Pedro Dueñas Rivera

Expediente 120/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
120/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
13/01/2023

Partes del expediente

  • Pedro Dueñas Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta, se tiene por recibido el oficio signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, delegada de la Comisión Federal para la protección Contra Riesgos Sanitarios, por medio del cual, solicita a este Órgano Jurisdiccional, que remita la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós y solicita no se le realicen las notificaciones de manera electrónica. Atento lo anterior, mediante oficio remítase copia simple de la sentencia de referencia y en relación a lo manifestado respecto de no realizarle las notificaciones de manera electrónica, dígase a la ocursante, que las notificaciones a las autoridades responsables se realizaran conforme al artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigido a la autoridad responsable Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaria de Salud, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable copia de la sentencia dictada en autos, para su conocimiento. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Cabe señalar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 120/2022, promovido por Pedro Dueñas Rivera contra actos del Comisionado Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Pedro Dueñas Rivera solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Comisionado Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud "La omisión de emitir un acuerdo en relación a la petición formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa con fecha 11 de agosto de 2021". SEGUNDO. El ocho de febrero de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 120/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado es de naturaleza negativa pero con efectos positivos, los cuales tienen ejecución en el ámbito territorial en que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar de manera clara y precisa los actos reclamados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la omisión de dar contestación al escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó se le otorgara la autorización para el consumo individual de estupefaciente cannabis sativa, así como del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los isómeros A6A (10a), A6a (7), A7, A8, A9 (11) y sus variantes estereoquímicas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Sobre el particular, con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI del mismo ordenamiento, el cual dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto transcrito refiere que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de este, cesan los efectos del acto que se reclama. Lo anterior es así, pues a ninguna finalidad práctica llevaría el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, en el presente caso aparece la causal de improcedencia invocada, pues de las constancias que obran en autos se desprende que, mediante oficio 213301EL3529874, de trece de abril de dos mil veintidós, la autoridad responsable dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa. Cabe señalar que la parte quejosa combatió la respuesta emitida por la autoridad responsable mediante la interposición de la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 3/2022, radicada en este juzgado de distrito, la cual se resolvió mediante sentencia de trece de octubre de dos mil veintidós, cuyo punto resolutivo fue el siguiente: Único. Se declara fundada la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, promovida por Pedro Dueñas Rivera, en contra de las autoridades denunciadas Comisionado Federal, Comisionado de Autorización Sanitaria y Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, todos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por los motivos expuestos en el penúltimo punto considerativo de este fallo. A la luz de lo anterior, se advierte la causal de improcedencia invocada por este juzgador pues, la omisión reclamada quedó superada con la emisión de la respuesta proporcionada por la Comisión responsable, misma que se declaró inconstitucional, por incumplir la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que se afirme la existencia de la causal de improcedencia invocada, pues como se ha expuesto, la resolución que se combate quedó superada con la emisión de su consecuente respuesta; por tanto, resulta innecesario examinar la constitucionalidad de una omisión que dejó de existir. En ese sentido, se surte la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El artículo anterior dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando se advierte o sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo. En consecuencia, debido a que sobrevino la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la ley en comento, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Pedro Dueñas Rivera, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos último considerando de esta sentencia. Notifíquese Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, en representación del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), por lo que no ha transcurrido el término de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dicho informe y manifieste lo que a su interés legal convenga. En consecuencia no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS, DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, para su verificativo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98, visible en la página 5, tomo XI, abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe

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