedentes de los actos reclamados, dicho quejoso en cuanto parte demandada en el juicio de origen se integró a la relación jurídico procesal desde su inicio mismo, pues incluso dio contestación a la demanda promovida en su contra, de ahí resulta razonable concluir, que al haber sido condenado en el juicio ejecutivo mercantil por una suma líquida, sabía que sería requerido para la determinación específica del monto y su pago. Por tanto, el quejoso en cuanto parte en el procedimiento de origen se encuentra vinculado jurídicamente en el mismo y, por ende, se desvanece su calidad de tercero extraño por equiparación en la que basa su reclamo, pues estuvo en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer sus derechos. Es aplicable, la jurisprudencia 4/2023, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2026118, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO CUENTA CON EL CARÁCTER DE EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO LA PERSONA QUE HUBIERA COMPARECIDO COMO PARTE AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO LA DEFICIENTE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios opuestos al analizar casos en los que una persona que tuvo el carácter de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil presentó demanda de amparo indirecto en contra de la notificación del auto que abrió a trámite el incidente de liquidación de sentencia. Un tribunal concluyó que toda vez que la quejosa no tuvo conocimiento del trámite del incidente, se equipara a una persona tercera extraña al procedimiento en tanto alega la violación a su derecho de audiencia, y, por tanto, resultaba aplicable el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo. Por su parte, el otro tribunal sostuvo que se desvirtúa la calidad de tercero extraño por equiparación cuando el quejoso conozca de la existencia del juicio, por lo que debió agotarse el incidente de nulidad de notificaciones que tiene como materia verificar la legalidad de la notificación del auto que abre el incidente de liquidación. Criterio jurídico: La persona que hubiera comparecido como parte al juicio ejecutivo mercantil y señale como acto reclamado la ausencia o deficiente notificación del auto que da inicio al incidente de liquidación de sentencia no cuenta con el carácter de extraña a procedimiento. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Justificación: Es razonable presumir que la persona que es condenada en un juicio ejecutivo mercantil por una suma líquida conoce que será requerida para la determinación específica del monto y su pago, incluyendo la determinación de intereses. Esto es, en contraste con una persona que no es llamada a juicio y, por tanto, no tiene la posibilidad de defenderse, cuando una persona ya formó parte del juicio ejecutivo mercantil -fue correctamente emplazada, compareció al procedimiento y fue vencida por su contraparte- la persona sabe que deberá dar cumplimiento a la sentencia en su contra. Por tanto, el demandado cuenta tanto con la posibilidad fáctica (al conocer de la condena) como jurídica (por ser parte en el juicio principal) de acudir al incidente de nulidad de actuaciones. Este medio ordinario de defensa permite que, de estimarse que efectivamente no se llevó a cabo la notificación personal respectiva, se anulen todas las actuaciones posteriores al auto que dio inicio al incidente de liquidación en respeto de su derecho de audiencia. Por tanto, negar el carácter de persona extraña a juicio en este supuesto en particular no deja en estado de indefensión a la persona que lo promueve. Esta conclusión se corresponde con la dinámica de los juicios ejecutivos mercantiles que tienen como característica particular la celeridad del procedimiento. Es el juzgado natural el que cuenta con toda la información necesaria para determinar primeramente si se llevó a cabo la notificación o existieron deficiencias en la diligencia para dar a conocer el inicio del incidente de liquidación y continuar con su trámite. Ahora bien, lo aquí resuelto no impide que se surtan otras excepciones al principio de definitividad que hagan procedente el juicio de amparo indirecto en los procedimientos de liquidación y ejecución de sentencia, como podría ser cuando se combate la sentencia interlocutoria que da fin al incidente de liquidación derivado de un juicio ejecutivo mercantil." Con base en lo anterior, respecto del acto reclamado materia de este apartado, este Juez Federal advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XVIII, pues el quejoso no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, previo a la presentación del libelo constitucional. Efectivamente, la fracción citada contiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es, el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Ahora bien, de lo narrado en la demanda de amparo se aprecia que el quejoso no combatió el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa procedente, que en la especie resulta ser, dada la naturaleza del procedimiento de ejecución, el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el diverso 1414 del Código de Comercio. Como se dijo, contra el acto reclamado, es procedente el incidente de nulidad de actuaciones. En ese sentido, el quejoso debió combatirlo a través de dicho medio de impugnación, esto es, debió agotar el principio de definitividad, antes de recurrir a esta vía constitucional, lo que en el caso no aconteció. Lo anterior es así, toda vez que, de una interpretación sistemática del artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el diverso 1414 del Código de Comercio, se establece que el incidente de nulidad de las notificaciones constituye el medio de defensa idóneo para impugnar los actos reclamados; de ahí que, es improcedente esta vía biinstancial, ya que ello contravendría el aludido principio que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia número J/34, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1041, tomo XVI, Noviembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto que a continuación se transcriben: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo cual impide el estudio de fondo en relación con ese acto. Es aplicable, la jurisprudencia sin número, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, del volumen 24, tercera parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, que indica: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". II. