Pedro Covarrubias López

Expediente 986/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
986/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
02/03/2021

Partes del expediente

  • Pedro Covarrubias López

Actuaciones

  1. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, dos de marzo de dos mil veintiuno. -AUTORIDAD ACEPTA COMPETENCIA- Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales, el oficio de cuenta remitido por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del oficio 36552/2020 del índice de este Juzgado; por el que se le remitió los autos originales del juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes; asimismo, comunica que acepta la legal competencia planteada por este órgano jurisdiccional. - ARCHIVO - Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. - DESTINO DEL EXPEDIENTE - Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente cuadernillo es destruible, señalándose como fecha susceptible para tal efecto el tres de septiembre de dos mil veintiuno. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. - INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES - Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN RESERVADA - De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por lista a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 1/2021.....986/2020-IV.

  2. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. -Se Remite Incompetencia- Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que por auto de uno de diciembre del presente año este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por Pedro Covarrubias López; en consecuencia, dado que se ha integrado con las constancias de notificación respectivas, remítase al Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, en turno, a efecto de que en su oportunidad comunique si acepta o no la competencia declinada. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Cúmplase... 986/2020-IV.

  3. Principal

    OFICIO PARA REMITIR INCOMPETENCIA 986-20

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Pedro Covarrubias López, contra actos del Ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román, del Estado de Zacatecas y otras autoridades; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el número 986/2020-IV. Ahora bien, el escrito de demanda debe estudiarse en su integridad, con un sentido liberal y no restrictivo, a fin de impartir una recta administración de justicia, en términos de la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, este juzgado carece de legal competencia para conocer de la demanda promovida por Pedro Covarrubias López. La parte quejosa reclama del Ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román, de la Tesorería y del Departamento de Predial de la Tesorería Municipal de ese Ayuntamiento, la resolución contenida en el oficio 2146, dictada el seis de noviembre del año en curso, en el expediente 11/2020, en la cual se negó inscribir el traslado de dominio en el padrón de catastro y prediales, del inmueble ubicado en la calle Moctezuma, número diecisiete, en el citado municipio, Estado de Zacatecas, con relación a la nueva escritura cuarenta mil setecientos noventa y seis, Volumen DCCX, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas, a nombre del quejoso. Es pertinente señalar que el concepto de competencia en sentido jurídico general se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Tomando en cuenta lo anterior y la doctrina se distinguen los siguientes criterios de competencia: I) Por materia; II) Por territorio; III) Por cuantía; IV) Por grado; V) Inicial y VI) Derivada. Para el caso que aquí ocupa, se analizará la competencia por territorio, la cual se estima aplicable al presente asunto. La competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Tratándose del juicio de amparo, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;" [.] "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los artículos transcritos, se advierte que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de derechos es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; la ejecución a que se refiere ese precepto es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Como se dijo, el acto reclamado consiste en la resolución dictada el seis de noviembre del año en curso, en la cual el Encargado de la Oficina Predial del Ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, determinó negar inscribir el traslado de dominio en el padrón de catastro y prediales, del inmueble ubicado en la calle Moctezuma, número diecisiete, en el citado municipio, Estado de Zacatecas, con relación a la nueva escritura cuarenta mil setecientos noventa y seis, Volumen DCCX, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas, a nombre del quejoso. Como antecedentes del acto reclamado, el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad que en octubre de dos mil diecinueve le fue adjudicado el bien inmueble, en virtud de una subasta realizada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, actualmente Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Derivado de ello, el quejoso expone que realizó el trámite correspondiente ante el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para formalizar la transferencia de la propiedad de los bienes rematados, por lo que designó la Notaría Pública Once del Estado de Aguascalientes para protocolizar la enajenación del bien, la cual quedó registrada en escritura pública cuarenta mil setecientos noventa y seis, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas. El seis de noviembre del año en curso, acudió al Ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, a solicitar el registro del respectivo traslado de dominio, con motivo de la nueva escritura. Al efecto, la autoridad responsable