Pedro Estrada Aguilar

Expediente 93/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 39 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
93/2022
Año
2022
Actuaciones
39
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Alfredo Díaz Cruz, Defensor
  • Pedro Estrada Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.  Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.  Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción.  Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión fue concedida la medida definitiva, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a) , del citado acuerdo. Resguárdese el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a) , del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia.  Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII , del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente.  Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase a la Jueza Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes de Apizaco, la causa penal 306/2019, que remitió como apoyo a su informe justificado.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Autoridad informa. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director de Prevención de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecisiete de octubre del año en curso, remite copia certificada de la boleta de libertad administrativa de Pedro Estrada Aguilar, elaborada por el Centro de Reinserción Social de Apizaco. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, así como del contenido de las constancias de referencia, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior".Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora bien, cabe recordar que en el presente juicio de amparo se señalaron como autoridades responsables actos reclamados, lo siguientes: Así, del estado de autos se advierte que, la parte quejosa se duele de la privación de libertad del que era objeto derivada de la orden de reaprehensión dictada en la causa penal 306/2019 del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para adolescentes, sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala y la Jueza Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes y el Director de Prevención de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se obtiene que el cuatro de octubre de dos mil veintidós, el Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala y la Jueza Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes dentro de la carpeta de ejecución 71/2022 de su índice, declaró que el aquí quejoso Pedro Estrada Aguilar, compurgó al pena de prisión que le fue impuesta en sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, por lo que se giró boleta de liberta en la misma fecha respecto del quejoso de referencia. A las constancias de referencia se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, tomando en cuenta; resulta evidente que a la data en que se actúa ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado cuatro de octubre del año en curso, se determinó que el quejoso Pedro Estrada Aguilar, compurgó su pena impuesta, por el hecho que la ley señala como delito de incumplimiento a la obligación alimentaria; y, por ende, ordenó girar boleta de libertad, para poner en inmediata libertad al quejoso. De esta manera, la existencia de tal determinación, acaecida después de presentada la demanda de amparo, son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, pues como quedó evidenciado al haberse declarado que el aquí quejoso Pedro Estrada Aguilar, compurgó al pena de prisión que le fue impuesta en sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el proceso 306/2019 del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes, instaurada en su contra por el delito de incumplimiento a la obligación alimentaria, y al haberse girado boleta de libertad correspondiente, se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis XXI.1o.48 P, visible en la página 1024 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, del tenor literal siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo". Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a CXI/96, publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Materia Común, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL", estableció que, para actualizar la causa de improcedencia en comento, por regla general deben concurrir los requisitos siguientes: Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. Que no sea jurídicamente posible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. A criterio de quien esto determina, en el caso se encuentran reunidos dichos requisitos y por tanto, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas al operar un cambio de situación jurídica, ya que las consecuencias derivadas de los actos reclamados, dejaron de tener efectos, al determinarse no calificar de legal la detención dentro de la causa de origen; luego, procede decretar el sobreseimiento en la presente audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, ya que la causal de improcedencia invocada es manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse. Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, ante la determinación de que el quejoso Pedro Estrada Aguilar, ha compurgado su pena y se ordenando su inmediata libertad dentro del proceso 306/2019, por lo que se procede a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con doce minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Priscila Rivera Valera, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Razón actuarial, se ordena notificar por lista de acuerdos. Agréguese a los autos la razón de cuenta elaborada por el actuario adscrito a este juzgado, en atención a su contenido, téngasele manifestando la imposibilidad de notificar al quejoso Pedro Estrada Aguilar, los proveídos de veintisiete, veintinueve y treinta de septiembre y siete de octubre, todos de dos mil veintidós, en el lugar donde se encontraba recluido, por los motivos que indica en la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso el acuerdo de referencia, por medio de lista de acuerdos. Sin perjuicio de que las notificaciones a sus autorizados continúen practicándose en las listas que se fijan en los estrados de este juzgado. Notifíquese personalmente al quejoso mediante lista los acuerdos de veintisiete, veintinueve y treinta de septiembre y siete de octubre, todos de dos mil veintidós. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Priscila Rivera Valera, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe. Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias requeridas. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del proceso penal 306/2019 de su índice que se instruyó en contra del aquí quejoso Pedro Estrado Aguilar, hace del conocimiento dicha determinación; asimismo, informa que el citado quejoso se desistió del incidente no especificado, respecto de la incompetencia, al cual acompaña copia certificada del desistimiento. Pruebas En consecuencia, se tienen como pruebas de la autoridad responsable oficiante las documentales que anexa al oficio de cuenta, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con el oficio y anexo de mérito, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Estado de autos. