Pedro de Leon Hernandez
Expediente 301/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Pedro de Leon Hernandez
Actuaciones
- Principal
MESA 4-B.- Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de quince de julio del año actual, en que se desechó la demanda de amparo por extemporánea. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo por improcedente, no existen documentos originales exhibidos y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.
- Principal
Vista la constancia de notificación personal presentada por el Actuario Judicial de la Adscripción, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, se tiene al fedatario de mérito informando que notificó de manera personal al quejoso Pedro de León Hernández, el proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, para los efectos legales a que haya lugar. Quejoso desahoga prevención. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito firmado por Pedro de León Hernández, mediante el cual desahoga la prevención que se le hizo en auto de siete de los corrientes, pues refiere que: a) La causa penal en la que se dictó el auto de formal prisión es 121/2015, antes causa penal 127/2009 y 242/2011. b) El auto de formal prisión fue dictado el ocho de diciembre de dos mil veinte. c) Le fue notificado por conducto del actuario el ocho de diciembre de dos mil veinte. d) En la época de su detención hubo exceso en la orden de su búsqueda, localización y presentación. Precisión del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte que el quejoso reclama del Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas: El auto de formal prisión dictado el ocho de diciembre de dos mil veinte, en la causa penal 121/2015, antes causa penal 127/2009 y 242/2011, mismo que le fue notificado en esa fecha (8-diciembre-2020). Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 565, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 628, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección, Novena Época, del Apéndice 1917- septiembre 2011, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Consideraciones previas. Previo a emitir un pronunciamiento en relación a la demanda de amparo, es necesario precisar que: 1. De la página oficial del Poder Judicial del Estado de Chiapas, se advierte que a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, emitió diversos acuerdos respecto a las medidas adoptadas por esa institución dirigidas a las y los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales y administrativos ante la contingencia de salud deriva del virus COVID-19. 2. En acuerdo 3/2020 en su artículo 3° determinó que no correrían plazos y términos procesales; sin embargo, implementó el sistema de guardias para los Juzgados Mixtos, del Ramo Penal, de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Juzgados de Control y Juicio Oral Especializados en Justicia para Adolescentes, Juzgados de Ejecución de Sentencias en el Estado, Juzgados de Paz y Conciliación, Juzgados de Paz y Conciliación Indígena, Juzgados Municipales y todos aquellos que atiendan asuntos urgentes y de término constitucional. 3. El Acuerdo General 3/2020 fue modificado en su vigencia por los diversos 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, y 06/2021. 4. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, emitió el acuerdo 7/2021, en el que en sus artículos 2°, 3° y 4° determinó: Artículo 2.- Los Acuerdos Generales números 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, y 06/2021, emitidos por el Consejo de la Judicatura, en Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Pleno, de fechas 18 de marzo, 16 y 30 de abril, 29 de mayo, 12 y 29 de junio, 10 y 31 de julio, 14 y 28 de agosto, 15 y 30 de septiembre, 30 de octubre, 17 de noviembre, 30 de diciembre de 2020, 29 de enero, 22 y 25 de febrero, 30 de marzo, 30 de abril y 14 de mayo del presente año, en las que se señalaron las acciones preventivas adoptadas y el esquema de operatividad en la función jurisdiccional y administrativo, a partir del 01 de junio de 2021 quedan sin efectos, en todo lo que no se oponga con el presente. Artículo 3.- En ese sentido, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, reanuda las actividades administrativas y jurisdiccionales, el próximo 01 de junio de 2021, como se encuentra ordenado en el Acuerdo General 06/2021, donde entre otras cosas se estableció la última prórroga de las funciones y plazos jurisdiccionales y administrativos; hasta en tanto el Consejo de la Judicatura así lo acordara. Artículo 4.- Este Órgano Colegiado determina restablecer los términos y plazos procesales, por lo que al reanudar actividades, deberá de limitarse el máximo de personas concentradas en las sedes judiciales y administrativas, para evitar y mitigar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), lo que constituye un acto de responsabilidad tendiente a proteger la salud e integridad de sus empleados y al público en general. Lo anterior, conforme a las circunstancias que se estipulan en el Protocolo para la reincorporación a las actividades jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial del Estado de Chiapas y lo aquí determinado. 