Pedro Damas Arcos

Expediente 835/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
835/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • Pedro Damas Arcos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de siete de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado en sus términos dicho auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Toda vez que no existe materia de ejecución, se ordena el archivo definitivo de este expediente. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del invocado Acuerdo General conjunto número 1/2009, se hace la indicación que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un expediente en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, pues se DESECHÓ la demanda de amparo y en el que NO existen documentos originales glosados en autos. Asimismo, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo general en comento, debe señalarse que este cuaderno principal, CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, habida consideración que los personajes involucrados ni los hechos tienen especial trascendencia jurídica, social o económica en la vida del país; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento.

  2. Principal

    Visto la demanda de amparo promovida por ******************, contra un acto del Representante de la Materia de Trabajo de Petróleos Mexicanos, (PEMEX), Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, y/o Quien y/o Quienes Resulten Responsables, con domicilio en Ciudad del Carmen, Campeche y de otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 835/2018. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso hace consistir el acto reclamado en: movilización definitiva de su área de trabajo de Ciudad del Carmen, a Reforma Chiapas a partir del doce de junio de dos mil dieciocho. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Adentrándose al estudio de la demanda de que se trata, este órgano de control constitucional, estima que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la ley de Amparo, en atención a los razonamientos que más adelante se expondrán. El citado numeral 61, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, los artículos 1 fracción I y 5, fracción II, estatuyen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:" (.) "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para arribar a la anterior conclusión, es necesario en primer término, precisar el término de "autoridad", para los efectos del juicio de amparo. "Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Ni este precepto ni el artículo 107 de la propia Carta Magna, en el que se consagran los principios procesales del juicio de amparo, definen el término "autoridad". Tampoco en la ley reglamentaria de los preceptos constitucionales invocados precedentemente se define el vocablo aludido; pues como ya se transcribió, el artículo 5, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece: "La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Es decir, el legislador únicamente aludió a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías, pero no abordó las características que debe reunir ésta para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que se trata de una autoridad para efectos del amparo la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por tanto, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Lo anteriormente expuesto revela que, para estar en condiciones de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de garantías, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace respecto a las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre éstos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Mientras que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo, como ya se indicó, un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. Encuentra sustento lo antes expuesto en la tesis 2a. XXXVI/99, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 307, del Tomo IX, Marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado.". Ahora bien, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: ".movilización definitiva de su área de trabajo de Ciudad del Carmen, a Reforma Chiapas a partir del doce de junio de dos mil dieciocho." Del análisis de la demanda se advierte que el promovente de la demanda se encuentra laborando desde hace quince años en Petróleos Mexicanos (PEMEX) o Pemex Exploración y Producción; y que al firmar su contrato el día dos de enero de dos mil diecisiete, se entera que prestará sus servicios al padrón con la categoría de Especialista Técnico "C" Nivel 35, en el área ET REP-SUBDIR DE ADMON PATRIM CARMEN CMP, que tiene establecida en Pemex, Ciudad del Carmen, Campeche, sin embargo, de manera temporal se trasladaba a Reforma Chiapas; hasta que el treinta de mayo de dos mil dieciocho, una persona del departamento de personal Marina Suroeste le notificó su movilización definitiva con oficio DCAS/SRLSP/GRRLSPSE-3-MSO-0388-2018, y se le ordenó presentarse a Reforma Chiapas el doce de junio de dos mil dieciocho. Ello implica que existe un vínculo entre las autoridades señaladas como responsables y la quejosa, consistente en una relación laboral y en esas condiciones, dichas autoridades, en su carácter de patrón no adquieren la calidad de autoridad responsable, siendo que el juicio de amparo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional, en tanto que al existir una relación laboral, evidentemente que sus actos no los realiza en su carácter de autoridad, sino de patrón, pues de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente se duele de violaciones a sus derechos laborales como trabajador de Petróleos Mexicanos (PEMEX) o Pemex Exploración y Producción; por su cambio de área de trabajo de Ciudad del Carmen, Campeche, a Reforma Chiapas, es decir, el quejoso y las autoridades que señala como responsables tienen relaciones de coordinación y no de supra a subordinación. Por tanto, ese actuar de las señaladas como responsables se realizó dentro del ámbito de relaciones de coordinación entre ambas partes, cuya controversia debe ventilarse a través del procedimiento ordinario ante los tribunales previamente establecidos, pues como se ha reiterado, esos actos, así como su ejecución no resuelven jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas, ni existe juicio propiamente dicho, en virtud de que el acto reclamado por el promovente, no puede ser analizado en amparo indirecto, por cuanto que no es definitivo, pues la violación a las garantías derivará, en todo caso, del juicio laboral que se promueva ante la autoridad correspondiente, que