Pedro Exiquio Haros Garay
Expediente 12/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Pedro Exiquio Haros Garay
- Mario Gómez Rentería, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado Zona Norte de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, con sede en esta ciudad, encargados de la causa penal 10/2023
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, por haberse sobreseído en el juicio, y en la inteligencia de que en el presente asunto, no obra algún documento original exhibido por las partes, este es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el artículo 20, fracción I del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". Conforme a lo ordenado en el numeral 34, segundo párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otra parte, toda vez que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción del cuaderno que para el efecto se formó. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno de incidente de suspensión, en el que por una parte se negó, y por otra se concedió la suspensión definitiva, es susceptible de conservación; por lo que, archívese como asunto totalmente concluido por el término de tres años, acorde a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". Así, conforme a lo ordenado en el artículo 34, segundo párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo así como también que es conservable. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 12/2023-VII-B; y, R E S U L T A N D O I. Por escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, que por razón de turno, al día siguiente hábil, Pedro Exiquio Haros Garay, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Juez de Control de Distrito Judicial Bravos, residente en esta localidad; que hizo consistir, en la audiencia celebrada el tres de enero de dos mil veintitrés, donde se calificó la legal detención del aquí quejoso, emitida dentro de la causa penal 10/2023. II. Mediante proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número de expediente 12/2023-VII-B; pidió informe justificado a la autoridad responsable; ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente, por auto de veintitrés de marzo del año en curso, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Juez es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que se reclama un acto emitido dentro de un procedimiento del orden penal, atribuido a una autoridad residente en el Distrito Judicial de Bravos, es decir, dentro del ámbito territorial en el cual este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Lo anterior, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integra de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, en síntesis, consiste en la audiencia celebrada el tres de enero de dos mil veintitrés, donde se calificó la legal detención del aquí quejoso, emitida dentro de la causa penal 10/2023. En tales condiciones, éste será el acto que constituya la materia de análisis de este juicio. Es apoyo, la tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado aceptó la existencia del mismo. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que el juez responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de la audiencia reclamada emitida en la causa penal de origen, en atención a que la documental de referencia, al tratarse de un documento certificado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, le corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto reclamado que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del presente asunto es necesario analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio, al tratarse de cuestiones de orden público, en términos de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, no obstante de la certeza del acto reclamado a la autoridad responsable, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, habida cuenta que las causas de sobreseimiento son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión del fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y la tesis de Jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que literalmente señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia." Al respecto, en la especie, de manera oficiosa, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior.". Las disposiciones legales transcritas contemplan el principio de cosa juzgada en el juicio de amparo, que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en los que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos y el cual ya fue reclamado en un juicio de amparo previo, que se encuentre concluido por sentencia ejecutoriada, por lo que esos actos no pueden ser objeto de un nuevo análisis en un diverso juicio de amparo. En materia de amparo, las disposiciones legales invocadas, contemplan una hipótesis de cosa juzgada entre dos juicios de amparo, con vista a la identidad en cuanto al quejoso, autoridad responsable y acto reclamado. Se trata, pues, de dos juicios de amparo iguales, aunque en las correspondientes demandas no se aleguen los mismos conceptos de violación y actos de ejecución distintos, circunstancia ésta que no desvirtúa la mencionada identidad y que fue analizado en una ejecutoria de amparo. Al respecto, se invoca la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la página 3610, Tomo LXXV, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMAR EL ACTO EN DOS AMPAROS." Asimismo, apoya a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, página 226, Tomo XII, julio 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." (Lo subrayado es propio) De lo anterior, se aduce que para que se actualice la invocada causal de improcedencia, se debe cumplir con los siguientes requisitos: Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo. Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo aunque los actos de ejecución distintos. Al respecto, cabe precisar que la finalidad de esta causa de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, es decir, opera el principio de cosa juzgada, por lo que esos actos no pueden ser objeto de un nuevo juicio de amparo. Para tener por demostrada la causa de improcedencia de que se trata, se advierte que el quejoso presentó diverso juicio de amparo, el cual le tocó conocer a este órgano jurisdiccional contra el mismo acto reclamado, y que el veintinueve de junio del año en curso, se emitió sentencia en la cual se negó el amparo a la parte quejosa, misma que causó ejecutoria el treinta y uno de julio siguiente, tal y como se aprecia del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Efectivamente, como se adelantó, la parte quejosa reclama en este juicio de amparo, la audiencia celebrada el tres de enero de dos mil veintitrés, donde se calificó la legal detención del aquí quejoso, emitida dentro de la causa penal 10/2023. Sin embargo, como se desprende del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), se aprecia que este Juzgado de Distrito en el diverso amparo 126/2023, el veintinueve de junio del año en curso, emitió sentencia donde negó la protección de la justicia federal al aquí quejoso, la cual causó ejecutoria el treinta y uno de julio siguiente, contra el mismo acto reclamado en este asunto. De lo anterior resulta que, en la especie, se actualiza la causal de sobreseimiento en principio invocada, en virtud de que el acto aquí reclamado, por la parte quejosa fue materia de otro juicio de amparo por él promovido, se encuentra resuelto y ha causado ejecutoria. Al respecto, es puntualmente aplicable, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la Página 193, tomo VI, parte SCJN, Apéndice de 1995, correspondiente a la Quinta época, que dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Ello en atención a que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que, de acuerdo a esta naturaleza, sería desatinado otorgar a la parte quejosa, la oportunidad de tramitar tantos juicios como oportunidades de nulificar el acto se estimen necesarias. Por lo que, si ante la imposibilidad jurídica de analizar nuevamente la constitucionalidad de un acto sobre el cual ya existe un pronunciamiento firme en un juicio de amparo, la controversia no debe plantearse nuevamente, pues ello abriría la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias, a la proliferación de juicios de amparo, y a que la cosa juzgada fuera obsoleta. Lo esgrimido, encuentra sustento en la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 524, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, diciembre de 2012, tomo 1, Décima Época, que indica: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." De ahí que, al actualizarse los supuestos establecidos para determinar que una resolución fue materia de otro juicio, respecto de la cual no es dable realizar un nuevo estudio al tener la característica de cosa juzgada, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; por lo que, procede sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción V, del ordinal 63, de la legislación en cita. Dicha circunstancia, además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causa de sobreseimiento que se actualizó; acorde con tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, cabe precisar que los criterios que han sido citados, se estiman aplicables al caso en estudio, en virtud a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone lo siguiente: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Por lo expuesto, fundado y motivado, se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Pedro Exiquio Haros Garay, por propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad responsable y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable y tercero interesada.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, fecha en la que las labores del juzgado permitieron su engrose. Doy fe.
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las nueve horas con diez minutos del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, se procede a celebrar la correspondiente a este juicio de amparo 12/2023-VII-B, sin la comparecencia personal de las partes. Abierta la audiencia se procede a la lectura de la demanda de garantías y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Abierto el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza, asimismo, se hace constar que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se advierte promoción alguna pendiente de proveer, y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes que desahogar se cierra dicho periodo. Por otro lado, se pasa a la etapa de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes presentó los que les corresponden y únicamente el Agente del Ministerio Público de la Federación realizó su respectivo pedimento. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda, para lo cual firman esta acta el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en unión del Secretario con quien actúa y da fe.
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