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintitrés de agosto se requirió a la autoridad responsable Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, así como a la parte quejosa, informaran respectivamente a este órgano jurisdiccional a quien le reviste el carácter de defensor de éste dentro del proceso 306/2019, del índice de la autoridad citada en líneas que anteceden. Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad oficiante se advierte la comparecencia para ratificar el escrito de treinta y uno de agosto del año en curso, presentado por el aquí quejoso a efecto de desistirse del incidente no especificado respecto de la incompetencia del juzgado de origen para conocer del asunto, del cual se advierte la comparecencia de Verónica Ortega Juárez, en su carácter de defensora particular del procesado y aquí parte quejosa Pedro Estrada Aguilar, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Priscila Rivera Valera Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe. Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que por número de oficio 1885, se tuvo a la Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, remitiendo ante este órgano jurisdiccional la sentencia de veintidós de septiembre del año en curso, dictada dentro del proceso penal 306/2019 de su índice, de la cual se advierte en lo que aquí interesa en su resolutivo tercero; lo siguiente:...De lo anterior se advierte que al quejoso Pedro Estrada Aguilar, se le impuso una pena de ocho meses y quince días de prisión, los cuales deberán ser compurgados en el lugar que designe el Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala, debiéndose tomar en cuenta los días que estuvo privado de su libertad; esto es, del veintiuno al veinticinco de septiembre de dos mil veinte y a partir del veinticinco de enero de dos mil veintidós; por tanto, a la presente data han transcurrido aproximadamente más de ocho meses. Por tanto, requiérasele a la Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, para que dentro del término de veinticuatro horas a la recepción del oficio que se gire para tal efecto, haga del conocimiento lo siguiente: Informe la situación jurídica del quejoso Pedro Estrada Aguilar; es decir, si a la presente data se encuentra privado de su libertad; Precise la temporalidad por la cual el quejoso Pedro Estrada Aguilar, debe compurgar la pena; esto es, la fecha que se tiene por cumplida la condena impuesta en sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dentro del proceso penal 306/2019 de su índice; y, En caso de haber fenecido la pena impuesta de ocho meses quince días al directo quejoso, informe los motivos por los cuales se encuentre privado de su libertad y en su defecto manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Apercibimiento. Apercibido que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a), de la base II, del artículo 41, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A, del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237,fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Ahora, si bien la fecha señalada no se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, ello es con la finalidad de dar oportunidad a los Actuarios Judiciales para que practiquen las notificaciones y demás diligencias que se ordenen en el presente asunto; lo anterior, tomando en consideración el contexto de la actual pandemia por el virus Covid-19, así como las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal a fin de mitigar el referido fenómeno de salud pública, entre las cuales se encuentran la reducción del horario de atención al público y la disminución de la cantidad de servidores públicos que desarrolla trabajo presencial. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Priscila Rivera Valera Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe. Apizaco, Tlaxcala, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Formula alegatos Agente del Ministerio Público adscrito. Agréguese a los autos el alegato ministerial 204/2022 signado electrónicamente por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo a este Juzgado de Distrito; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que a título de alegatos formula, las que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Solicita copias certificadas. Asimismo, respecto a la copia certificada que solicita, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2°, una vez que se dicte la sentencia en el presente juicio, expídasele la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Priscila Rivera Valera Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe. En Apizaco, Tlaxcala, siete de octubre de dos mil veintidós. Autoridad informa. Agréguese el oficio signado por el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia par Adolescentes, mediante el cual informa que el tres de octubre de este año, causó ejecutoria la sentencia dictado en el expediente 306/2019 de su índice, en contra de Pedro Estrada Aguilar; asimismo, dicho expediente se dejó a disposición del Juez de Ejecución Especializado en medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el juicio de origen. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61 y 75 de la ley de Amparo, requiérase al Juez de Ejecución Especializado en medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de tres días legalmente computados informe el estado que guarda el expediente de ejecución derivado de la sentencia dictada en el juicio 306/2019, del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, y remita las constancias que acrediten su dicho. Medios de convicción que se consideran necesarias para resolver conforme a derecho, las cuales deberán encontrarse completas, legibles y en orden secuencial. Apercibimiento. Apercibido que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a), de la base II, del artículo 41, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A, del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237,fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Priscila Rivera Valera, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Autoridades informan. Agréguense los oficios signados por el Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala y la Jueza Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, mediante los cuales informan que en la carpeta de ejecución 71/2022, mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós, se declaró que Pedro Estrada Aguilar, compurgó la pena de prisión que le fue impuesta en sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, por lo que se giró boleta de libertad. Requerimiento. En virtud de lo anterior, requiérase al Director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de que en el término de tres días, legalmente computados informe si se dejó el libertad al aquí quejoso Pedro Estrada Aguilar, única y exclusivamente por cuanto hace a la carpeta de ejecución 71/2022, relacionada con la causa judicial 306/2019 y remita las constancias que acrediten su dicho. Medios de convicción que se consideran necesarias para resolver conforme a derecho, las cuales deberán encontrarse completas, legibles y en orden secuencial. Apercibimiento. Apercibido que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Priscila Rivera Valera, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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