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la sentencia interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. En otro aspecto, por lo que ve al acto materia de este apartado, este Juzgador de Amparo advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ya que la demanda de amparo fue promovida de manera extemporánea. En efecto, dicho precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso...". De acuerdo con el precepto transcrito, el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad, quién teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable, la jurisprudencia 32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del tomo XXXI, enero de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 165582, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Dicho criterio jurídico cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior, es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del plazo de quince días dentro de los cuales debe presentarse la demanda de amparo, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 1002504, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, para iniciar el cómputo del plazo referido, el conocimiento del acto reclamado debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley; es decir, no debe inferirse con base en presunciones. Lo anterior es así, ya que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de tener todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera contiene el acto reclamado y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de la información necesaria para poder hacerlo. Es de invocarse, la jurisprudencia 5, de la Segunda Sala del máximo tribunal de justicia del país, consultable en la página 6, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 393961, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". En el caso, se retoma que el quejoso reclama de la Jueza del Juzgado Menor Mixto de Tanhuato, Michoacán de Ocampo, la sentencia interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en la que se resolvió el incidente de liquidación de sentencia, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 78/2017. Dicha resolución, fue notificada al ahora quejoso por medio de lista publicada en esa misma data, la cual al no haberse impugnado por el impetrante se encuentra firme y sirve de base para computar el plazo para interposición de la demanda de amparo. La notificación referida surtió efectos el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en términos del artículo 1075 del Código de Comercio, en ese sentido, el plazo de quince días para instar el sumario constitucional transcurrió del veinte de mayo al siete de junio de dos mil diecinueve, por ser sábados y domingos y por tanto inhábiles. En esas condiciones, si la demanda de amparo se presentó el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, resultó extemporánea. Máxime que el caso no se ubica en alguno de los supuestos de excepción al plazo de quince días que regula el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de un amparo presentado contra normas generales por su vigencia, no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se reclama una sentencia definitiva en materia penal ni se combaten actos que involucren derechos agrarios. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia advertida, en relación con acto materia de este apartado, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, lo cual impide el estudio de fondo. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, s R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Pedro Flores Rico, contra los actos reclamados de la autoridad responsable descrita en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto apartados I y II, de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, hasta el día de hoy en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien autoriza y da fe.
- Principal
En diez de abril de dos mil veintitrés, el suscrito Victor Manuel Verduzco Ahumada, secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo CERTIFICO: Que el plazo de que disponía la parte quejosa, para cumplir con la prevención que se le formuló en auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, esto es, manifestar si es su voluntad ampliar la demanda de amparo, transcurrió del diez de marzo al tres de abril de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada por lista el ocho de marzo del año en curso, sin que lo hubiera hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, de la certificación secretarial se desprende que a la fecha, transcurrió el plazo de que disponía la parte quejosa, para cumplir con la prevención que se le formuló en auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, esto es, manifestar si es su voluntad ampliar la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido el auto en cita, y se tiene por desinteresada a la parte quejosa en ampliar su demanda; en consecuencia, se ordena continuar con el trámite del presente juicio de amparo, en la forma planteada inicialmente en su libelo constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Victor Manuel Verduzco Ahumada, quien da fe.
- Principal
En veintidós de marzo de dos mil veintitrés, el licenciado Victor Manuel Verduzco Ahumada, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad CERTIFICO: Que en el correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió un escrito el cual quedó registrado bajo el folio 3689. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. SIN MAYOR TRÁMITE. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos sin mayor trámite, el escrito recibido en el correo institucional de este juzgado y que al parecer suscribe ********************; en razón de que en el mismo no existe la manifestación de la voluntad por la parte que acude ante esta instancia, pues carece de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior es así, pues si bien la promoción de cuenta, se encuentra firmada en forma autógrafa y digitalizada, el acto reclamado en el presente juicio no encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, por tanto, debe constar en original y su presentación debe ser en la oficialía de partes de este juzgado; o bien, ser firmada de manera electrónica, en la forma indicada en el párrafo precedente y posteriormente enviada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Victor Manuel Verduzco Ahumada, quien da fe.
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