emitió respuesta a la petición del quejoso en la que, en lo esencial, negó la petición del quejoso en virtud de que, acorde con lo antecedentes que obran en la Oficina de Predial, esa propiedad objeto del embargo por crédito fiscal, instaurado en contra de Aureliano Salinas Flores no se encuentra ya a su nombre; agregó que en el padrón de pago de prediales que lleva para tal efecto, el inmueble se encuentra registrado a nombre de José Trinidad Carrillo Domínguez y María del Carmen Correa de Carrillo, desde el diecisiete de noviembre de mil novecientos setenta y dos, en virtud de que el mencionado Salinas Flores, a través de contrato privado de compraventa, sin nunca haberse formalizado ante notario público e inscribirse ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas les trasladó la propiedad Así, se tiene que las autoridades a las que se les atribuye el acto reclamado tienen su residencia en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas; asimismo, el bien inmueble que tiene relación con el acto reclamado también se encuentra ubicado en el mismo municipio. En mérito de lo expuesto, se tiene que los efectos de la resolución reclamada se traducen en consecuencias positivas, al impedirse al quejoso realizar la modificación del registro ante la Oficina Predial, por estar registrado el bien inmueble a nombre de diversa persona, de modo que, ante la negativa de inscribir el traslado de dominio, se le impide realizar movimiento alguno con relación al bien inmueble, a diferencia de quienes aparecen como titulares del predio. Luego, si la negativa reclamada tiene consecuencias que recaen en la situación respecto del bien inmueble, que se localiza en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas; entonces, las consecuencias del acto reclamado se verifican en aquel lugar, donde este juzgado no ejerce jurisdicción. No se desatiende que, en principio, el oficio reclamado no contiene -per se- una ejecución material; sin embargo, como se dijo, sí genera los efectos positivos antes expuestos, ya que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde residen las citadas responsables, por ser en esa circunscripción territorial, donde se encuentra ubicado el bien raíz materia de la determinación reclamada. Por tanto, la determinación de la autoridad responsable produce como consecuencia legal y necesaria que el quejoso no pueda ejercer algún movimiento respecto del bien inmueble ubicado en el Estado de Zacatecas. De ahí que la competencia para conocer de este juicio le asiste al Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se materializan las consecuencias del acto reclamado, esto es, donde éste tiene ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez legalmente competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tienen su residencia las autoridades responsables y donde se localiza el bien raíz, cuando como en la especie, se reclamen actos que, aun cuando en principio tengan el carácter de negativos, sí tiene efectos positivos y consecuencias legales que se materializan precisamente en el lugar donde reside la autoridad. Resulta ilustrativa la tesis aislada I.1º.A.44 A, registro 189167, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Pedro Covarrubias López, por los motivos y razonamientos antes expuestos; por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, con apoyo en lo dispuesto en el artículo cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; remítase la demanda de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, en turno, con sede en la ciudad de Zacatecas; a quien se solicita, comunique a este Juzgado, si acepta o no la competencia declinada, para acordar lo conducente. Se solicita al Juez que conozca del asunto, el acuse de recibo correspondiente. -AUTORIZADOSTéngase como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, solo para oír y recibir notificaciones, a Rudy Armín Martínez Pérez, Cristian Martínez Pérez, Leonardo Isaías Fernández de la Torre, Natalia Femat Fernández de Castro y Alejandra Piña Rodríguez al no haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. -No ha lugar a tener correo electrónico- Por otra parte, no ha lugar a tener para oír y recibir toda clase de notificaciones, el correo electrónico señalado en la demanda, en razón de que dicha vía no está contemplada en el artículo 26, de la Ley de Amparo, pues se trata de un supuesto diferente al establecido en el diverso numeral 30, del propio ordenamiento, ya que para el caso de notificaciones electrónicas, debe seguirse, además, lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo que no acontece en la especie. En tal virtud, para el caso de que sea deseo de la parte quejosa que sus notificaciones se practiquen de manera electrónica, deberá solicitarlo a este juzgado en términos de los artículos invocados en el párrafo que antecede. - DATO DE CONTACTONo obstante, se toma nota del correo electrónico indicado en la demanda de amparo. - HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES - Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIALEn caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -TRANSPARENCIAAlejandra Con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General. Notifíquese por lista a la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de los plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 25/2020. . Notifíquese por lista a la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de los plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 25/2020. Así lo acordó y firma electrónicamente José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante la secretaria Alejandra Lizeth Barraza Canales, quien autoriza y da fe dentro del juicio de amparo 986/2020-IV. Juez Secretaria

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