Pedro Emmanuel Urbina García
Expediente 313/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 313/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pedro Emmanuel Urbina García
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio 16260/2019 suscrito por la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de diverso 11443 de catorce de junio del presente año, mediante el cual se le devolvió el juicio de amparo 501/2019, del índice de ese órgano jurisdiccional e informa que no insiste en declinar la competencia planteada; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de garantías. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el presente asunto no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En la inteligencia de que este asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Recepción de Incompetencia. Se tiene por recibido el oficio 14614/2019, signado por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, mediante el cual transcribe el acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, dictado por el titular de ese órgano jurisdiccional dentro del juicio de amparo número 501/2019 de su estadística, por el cual remite los autos originales de dicho juicio, en virtud de que en ese proveído determinó carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo de que se trata, promovido por ***, en representación de ***, contra actos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades. Registro de expediente. Por lo tanto, se ordena registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 313/2019, y se procede hacer el pronunciamiento correspondiente en los términos del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. Razones por las que se declinó la competencia. El Juez Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, a través de su auto de diez de junio de dos mil diecinueve, puntualizó las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio en que haya tenido ejecución el acto reclamado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; en los términos siguientes: ". Articulo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda: Dispositivo legal del que se desprenden básicamente tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda; Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Una vez establecidas las disposiciones legales aplicables, en el presente asunto, se estima actualizada la primera regla de competencia, por las siguientes razones: En la demanda se señala como acto reclamado: La orden de traslado que se llevó a cabo del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I de la Ciudad de México al CEFERESO número 17 ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Estado de Michoacán. Acto que evidentemente tiene verificativo precisamente en el lugar en el que se encuentra recluido el quejoso, esto es, en el CEFERESO número 17 ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Estado de Michoacán. En ese sentido, la orden de traslado del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I de la Ciudad de México al CEFERESO número 17 ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Estado de Michoacán, llevada a cabo el uno de junio de dos mil diecinueve, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitaron hechos continuos tendentes al traslado material del quejoso, esto es, sus efectos no se agotaron con su sola emisión, sino que se prolongaron en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordenó dicho traslado siguió actuando constantemente hasta su ejecución, la que culminó, es decir, se ejecutó con la reclusión del impetrante en el CEFERESO número 17 ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Estado de Michoacán. De lo que se sigue que el acto reclamado se está ejecutando en el Estado de Michoacán, pues tal y corno se señala en el escrito inicial de demanda, el directo quejoso se encuentra privado de su libertad en el CEFERESO número 17 ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Estado de Michoacán; por tanto, este Juzgado de Distrito es legalmente incompetente, por cuestión de territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues dada la naturaleza del acto reclamado, se tiene que en el caso se surte la primera regla competencial, específicamente, la hipótesis relativa al lugar donde se están ejecutando el acto, en ese sentido, si se atiende a que el acto que en esta vía se impugna, por su naturaleza no es autónomo, sino que envuelve una ejecución material, lo que significa que para determinar, en el caso, la competencia debe establecerse el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo tanto, se concluye, debe conocer de la demanda de derechos fundamentales el Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno; máxime que la competencia para conocer del referido juicio, radica precisamente en el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentre recluido el impelente de amparo, esto es en el Estado de Michoacán, municipio de Buenavista Tomatlán -según lo refiere la promovente bajo protesta de decir verdad-, porque es donde se le está afectando al quejoso en su libertad personal y se está ejecutando dicho acto. Resulta aplicable de forma ilustrativa, la jurisprudencia 1ª./J. 14/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 633, libro 5, tomo I, abril de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE: DE LIBERTAD ANTI- CIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido. Decisión sobre la no aceptación de competencia. El suscrito comparte del Juez declinante en cuanto a la forma que aplican las reglas del artículo 37 de la Ley de Amparo; sin embargo, de manera muy respetuosa no comparte la postura del citado Juez, en el sentido de que para el presente caso se está en el supuesto de la primera regla del citado numeral, ni aplica la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EN EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO". Lo anterior es así, ya que el Juez declinante precisó como acto reclamado de la parte quejosa la orden de traslado del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I de la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán" con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, llevada al cabo el uno de junio de dos mil diecinueve, del cual refiere, que por su naturaleza jurídica es acto que fue sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se presentaron diversos hechos continuos tendentes al traslado del quejoso, esto es sus efectos no se agotaron con su emisión, sino que se prolongaron en el tiempo con motivo de su ejecución pues la autoridad que ordenó dicho traslado siguió actuando constantemente hasta su ejecución, la que culmino, es decir, se ejecutó con la reclusión del impetrante en el Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán" con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán. Sin embargo, atendiendo a la jurisprudencia de Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO", en la que se especificó que las ordenes de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, y por tanto, se considera la competencia se surte ante el Juez que se presentó la demanda. En consecuencia, debe tenerse en consideración el marco jurídico que estatuye la competencia de los Jueces de Distrito en lo relativo al lugar en donde los actos tienen ejecución, para determinar válidamente su aplicación al caso concreto. En ese tenor, se tiene que el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la trascripción de este artículo se desprenden tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1. La competencia de un Juez de Distrito se determina en razón de que en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito pero continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Sólo cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, es competente para conocer del asunto aquel Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, para determinar qué supuesto aplica en el caso concreto, como ya se precisó que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito (Ciudad de México) y sigue ejecutándose en otro (Buena Vista Tomatlán, Michoacán), será competente el Juez de Distrito donde se presentó la demanda, ya que de conformidad con la jurisprudencia citada en último término, la orden de traslado del reo materia del presente asunto, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario, circunstancia que también preciso el juez declinante. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 citado y, no en el primero como lo precisó el juez declinante, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se presentó, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio que señala lo siguiente: Tesis: 1a./J. 35/2008 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 169343 1 de 1 Primera Sala Tomo XXVIII, Julio de 2008 Pag. 225 Jurisprudencia(Penal) COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, segundo párrafo, y 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia legal, planteada por el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, por lo que se ordena remitir el cuaderno de amparo 501/2019, del índice de ese juzgado, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, de lo cual se solicita al Juez declinante acuse el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones relativas en el Libro de Gobierno. Autorización de oficios. Se autoriza a los secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Anotaciones. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese.
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