Pedro Cruz Rosas
Expediente 712/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 27/03/2023
Partes del expediente
- Pedro Cruz Rosas
- Congreso del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a sus autos el testimonio y oficio enviados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del que se advierte que la resolución pronunciada el quince de marzo de dos mil veintitrés, dentro del incidente de inejecución de sentencia 3/2022, derivado del presente asunto, fue dictado fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo: "PRIMERO. Sí existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia de amparo. SEGUNDO. Se declara sin materia el presente incidente de inejecución de sentencia. " Acúsese el recibo correspondiente del oficio de cuenta y del expediente principal 712/2020 a la superioridad. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales procedentes. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, archívese el presente asunto como concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual informa que por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en la inejecución de sentencia 3/2022, dicho órgano colegiado admitió a trámite el incidente planteado, de lo que el suscrito queda enterado para los efectos legales correspondientes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio consistió en: El diez de noviembre de dos mil veinte, se dictó la sentencia correspondiente, por lo que, en desacuerdo a la misma, el quejoso interpuso recurso de revisión del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO.- En la materia competencia delegada de este Tribunal Colegiado, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *****, en contra del artículo 52 bis y 53 de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla y 57 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla y sus actos de aplicación consistentes en las fotomultas números ******, ****** y ******, en los términos indicados en la parte final del considerando noveno de la presente ejecutoria." Por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de mérito, para los siguientes efectos: "a. Que se dejen insubsistentes los actos de aplicación del artículo 52 bis y 53 de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla y 57 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla, consistentes en las fotomultas números 12111134, 12118038 y 12226616, por tener como fundamento una disposición de observancia general contraria a la Ley Fundamental: b. Que las autoridades responsables ejecutoras devuelvan el monto que cubrió el quejoso con motivo de las fotomultas reclamadas; y, c. Se abstengan de aplicar a futuro en perjuicio del quejoso los preceptos declarados inconstitucionales". Mediante diversos oficios recibidos el catorce, diecisiete y veinte de enero, veintisiete de abril, treinta de mayo y veintiocho de junio, todas del año en curso, la autoridad responsable procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla remitió diversas constancias, manifestando que en relación a en relación al pago de las infracciones números *******, ******* y ******, respecto del vehículo con placas de circulación UBD4772, las mismas fueron cubiertas por persona distinta al quejoso, en virtud de que con anterioridad se realizó el cambio de propietario de dicho automóvil. Por lo anterior, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, el cual se notificó a la quejosa el cinco de julio de dos mil veintidós. En esa tesitura, respecto al procedimiento de ejecución de sentencias dentro del juicio constitucional, conviene exponer que las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a sus consideraciones y a sus lineamientos, porque éstas constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de aquéllas, lo que acota la discrecionalidad que las mismas poseen con motivo de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos fundamentales de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, conforme con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo1, el juzgador de amparo tiene el deber de verificar, de oficio, que todos los extremos del fallo protector queden cumplidos correctamente, sin excesos ni defectos y con ello determinar por cumplida la sentencia, para lo cual se debe analizar si las autoridades responsables atendieron los términos (consideraciones y lineamientos) en que se concedió la protección constitucional. Así, la imposibilidad jurídica o material para cumplir una sentencia de amparo se actualiza cuando concurren circunstancias de derecho o de hecho que impiden restituir plenamente al quejoso en el goce del derecho fundamental trasgredido tomando en cuenta la naturaleza del acto reclamado, frente a lo cual el incumplimiento de la autoridad o autoridades vinculadas se torna excusable desde una perspectiva jurídica y material, pues existe una razón válida que dispensa la omisión en la satisfacción de las obligaciones que se les impusieron en la sentencia de amparo. En el caso, se actualiza la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo para que la autoridad responsable el procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla diera cumplimiento, en específico devolver al quejoso el monto cubierto por las infracciones con folios ****, ****** y *****, respecto del vehículo con placas de circulación ******, ello en virtud de que fue una persona distinta al quejoso la que cubrió el pago de dichas infracciones. Por tanto, si el efecto de la concesión del amparo fue para que el procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, devolviera el monto que cubrió el quejoso con motivo de las fotomultas reclamadas, lo cierto es que con fecha posterior se realizó el cambio de propietario respecto del vehículo con placas de circulación ******, siendo el nuevo propietario quien cubrió el monto de dichas infracciones. En consecuencia, resulta inconcuso que existe imposibilidad jurídica para este Juzgado Federal declare cumplida la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara imposibilidad jurídica para cumplir el fallo protector.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio SPF-PF-DAFL-1723/2022, del procurador fiscal adscrito a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, recibido el veintiocho de junio del año en curso, mediante el cual dá contestación al oficio 29102/2022, de veintiuno de junio del año en curso, y para tal efecto, especifica cuánto es el monto por cada foto infracción relativo a los folios ******, así como el monto total de las tres antes señaladas, a saber: Cabe destacar que mediante oficio SSP/SUBCOP/DPEP/DOP/J-00111/2022, recibido el catorce de enero de dos mil veintidós, el encargado del Despacho de la Dirección de Operaciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, informó que el doce de enero de dos mil veintidós, se acordó desincorporar de la esfera jurídica a la parte quejosa lo dispuesto por los artículos 52 bis y 53 de la Ley de Vialidad del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como el numeral 57 de su Reglamento; que se cancelaron, eliminaron y dejaron insubsistentes las boletas de infracción captadas a través de dispositivos tecnológicos; que giró oficio a la directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, con la finalidad que no se genere en el futuro boletas de infracción contra el quejoso; asimismo que requirió a la directora de Ingresos le sea devuelta al quejoso la cantidad que haya pagado por concepto de las foto infracciones impuestas; que giró oficio al director Regional de INTECPROOF Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitándole que no se generen en el futuro boletas de infracción contra el quejoso Pedro Cruz Rosas (no se impriman foto multas a vehículos de su propiedad). Luego, por oficio SPF-PF-DAFL-0107/2022, recibido el diecisiete de enero de dos mil veintidós, el procurador fiscal adscrito a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, entre otras cuestiones hizo del conocimiento que de acuerdo con la información proporcionada por la directora de Ingresos de dicha Secretaría, que respecto a las foto infracciones con folios *******, fueron impuestas al vehículo con placas de circulación *****, a nombre del aquí quejoso *****, lo cierto es que con fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se hizo el cambio de propietario a favor de *******, realizándose el pago de las mismas como se advierte del comprobante electrónico de pago con referencia *******, y que fue expedido a nombre del citado ******, esto es, el pago de las foto infracciones de referencia, se efectuó por persona distinta al aquí quejoso ******. Mediante oficio SSP/SUBCOP/DPEP/DOP/J-00126/2022, recibido el diecisiete de enero de dos mil veintidós, el encargado del Despacho de la Dirección de Operaciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, manifestó lo siguiente: Por oficio SPF-PF-DAFL-1148/2022, recibido el veintisiete de abril de dos mil veintidós, el procurador fiscal adscrito a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, informó: Con la presente data, a través del oficio SPF-PF-DAFL-1723/2022, recibido el veintiocho de junio de dos mil veintidós, el procurador fiscal adscrito a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, especificó cuánto es el monto por cada foto infracción relativo a los folios ******, así como el monto total de las tres antes señaladas, a saber: Con lo anterior y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista al quejoso por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes.
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