PEDRO CRUZ ORDAZ y Otros.
Expediente 992/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 992/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- PEDRO CRUZ ORDAZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VI-B "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil diecinueve. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado.(...) NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lizeth Ortiz Segura, con quien actúa y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese la demanda con el número 992/2019. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por . . . , porque en relación con el acto impugnado se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, dado que no constituye un acto de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto en principio debe señalarse que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa atribuye al Juez Segundo de lo Civil en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, el proveído dictado el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el expediente civil 224/2013. Ahora, es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El tramo normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el numeral inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo que puede corroborarse del contenido de la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 47/90, que con el número 244 es consultable en la página 164, Tomo VI, parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de la voz y contenido siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, tratándose de un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse una resolución favorable, los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos, el particular debe esperar hasta el dictado del fallo definitivo para poder combatir en la vía directa las violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de dicho fallo. Para mejor comprensión del asunto, es preciso aclarar que, según lo manifestaron bajo protesta de decir verdad los promoventes, el acto reclamado tiene los antecedentes siguientes: 1.- En el juicio civil 224/2013 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, el aquí quejoso Pedro Cruz Ordaz, es el demandado, y Joaquín Vergara Mora, es el demandado reconvencionista. 2.- El veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se abrió el juicio a prueba, y se ordenó publicar por edictos la notificación al Instituto de la Función Registral, por habérsele seguido el juicio en rebeldía. 3.- El cuatro de octubre siguiente, el juez responsable notificó a los aquí quejosos que los actores habían exhibido los ejemplares correspondientes de los edictos en el Periódico Oficial del Estado y el diario El Imparcial. 4.- Aducen los quejosos que fue hasta el lunes siete de octubre del año en curso, que se les notificó el cómputo del plazo para ofrecer pruebas, el cual transcurrió del veintitrés de septiembre al cuatro de octubre del año en curso. 5.- Al no permitirles ofrecer las pruebas correspondientes para demostrar sus hechos, el ocho de octubre de dos mil diecinueve, los multicitados aquí quejosos, presentaron el recurso de revocación, lo cual les fue negado por la responsable, por haberse presentado fuera de tiempo legal, aunado a que el acuerdo probatorio no admite recurso alguno. 6.- El nueve de octubre siguiente, contra dicho acto, presentaron el recurso de apelación, mismo que el cinco de noviembre del año en curso, les fue desechado por improcedente. Con base en lo anterior, debe establecerse que el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente civil 224/2013, donde se desechó el recurso de apelación presentado contra el acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, en el que se desechó el recurso de revocación planteado por los aquí quejosos, promovido contra el auto dictado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el que la autoridad certificó que había fenecido el plazo probatorio; lo cual, no constituye un acto de imposible reparación en la medida en que no produce una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, etcétera, aun cuando la parte quejosa alega una transgresión en su perjuicio a los derechos humanos de debido proceso y de tutela judicial efectiva previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. Lo expuesto patentiza que el acto impugnado no trae aparejado una ejecución de imposible reparación, sino que sólo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si los inconformes obtienen una sentencia favorable. Efectivamente, la violación procedimental consistente en que se les deseche un recurso de apelación por improcedente, que está directamente relacionado con el hecho de que no tuvieron oportunidad de ofrecer pruebas ya que tuvieron conocimiento de que el plazo probatorio feneció con fecha posterior, por lo que pretenden impugnar tal acto primero a través del recurso de revocación y luego del de apelación, sin que les fueran admitidas, por el momento en que se produce sólo ocasiona una afectación a sus derechos adjetivos o procesales al obligarla a soportar la consecuencia de no desahogarse ese medio de prueba. Pero con ello no se afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República, o bien, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tan sólo hace nacer la posibilidad de que esa situación ocurra al momento de resolverse la controversia de manera definitiva -esto es, cuando se dicte la sentencia- en la medida en que influya en sentido negativo para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva para poder combatir esa violación adjetiva mediante el juicio de amparo directo, siempre que haya afectado las defensas de los inconformes trascendiendo al resultado del laudo, en términos de lo prescrito en el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En esa línea, el hecho de que se haya determinado desechar los referidos medios de convicción, y con ello los demandados no aportaran pruebas en el expediente civil 224/2013. no puede conducir a considerar que se está frente a un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación material a un derecho sustantivo tutelado en la Carta Magna o en los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales, porque puede ocurrir que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación y los posibles perjuicios que se le hayan causado con el hecho de no haber ofrecido pruebas en el contradictorio de origen. Dicho en otros términos, los efectos del acuerdo en el que se les desechó el recurso de apelación por improcedente, se actualizarán hasta el dictado del fallo definitivo, toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si con esa determinación se vulneraron las defensas de la parte promovente y si con motivo de ello se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado del laudo, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación. Luego, si las actuaciones reclamadas no afectan materialmente algún derecho sustantivo de la parte promovente tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es indudable que no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que puedan ser consideradas como actos que producen efectos de imposible reparación. Es pertinente invocar por ser aplicable al caso, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13 del Tomo setenta y seis, abril de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación con el rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. . . Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". Por las consideraciones expuestas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo promovida por . . ., contra el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente civil 224/2013, mediante el cual se desechó el recurso de apelación presentado contra del acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecinueve. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia consultable en la página doscientos ochenta, del tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE: . . Domicilio.. . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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