Pedro Enrique Najera Blanco
Expediente 807/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 807/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Pedro Enrique Najera Blanco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
I. Se realiza pronunciamiento en torno al cumplimiento. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. II. Efectos de la sentencia ejecutoria. El cuatro de agosto de dos mil veintidós, fue dictada sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la respuesta emitida en el oficio STYPS/DIL/058/2022 de veintisiete de junio de dos mil veintidós; y, 2. Con libertad de jurisdicción, dicte una nueva respuesta en los términos que considere ajustados a derecho, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, y la notifique personalmente al quejoso en el domicilio que para tal efecto haya proporcionado, en caso de haberlo hecho." El veintitrés de agosto del mismo año, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que la autoridad responsable fue requerida para dar cumplimiento al fallo protector. III. Pronunciamiento sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo. Para dar cumplimiento a lo anterior, el Encargado de la Dirección de Inspección Laboral remitió el oficio STYPS/DIL/077/2022. Con ello se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintidós, sin que realizara manifestación alguna. Ahora, conforme a los efectos de la sentencia de amparo, la autoridad responsable quedó constreñida a dejar insubsistente la respuesta recaída a la solicitud formulada por la quejosa y dictara una nueva donde diera contestación nuevamente pero de manera fundada y motivada. Lo anterior atendió a que, en la petición de mérito, el quejoso solicitó a la autoridad responsable que llevara a cabo una inspección en el Colegio de Bachilleres del Estado de Durango y Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de aquél, a lo cual la responsable se negó por carecer de competencia, sin expresar los motivos y fundamentos legales para arribar a esa conclusión. Así, la autoridad responsable, al dar cumplimiento, dejó sin efectos la respuesta de mérito y emitió una nueva donde indicó que, con fundamento en los artículos 123, fracción XXXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 527 de la Ley Federal del Trabajo y 10 del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, únicamente tenía competencia para verificar condiciones generales de trabajo, capacitación, adiestramiento, seguridad e higiene, en centros de trabajo de jurisdicción local, por lo que al no especificarse las inconformidades de los trabajadores, existía imposibilidad para determinar la competencia, hasta en tanto no especificara el tipo de inconformidad, esto es, si la inspección versa sobre condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento, seguridad o higiene, por lo que una vez que sea informado sería programada la inspección que corresponda. Lo anterior refleja que la autoridad cumplió a cabalidad con la sentencia de amparo, sin excesos o defectos, en la medida de que fueron indicados los fundamentos legales considerados aplicables y las razones para subsumir el caso particular en las hipótesis legales a fin de justificar la determinación. En consecuencia, con apoyo en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, téngase por cumplido el fallo protector. IV. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, de no ser recurrida la presente determinación, archívese el expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo. V. Valoración del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Notifíquese personalmente.
- Principal
I. Se realiza pronunciamiento en torno al cumplimiento. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. II. Efectos de la sentencia ejecutoria. El cuatro de agosto de dos mil veintidós, fue dictada sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la respuesta emitida en el oficio STYPS/DIL/058/2022 de veintisiete de junio de dos mil veintidós; y, 2. Con libertad de jurisdicción, dicte una nueva respuesta en los términos que considere ajustados a derecho, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, y la notifique personalmente al quejoso en el domicilio que para tal efecto haya proporcionado, en caso de haberlo hecho." El veintitrés de agosto del mismo año, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que la autoridad responsable fue requerida para dar cumplimiento al fallo protector. III. Pronunciamiento sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo. Para dar cumplimiento a lo anterior, el Encargado de la Dirección de Inspección Laboral remitió el oficio STYPS/DIL/077/2022. Con ello se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintidós, sin que realizara manifestación alguna. Ahora, conforme a los efectos de la sentencia de amparo, la autoridad responsable quedó constreñida a dejar insubsistente la respuesta recaída a la solicitud formulada por la quejosa y dictara una nueva donde diera contestación nuevamente pero de manera fundada y motivada. Lo anterior atendió a que, en la petición de mérito, el quejoso solicitó a la autoridad responsable que llevara a cabo una inspección en el Colegio de Bachilleres del Estado de Durango y Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de aquél, a lo cual la responsable se negó por carecer de competencia, sin expresar los motivos y fundamentos legales para arribar a esa conclusión. Así, la autoridad responsable, al dar cumplimiento, dejó sin efectos la respuesta de mérito y emitió una nueva donde indicó que, con fundamento en los artículos 123, fracción XXXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 527 de la Ley Federal del Trabajo y 10 del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, únicamente tenía competencia para verificar condiciones generales de trabajo, capacitación, adiestramiento, seguridad e higiene, en centros de trabajo de jurisdicción local, por lo que al no especificarse las inconformidades de los trabajadores, existía imposibilidad para determinar la competencia, hasta en tanto no especificara el tipo de inconformidad, esto es, si la inspección versa sobre condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento, seguridad o higiene, por lo que una vez que sea informado sería programada la inspección que corresponda. Lo anterior refleja que la autoridad cumplió a cabalidad con la sentencia de amparo, sin excesos o defectos, en la medida de que fueron indicados los fundamentos legales considerados aplicables y las razones para subsumir el caso particular en las hipótesis legales a fin de justificar la determinación. En consecuencia, con apoyo en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, téngase por cumplido el fallo protector. IV. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, de no ser recurrida la presente determinación, archívese el expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo. V. Valoración del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO: PARTE QUEJOSA. PROVEÍDO 01-SEPTIEMBRE-2022 Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio STYRS/DIL/077/2022 y anexo suscrito por el Encargado de la Dirección de Inspección Laboral, en el que da cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; atento a su contenido, previo a tener por cumplida la sentencia, dese vista de manera personal a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, exprese lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia, que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Con fundamento en los artículos 2º y 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al licenciado Salvador Saenz Sánchez, Director de Inspección Laboral en la Ciudad de Durango, para que dentro del término de tres días, dé cumplimiento a la sentencia protectora de garantías en los siguientes términos: 1. Deje insubsistente la respuesta emitida en el oficio **** de veintisiete de junio de dos mil veintidós; y, 2. Con libertad de jurisdicción, dicte una nueva respuesta en los términos que considere ajustados a derecho, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, y la notifique personalmente al quejoso en el domicilio que para tal efecto haya proporcionado, en caso de haberlo hecho. Se apercibe a la referida autoridad responsable que de incumplir con su respectiva prevención, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigentes al día del eventual incumplimiento, en términos de los artículos 237, fracción I y 238 de la ley en cita. Así mismo, se le apercibe, de que se remitirá el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 238 y 258, de la Ley de Amparo. Además, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime la responsabilidad a la autoridad responsable, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Lo anterior tiene sustento en los artículos 194, 195, 197 y 198, de la ley de la materia. Notifíquese.
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