5° El Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, en el cual se determinó reanudar reanudaren su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, a partir del tres de agosto de dos mil veinte. DESECHAMIENTO El artículo 1131 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 622 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se estima que debe desecharse de plano la demanda, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, pues, conforme a la lectura integral de la misma y del escrito aclaratorio, queda de manifiesto que en este juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Dicho precepto prevé la improcedencia del juicio por consentimiento tácito de los actos reclamados, que se traduce en la promoción extemporánea de la demanda de amparo; causal que se relaciona con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. El segundo numeral establece tres hipótesis a partir de las cuales debe computarse el plazo de quince días para promover el juicio de amparo; esto es, a partir del día siguiente a que: a) Surta efectos la notificación de la resolución que se reclama. b) El quejoso haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. c) El promovente se haya ostentado sabedor del acto impugnado o de su ejecución. Es importante destacar que el inicio del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, debe partir del día siguiente a que se actualice cualquiera de esas hipótesis; por tanto, esos supuestos son excluyentes, pues no guardan orden de prelación4. Naturaleza del acto reclamado. Es necesario precisar que si bien el auto de formal prisión que reclama, es un acto que afecta la libertad personal del quejoso, no por ese hecho la parte quejosa puede promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, ni en el plazo de ocho años, como disponen las fracciones II y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en el primer supuesto se requiere que la privación de la libertad derive de actos que se realicen fuera de procedimiento, lo que en el caso no acontece, dado que el acto impugnado en esta instancia constitucional fue emitido en un procedimiento penal, a saber, la causa penal 121/2015, antes causa penal 127/2009 y 242/2011 del Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; en tanto que el término de ocho años opera contra sentencias definitivas, entendiéndose por éstas las que decidan el juicio en lo principal. Por lo anterior, en el caso concreto opera la regla general de quince días, para promover el juicio de amparo, dado que deriva de un procedimiento judicial. 4 Tesis aislada I.13o.A.36 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, página 1394, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL". Por las razones que contiene, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.P. J/2 (10a.)5, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA ACTOS EMITIDOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. SI SE GENERARON CON ANTERIORIDAD AL 3 DE ABRIL DE 2013 Y EL JUICIO SE PROMOVIÓ CON POSTERIORIDAD A ESTA FECHA, EL TÉRMINO PARA PRESENTAR LA DEMANDA NO DEBE REGIRSE POR LA LEY VIGENTE, PUES SE APLICARÍA RETROACTIVAMENTE LA LEY EN PERJUICIO DEL QUEJOSO Y SE VIOLARÍA LA LEGALIDAD QUE RIGE AL JUICIO DE AMPARO.La Ley de Amparo de 1936, abrogada, establecía en su artículo 21, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda; sin embargo, su numeral 22, fracción II, preveía una serie de excepciones al plazo general para el ejercicio de la acción, entre las cuales se encontraba la relativa a que cuando el acto importaba ataques a la libertad personal, el juicio podía promoverse en cualquier tiempo. Por su parte, la ley vigente dispone en su artículo 17 también un plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo; asimismo, en cuatro distintas fracciones señala casos de excepción, entre los cuales está el que se refiere a que cuando el acto reclamado implica ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo. Al comparar ambos dispositivos, se aprecia que si bien las dos leyes prevén un tiempo irrestricto para presentar una demanda de amparo contra actos que implican ataques a la libertad personal, la diferencia sustancial radica en que la ley abrogada no precisaba ninguna característica del acto que generaba tal afectación, mientras que en la actual, la presentación de la demanda carecerá de término si el acto implica ataques a la libertad personal, pero siempre y cuando sea "fuera" de procedimiento, por lo que si emana de alguno, el plazo será el genérico de quince días. Al respecto, cabe decir que el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo previó la ultractividad de la ley abrogada para los juicios que se iniciaron con anterioridad a su entrada en vigor; sin embargo, ni este dispositivo ni diversas normas de tránsito resuelven cómo tratar los asuntos en que se impugna un acto que, dictado previamente a la regencia del nuevo ordenamiento, no contaba en la ley abrogada con un término de preclusión, en tanto que en la legislación vigente sí se prevé. En ese sentido, el invocado artículo 21, en correlación con las reglas específicas y casos de excepción marcados en el citado numeral 22 para el amparo en materia penal, conforman una normativa que regula un derecho fundamental de las personas: el de acceso a la justicia y a la tutela judicial, concretamente, a la justicia de carácter constitucional, impartida por los órganos del Poder Judicial de la Federación, que tutelan, en sede jurisdiccional, a través del juicio de amparo, el respeto a los derechos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que México es parte. Tal derecho de acceso a la jurisdicción de amparo tiene su génesis primigenia en el artículo 103 de la Ley Fundamental, pero si en la ley reglamentaria correspondiente existen normas que regulan el tiempo para accionar y la preclusión en caso de no hacerlo, resulta inconcuso que tales dispositivos inciden directamente en el aspecto toral del derecho sustantivo y, por tanto, también se incorporan a la forma de hacer uso de él. Por lo anterior, el término para promover la demanda contra actos emitidos dentro del procedimiento que afectan la libertad personal, generados con anterioridad al tres de abril de dos mil trece, e impugnados con posterioridad a esta fecha, no debe regirse por la Ley de Amparo vigente, pues de hacerlo, el juzgador constitucional aplicaría retroactivamente la ley, afectando un derecho adquirido del quejoso, lo que implica violación a la legalidad que rige en el procedimiento de amparo; no obstante, si la promoción de la demanda se realiza bajo la vigencia de la nueva legislación, el juicio en los restantes aspectos sí habrá de regularse por ésta". Caso concreto. Puntualizado lo anterior, es pertinente mencionar que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó que el auto de formal prisión dictado en la causa penal 121/2015, antes causa penal 127/2009 y 242/2011 del Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, le fue notificado el ocho de diciembre de dos mil veinte, por el actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional. De lo anterior, se advierte que se actualiza el primero de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, pues el referido quejoso fue notificado de la resolución impugnada el ocho de diciembre de dos mil veinte. Sin embargo, toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas determinó en el Acuerdo General 3/2020, que a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte no correrían plazos y términos procesales, en atención al principio pro-persona, se considera que la notificación de ocho de diciembre de dos mil veinte, surtió efectos el uno de junio de dos mil veintiuno, fecha en la cual, se reanudaron las actividades administrativas y jurisdiccionales en el Estado de Chiapas, asimismo, se restablecieron los términos y plazos procesales, en atención al Acuerdo General 7/2021. De ahí que, el término de quince días que tenía para presentar la demanda de amparo transcurrió del tres al veintitrés de junio de dos mil veintiuno, por lo que, si la demanda fue presentada el seis de julio de dos mil veintiuno, es incuestionable que lo hizo de manera extemporánea. Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, SE DESECHA la demanda de amparo por improcedente, promovida por Pedro de León Hernández, contra actos del Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Pedro de León Hernández, contra actos del Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, y otras autoridades, que hace consistir en: a) El auto de formal prisión de ocho de diciembre de dos mil veinte, emitido en la causa penal 242/2011, y su ejecución. b) La orden de búsqueda, localización y presentación, y su ejecución. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 301/2021. INFORMACIÓN ADVERTIDA DE LA DEMANDA DE AMPARO. Para realizar un pronunciamiento en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, sobre la prevención, admisión o desechamiento de la demanda, es necesario destacar los aspectos siguientes, que se advierten de la lectura integral de la misma. El quejoso señala como autoridad responsable al juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y como actos reclamados: - El auto de formal prisión dictado en la causa penal 242/2011 de ocho de diciembre de dos mil veinte. - La orden de búsqueda, localización y presentación, por parte del fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, y su cumplimiento por parte de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada. Mientras que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, refiere que actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 03, ubicado en carretera costera, kilómetro 12.5 Tapachula-Huixtla. Asimismo, manifiesta que promovió el juicio de amparo 2080/2019 radicado en este Juzgado, en el que Amparo indirecto 301/2021 se concedió el amparo para que el juez del Ramo Penal dictara un nuevo auto de formal prisión, lo que aconteció el ocho de diciembre de dos mil veintiuno. HECHO NOTORIO Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que constituye un hecho notorio1 que: - En este Juzgado se tramitó el juicio de amparo 2080/2019, promovido por Pedro de León Hernández, contra actos del Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con domicilio en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y de otras autoridades. - En sentencia de doce de noviembre de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, se concedió para que el juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, dejara insubsistente el auto de formal prisión de catorce de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el causa penal 127/2009, del índice del Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, actualmente radicada bajo el número 121/2015, de su índice, únicamente respecto a Pedro de León Hernández, en el que se le consideró probable responsable del delito de homicidio calificado. - En auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se declaró el cumplimiento de la sentencia. PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el diverso 108, fracciones III y IV, de la Ley Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de 1 lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia XXII. J/12, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN"; aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente precise: 1. La causa penal en la que se dictó el auto de formal prisión que reclama. 2. La fecha en que se dictó el auto de formal prisión. 3. La fecha de su notificación. 4. Si también señala como acto reclamado la orden de búsqueda, localización y presentación. Apercibimiento. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Por lo anterior, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda diligenciar lo presente, para que se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro Estatal para la Reinserción de Sentenciados número Tres, con sede en esta ciudad, y notifique al quejoso Pedro de León Hernández, el presente auto.
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