es donde se podrá estudiar la legalidad o ilegalidad de la determinación de la responsable. Para ello, debe considerarse que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho a la jurisdicción, que contempla la posibilidad del gobernado de plantear ante un órgano jurisdiccional ordinario cualquier controversia, es decir, el Constituyente crea a favor de los gobernados la facultad de acudir a los órganos jurisdiccionales para plantear cualquier controversia, de lo que se sigue que el legislador debe establecer los procedimientos para que la garantía individual señalada se actualice, por lo que todas las relaciones dentro del sistema jurídico mexicano deben ser susceptibles de ventilarse, en caso de controversia, ante un órgano jurisdiccional y en el supuesto de falta de reglamentación específica en un caso concreto debe estimarse procedente el juicio de amparo. En consecuencia, queda de manifiesto que si el promovente del amparo se duele de la movilización definitiva de Petróleos Mexicanos (PEMEX) o Pemex Exploración y Producción en Ciudad del Carmen, Campeche a Reforma Chiapas; derivado de esa relación laboral, no actúa en calidad de gobernante en la que hubiese impuesto su voluntad directamente y en forma unilateral, afectando la esfera jurídica del gobernado, sino que tal actuación la realiza descendiendo a la esfera jurídica del particular, es decir, teniendo relaciones de coordinación, por lo que es claro que la controversia que en la especie se suscita entre las partes, necesariamente requiere de la intervención de un tribunal ordinario con competencia para dirimirla. Al particular tiene aplicación, la Tesis Aislada I.6º. T.26 L de la Novena Época, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito visible en la página 347, del Tomo III, abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito.". Asimismo, por las razones jurídicas que informa, se invoca la tesis XXI.1º.90 L, de la Novena Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, Julio de 2003, página 1022, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS DICTADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL SER EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL. El auto que ordena la notificación al trabajador de la rescisión de la relación laboral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47, penúltimo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, así como su ejecución, son actos emitidos en un procedimiento paraprocesal, en el cual no se resuelve jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas ni existe juicio propiamente dicho, toda vez que el único objeto del aludido procedimiento, en el caso, es notificar la determinación de la rescisión laboral, de manera tal que el trabajador pueda defenderse en el juicio correspondiente; razón por la cual dichos actos no pueden ser analizados en amparo indirecto, porque al no ser definitivos no causan perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, en virtud de que la violación a las garantías derivará, en todo caso, del juicio laboral que se promueva ante la autoridad correspondiente, que es donde se estudiará la legalidad o ilegalidad de la rescisión de la relación laboral; de ahí la improcedencia del juicio en los términos de la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo.". En tal virtud, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, el mismo resulta improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 fracción I y 5, fracción II, todos de la citada ley. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Asimismo, en cumplimiento al "ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2014, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO, Y EL ACCESO A ÉSTE, ASÍ COMO LAS NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIREL, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY DE AMPARO", fórmese tanto cuaderno impreso como electrónico del presente juicio de amparo. Para ello, se ordena efectuar la digitalización electrónica del juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el presente expediente. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de la demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a RENÉ GUSTAVO DÍAZ GUERRA, toda vez que se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal, habida consideración que la presente demanda versa en materia ADMINISTRATIVA, y con las limitaciones que establece el citado numeral a Gustavo Quiroz Hernández, en virtud que NO se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígasele a las partes, que se hará pública la sentencia que se dicte en el presente asunto cuando haya causado estado o ejecutoria, y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se les hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público, Titular de la Fiscalía de Hopelchén, Campeche, al rendir su respectivo informe justificado no remitió la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación ********************; por lo anterior, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, se sirva remitir la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación ********************, para estar en aptitud de dictar lo que en derecho corresponda, en apego a las facultades del resolutor de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para mejor proveer, de conformidad con el normativo 75 de la Ley de Amparo vigente, con el apercibimiento que de no hacerlo, dentro de ese lapso, se hará acreedor a una MULTA de CINCUENTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, 259 y 260, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Ahora bien, toda vez que de autos se aprecia que las autoridades responsables Secretario y Suplente de la Comisaria Municipal de la Comunidad de Suc Tuc, Hopelchén, Campeche, no tuvieron conocimiento de las pruebas que ofreció la parte quejosa, al encontrarse el juicio que nos ocupa suspendido con motivo de la queja interpuesta; en tal virtud, reexpídase los oficios dirigidos a las citadas autoridades números 22666 y 22667, con copia del pliego interrogatorio para su conocimiento, por conducto del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, para que haga entrega de los oficios en cuestión así como del presente proveído, en la inteligencia que deberá remitir la constancia de notificación correspondiente de los oficios que se les envía. En consecuencia, para dar margen a que se cumpla con lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija para que tenga verificativo la misma las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.

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