Pedro Emmanuel Cruz Cervantes

Expediente 200/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
200/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
16/05/2017

Partes del expediente

  • Pedro Emmanuel Cruz Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual comunica a este Juzgado Federal que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Pedro Emmanuel Cruz Cervantes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y con fundamento en el numeral 214 de la Nueva Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, como asunto concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que el presente asunto se remitió por incompetencia al órgano jurisdiccional citado en párrafos que anteceden, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran seis meses de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR PARTE DEL QUEJOSO, POR ESTE CONDUCTO SE LE NOTIFICA: RECEPCIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. Visto el escrito de demanda que promueve ***, por propio derecho, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Secretaría de Economía y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ambos residentes en la Ciudad de México, por violación a los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 200/2017-IV.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. En atención a su contenido y anexo que se acompaña, se acuerda lo siguiente: De la demanda de amparo se desprende que ********************, por propio derecho, señala como autoridades responsables a las que denominó como: Secretaría de Economía y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ambos con residencia en la Ciudad de México, autoridades a las que reclamó, en lo conducente, lo siguiente: "4.- RECLAMO LA OMISIÓN DE APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL, PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, DONDE TIENE FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA FIJAR PRECIOS, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: FORMULAR Y CONDUCIR LAS POLÍTICAS GENERALES DE INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR, INTERIOR, ABASTOS Y PRECIOS DEL PAÍS, ESTO ES, LA CONDUCTA OMISIVA DE NO FIJAR LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA). 1.- El artículo 12 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación que faculta al ejecutivo para fijar los precios de los combustibles es inconstitucional porque se trata de una facultad exclusiva del Poder Legislativo reconocida en el artículo 73 del pacto Federal. 2.- Las inconsistencias del Ejecutivo al Acuerdo 98/16 de los precios de la gasolina por región, toda vez que los Secretarios de Estado debieron de haber firmado y al no hacerlo de esa manera viola lo preceptuado en el punto inmediato anterior, es por ello, que carece de legalidad por no encontrarse acorde con el artículo 92 Constitucional, mismo que encuentra relación con el artículo 1° de este Ordenamiento Supremo invocado, atentando el principio de equidad e igualdad. 3.- Que los precios de la gasolina carecen de fundamentación y motivación violando con ello los artículos 14 y 16 de nuestra norma suprema en el país. Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le reclamo: En atención a lo normado en los artículos 72, 73 y 89 de la Norma Suprema en el País, el NO ejercer la facultad de veto al Aumento del Impuesto a la Gasolina, el no dar una solución pacífica a la controversia y, no fundar y motivar el aumento del impuesto a la gasolina.." La parte promovente expone, en la relación de antecedentes de su demanda de amparo, que es una circunstancia pública que a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, el precio de la gasolina tiene y continuará con aumentos hasta de un 20% durante todo el año. Asimismo, aduce que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los precios y los esquema de aumentos que tendrá el combustible durante el año dos mil diecisiete en las noventa regiones en las que fue dividido el país; precios máximos para cada región que están disponibles en la página de la Comisión Reguladora de Energía y además, el año comenzará con un solo precio máximo durante enero, hasta el tres de febrero; en las dos primeras semanas del anotado mes habrá dos actualizaciones en el precio, y a partir del dieciocho de febrero siguiente, los ajustes al precio serán diversos; y de igual forma, los precios máximos serán diferentes entre las distintas regiones del País, atendiendo a los costos de llevar los combustibles a cada región, los precios de referencia internacional de cada combustible, los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex y otros conceptos, incluyendo los impuestos aplicables y el margen comercial para las estaciones de servicio. Agrega además que, la Secretaría de Economía omite y/o inaplica el artículo 28 Constitucional y el artículo 8 de la Ley Federal de Competencia Económica esto es, la autoridad que señala como responsable no aplica y por ende, no cumple con su obligación Constitucional de fijar los precios máximos de los combustibles. Así, el artículo 28 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la quejosa menciona a la letra dice: "Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria." "En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social." "Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses." Por su parte, el artículo 8 de la Ley Federal de Competencia Económica dispone: "Artículo 8. No constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales, siempre que:" "I. Dichos productos nacionales o industriales sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o no sean artículos de primera necesidad;" "II. Sus ventas o distribución no se realicen dentro del territorio nacional;" "III. Dichas asociaciones o sociedades cooperativas estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y estén previamente autorizadas en cada caso para constituirse por la legislatura correspondiente a su domicilio social;" "IV. La membresía a dichas asociaciones o sociedades cooperativas sea voluntaria y se permita la libre entrada y salida de sus miembros, y" "V. No otorguen o distribuyan permisos o autorizaciones cuya expedición corresponda a dependencias o entidades de la administración pública federal." "Los Agentes Económicos referidos en este artículo estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese contexto, es menester señalar que las cuestiones de índole competencial son de orden público, por constituir un presupuesto procesal de la acción constitucional. Y que para determinar la competencia del Juez de Distrito, debe atenderse, por regla general, no sólo al señalamiento de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, a los actos reclamados, a los preceptos constitucionales invocados, y a los hechos narrados en la demanda de amparo; sino también, a los antecedentes del caso, a las constancias e información aportada en el sumario y preponderantemente, el lugar en que se va llevar a cabo, o tiene su repercusión o ejecución el acto reclamado, lo que fijará de plano la competencia; salvo la hipótesis de especialización por materia, caso en el que, con independencia del lugar donde tuvo ejecución el acto reclamado o haya prevenido el Juez de Distrito, conocerá del asunto el Juez Especializado en la Materia de que se trate de conformidad con los establecido por el artículo 34 párrafo segundo, parte final, de la Ley de Amparo. Por lo hasta aquí anotado, se considera que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato residente en Celaya, no es legalmente competente para conocer de la demanda promovida, en razón de que la solicitante del amparo reclama actos que se encuentran vinculados con la competencia económica, ya que se reclama la inobservancia del artículo 28 Constitucional, en relación con el artículo 8 de la Ley Federal de Competencia Económica, lo que podría traer como consecuencia, lo siguiente: 1. La liberación de los precios de la gasolina al libre mercado. 2. No se encuentran fijados los precios de las gasolinas en todo el país. 3. Al zonificar los precios de la gasolina de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado de consumo, se vulneran principios de equidad, proporcionalidad e igualdad de la Ley. Sobre el tema, es aplicable, en lo conducente, la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto que dice: Época: Décima Época, Registro: 2008591, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), Página: 1746: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. (El énfasis es añadido). PLENO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. Contradicción de tesis 5/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República. Por ello, de acuerdo con el ya mencionado artículo 34 segundo párrafo, parte final, de la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el diverso numeral 48 primer párrafo del citado ordenamiento legal, este Órgano de Control Constitucional estima que corresponde el conocimiento del asunto al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en turno, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, en términos del Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región; con fundamento en el artículo 48 primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo, sus anexos y sus copias, así como escrito aclaratorio, y copias, al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en turno, con sede en la Ciudad de México, para que de conformidad con el indicado artículo 48 segundo párrafo, primera parte, de la mencionada Ley, se pronuncie y resuelva sobre si acepta o no el conocimiento del asunto y lo informe a este Juzgado de la Federación. Fórmese cuaderno de antecedentes. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el ubicado en calle ***; y como autorizados de su parte, a los licenciados ***, en los términos más amplios del primer párrafo del numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen su cédula profesional debidamente registrada en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano