Pedro Eliseo Sanchez Vargas

Expediente 1651/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1651/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
19/01/2018

Partes del expediente

  • Pedro Eliseo Sanchez Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 1783, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y además en términos del artículo 66, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, queda el contenido del oficio en mención y su anexo, en la secretaría de este juzgado, a la vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifieste o no, lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista respectiva, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable.

  2. Principal

    Por recibido el oficio registrado con folio 973, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que obre como corresponda

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Ana Samantha Davis Sánchez, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita: Copia certificada del acuerdo que haya recaído al escrito presentado por la parte actora el quince de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral 01/1740/12. Copia certificada de las constancias de notificación realizadas a las partes respecto de dicho acuerdo. No obstante lo anterior, se apercibe a Ana Samantha Davis Sánchez, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que de incumplir con la ejecutoria de amparo en el plazo otorgado, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2000099, del rubro siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Miguel Ángel Rojas Araos, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las once horas con veintitrés minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en audiencia pública el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con asistencia de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1651/2017, promovido por Pedro Eliseo Sánchez Vargas, por su propio, y sin asistencia de las partes. Abierta la misma, se procedió a hacer relación de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, entre las que se destacan por su importancia escrito inicial de demanda de garantías, auto admisorio e informe justificado; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas"; al respecto el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación Secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, en período probatorio. Abierto el mismo, con fundamento en el artículos 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que remitió la autoridad responsable, consistente en copia certificada de la constancia derivada del expediente laboral 01/1740/12-JEI. Enseguida, se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento, consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la siguiente resolución. Doy fe. VISTOS, para resolver; los autos del juicio de amparo 1651/2017, promovido por Pedro Eliseo Sánchez Vargas, por su propio derecho, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los artículos 1, 5, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, y remitido el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Pedro Eliseo Sánchez Vargas, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el cual hizo consistir en: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 1° FRACCION I Y 107 FRACCION III INCISO B, FRACCIÓN V DE LA LEY DE LA MATERIA. Consiste en la omisión de la autoridad responsable de impartir justicia en los plazos y términos previstos por la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 6°, 685°,686° 687°, 735 y 838° en relación con los artículos 1°, 5°, 8°, 17° constitucionales al no realizar los actos necesarios para hacer efectivo el crédito Laboral obtenido a mi favor. Por lo tanto, la autoridad responsable con su omisión injustificada obstaculiza la impartición de justicia pronta y expedita en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables al caso, ya que ha transcurrido en exceso el tiempo establecido sin que la autoridad haya cumplido con la disposición legal citada. Lo que implica que debe realizar los actos tendientes a emitir la resolución correspondiente y necesaria para tal fin, pues solo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige. Siendo dicho acto de omisión, lascivo y violatorio de mis garantías y derechos humanos, puesto que tal y como se advierten de las constancias que integran los autos ha transcurrido en demasía el termino que prevé la ley federal del trabajo para que la autoridad responsable se avoque a la resolución del conflicto, dejando en estado de indefensión e incertidumbre jurídica al hoy quejoso." SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías de que se trata, la cual quedó registrada bajo el número 1651/2017, misma que, mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite, en el que se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable, además, en el citado proveído igualmente, se hizo del conocimiento de las partes que, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la sentencia se testaran los datos reservados o clasificadas, indicándose dichos datos de manera genérica. En este contexto, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede, en la que se ordenó dictar la sentencia definitiva que ahora se emite, en los términos siguientes; CONSIDERANDOS PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48,49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por los numerales 33 y 35 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia laboral en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía consiste en: "La omisión de la autoridad responsable, al no acordar el escrito presentados por la parte actora el quince de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del plazo señalado para ello por la ley, dentro del expediente laboral 01/1740/12-JEI, en los que se realizan diversas peticiones en relación a la ejecución del laudo.". TERCERO. La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente, manifestó que es cierto el acto que se le reclama. CUARTO. En este contexto, toda vez que las partes en el presente asunto no hacen valer ninguna causa de improcedencia y como este juzgado tampoco advierte de oficio que se actualice una de ellas, lo procedente es el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los conceptos de violación planteados por el quejoso en su demanda de garantías. Este órgano jurisdiccional considera innecesaria la trascripción de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, sin que ello implique que se viole alguna disposición de la Ley de Amparo, además de que bajo esta circunstancia no se le deja en estado de indefensión, pues el hecho de que no se realice la trascripción de los mismos, no significa que el Juez de amparo este impedido para el estudio integral de ellos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número VI.2O. J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a fojas 599, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." QUINTO. Resultan substancialmente fundados los conceptos de violación, por las siguientes consideraciones. En la especie, el solicitante del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de la autoridad responsable, al no acordar el escrito presentados por la parte actora el quince de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del plazo señalado para ello por la ley, dentro del expediente laboral 01/1740/12-JEI, en los que se realizan diversas peticiones en relación a la ejecución del laudo. De ahí que sea conveniente precisar lo que establece el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 838 establece: "La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de la Ley." Por su parte, la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su presidenta, al rendir su informe justificado, manifestó que: "ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO. sin embargo tal demora no es por negligencia, dolo o mala fe. sino que cuenta con excesiva carga de trabajo." De lo antes visto, es dable afirmar que le asiste la razón al quejoso, por las siguientes razones. En primer término, cabe hacer mención que de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso refiere que la autoridad responsable ha sido omisa al no acordar el escrito presentados por la parte actora el quince de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del plazo señalado para ello por la ley, dentro del expediente laboral 01/1740/12-JEI, en los que se realizan diversas peticiones en relación a la ejecución del laudo, de lo cual se advierte que se ha excedido de los límites establecidos en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, de las constancias que obran en autos se desprende que en efecto a la fecha en que el quejoso presentó su demanda de garantías, que lo fue el diez de octubre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable no emitió ningún acuerdo que haya recaído a la promoción referida en el expediente laboral 01/1740/12-JEI, no obstante de haber transcurrido mas de dos meses, a la fecha en que se resuelve el presente asunto, dejando de observar lo que establece el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, en perjuicio de la quejosa. Omisión que sin duda alguna resulta ser violatoria de garantías, toda vez, que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Y en el caso a estudio, la autoridad responsable, vulnera en perjuicio del ahora quejoso, la garantía antes señalada, toda vez que omite dictar dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes de haber recibido la promoción del impetrante de garantías, por lo que dicha omisión ocasiona que exista una evidente dilación en la administración de justicia, contraviniendo los principios de economía, concentración y sencillez que rigen el proceso laboral, tal como lo establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, resulta inconcuso que la autoridad responsable dejó de observar lo dispuesto por el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior se estima de esa forma, en virtud de que como ha quedado asentado, no obstante de haber transcurrido mas de dos meses, a la fecha en que se resuelve el presente asunto, tiempo que resulta excesivo, tomando en consideración que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, establece que en los juicios laborales, las Juntas dictarán sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de la cuarenta y ocho horas siguientes de que reciba promociones por escrito, por lo que resulta evidente que la autoridad responsable, vulneró en perjuicio de la quejosa la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional. En consecuencia, lo procedente es conceder a Pedro Eliseo Sánchez Vargas, el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado, para los siguientes efectos: Que la autoridad responsable, sin mayores dilaciones, acuerde el escrito presentado por la parte actora el quince de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 01/1740/12-JEI en los que se realizan diversas peticiones en relación a la ejecución del laudo, y en caso de ser procedente, tome las medidas atinentes a su cumplimiento dentro del término de ley. Lo anterior en el entendido de que la concesión del amparo en los términos apuntados, no prejuzga sobre la procedencia o no, de la solicitud formulada, por lo que sus efectos son única y exclusivamente para que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en pleno uso de sus atribuciones y facultades, resuelva de inmediato lo que considere pertinente en relación a al escrito elevados a su consideración y lo notifique al impetrante de amparo. Resulta de aplicación al caso, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, con el número 3ª. XXXIV/92, Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." No se desatiende que, las omisiones de ejecutar el laudo dentro de los términos que marca la ley, pueden ser clasificados como actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su inejecución, pues en esta etapa del procedimiento, corresponde el impulso procesal a la parte que obtuvo lo pedido en el juicio y por ello, por ello, no es factible que de manera oficiosa este Juzgado de Distrito analice la actitud omisa de la responsable, pues esto depende del interés e impulso que la parte interesada dé a la ejecución del laudo que le fue favorable Lo anterior encuentra apoyo en la ejecutoria de diecinueve de octubre de dos mil once, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 339/2011, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dio origen a las jurisprudencias con rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez trascurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". Debido a lo antes expuesto, es que, no es factible que este juzgado de distrito se ocupe de todo el periodo de ejecución del laudo, porque esta etapa es de impulso procesal obligado del actor en el juicio de origen, el cual debe ser constante y efectivo, y por ello, corresponde a el impetrantes de amparo, efectuar todas las gestiones atinentes para lograr la ejecución del laudo. Sin que obste a la presente determinación, el hecho de que la autoridad responsable manifieste en su informe justificado que el retardo en el dictado del laudo de ley se debe a la excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad instalada y recursos materiales y humanos insuficientes, invocando al respecto la Jurisprudencia P./J. 32/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido siguientes: "TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTÚO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia". Lo anterior es así, en virtud de que, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, u otras, esto podrá válidamente efectuarse a partir de casos y condiciones concretas, pero en modo alguno resulta justificable un retraso significativamente prolongado para dictarse el laudo, pues ello se traduce en la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional; aunado a que la Jurisprudencia invocada por la autoridad responsable va encaminada a determinar si las autoridades encargadas de impartir justicia al no respetar los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes deben ser acreedoras a las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes, y resulta aplicable, como antes se indicó, para casos concretos, específicos y determinados, y no así para condiciones generales, de manera tal, que no pueda establecerse una relación precisa de causa-efecto. SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 79, 80 192 y 193 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Pedro Eliseo Sánchez Vargas, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando sexto de esta resolución, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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