Pedro Cornejo Oñate y Otros.

Expediente 370/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
370/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/03/2023

Partes del expediente

  • Pedro Cornejo Oñate y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza con residencia en Saltillo, por medio del cual comunica aceptó la competencia legal planteada del presente asunto. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Dado que no existe más por cumplimentar en el presente asunto; con fundamento en la parte conducente del artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el sumario constitucional como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción al tratarse de un cuaderno de antecedentes (20, fracción I, inciso a) del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de seis meses contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Directora del Centro Penitenciario número 18 "CPS. Coahuila" y otro; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo 370/2023-V. ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama en esencia, el acto siguiente: Falta de atención médica. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". SUSPENSIÓN DE PLANO. En el caso respecto a la falta de atención médica, los promoventes en términos generales solicitaron la suspensión del acto reclamado en términos de los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el artículo 126 de la Ley de Amparo prevé la suspensión de oficio y de plano, señalando una serie de actos o supuestos en los que dicha medida cautelar deberá ser otorgada respecto de actos que, por su naturaleza claramente contraria a la Constitución, o bien, porque afectan bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, imponen el otorgamiento de esa medida sin mayor trámite o ponderación. El artículo 126 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Por su parte, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." De la correlación de ambas disposiciones se desprende que la suspensión de oficio y de plano, procede cuando se trate de actos: a. Que importen peligro de privación de la vida. b. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. c. Incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. d. Que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Así, se tiene que es verdad que el legislador ordinario estableció la procedencia de la suspensión de oficio o de plano en los juicios de amparo, en relación con los actos expresamente establecidos y constriñó a que tal medida se decretara inexcusablemente por el juzgador, de oficio y de plano, siempre que se estuviera en alguno de los supuestos previstos en el aludido precepto legal. No obstante, la razón que subyace en dicha norma y su finalidad, pone de manifiesto que la suspensión de oficio y de plano está prevista para situaciones excepcionales, pues tiene como razón de ser la protección de una situación de hecho que atenta contra derechos fundamentales que pueden derivar en perturbaciones que pongan en peligro el orden social en relación con la protección de derechos de alta relevancia, como son la vida, la libertad, la dignidad o la protección de grupos vulnerables reconocidos por la norma fundamental. Como se advierte, los fundamentos de la suspensión de oficio y de plano se vinculan con el interés de la sociedad en dicha medida, la naturaleza de los derechos afectados y la necesidad urgente de salvaguardarlos; en esas condiciones, los jueces deben concederla, incluso aunque el interesado no la solicite, en aras de prevenir la posibilidad de que se verifique un daño extremo e irreparable. Asimismo, cabe señalar que la procedencia de la suspensión de oficio en el juicio de amparo indirecto depende de dos factores: a) La naturaleza del acto reclamado, que causa gravedad en cuanto a los efectos de su ejecución para el agraviado; y, b) La necesidad de conservar viva la materia de amparo, para asegurar que se restituya al quejoso en el uso y goce de la garantía constitucional violada si obtiene la protección. En tales condiciones, para los efectos de conceder la suspensión de oficio y de plano, establecida en el referido artículo 126 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe analizar si en el caso se satisface el presupuesto a que se refiere ese numeral, esto es, que los actos reclamados importen de algún modo peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, o sean de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, se trate de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. De donde se obtiene, por exclusión, que cuando los actos reclamados no revistan las características señaladas, no podrá concederse la suspensión de plano, sino que, de ser procedente, deberá otorgarse la medida provisional y, en su momento, la definitiva a través del incidente de suspensión correspondiente, de conformidad con los artículos 127, 128, 138 y 146 de la Ley de Amparo. Ahora bien, los promoventes aducen que no se les han proporcionado la atención médica que requieren; de ahí que no se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo que se provee, éstos hayan sido sometidos alguno de los actos previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o 15 de la Ley de Amparo, por lo que no es factible decretar la suspensión de plano y de oficio en los términos requeridos por la parte quejosa. Sirve de apoyo, el criterio contenido en la tesis VI.1o.A.19 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 1458, tomo XX, diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. Máxime, que si se toma en consideración que, acorde con el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, una vacuna es un preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, provoca en él una respuesta de defensa, resulta que su aplicación constituye un mecanismo preventivo del contagio del virus multicitado; de ahí que sus consecuencias únicamente podrían tener por efecto no acceder a un beneficio clínico y, por ende, la falta de su suministro no implica de manera inmediata una afectación a la salud." A mayor abundamiento también se considera que no es procedente conceder la suspensión de plano pues siendo una omisión de carácter urgente, se deben agotar previamente los mecanismos de control previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tal como se estableció en el criterio XI.P.2 P (11a.), sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, con registro digital: 2024545, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo V, Undécima Época, página 4689, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMEN LAS RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA, INCLUSO DE CARÁCTER URGENTE, SIN HABER AGOTADO PREVIAMENTE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD [INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA XI.P. J/8 P (10a.)]." INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que los promoventes refirieron bajo protesta de decir verdad que se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 CPS Coahuila, así como que reclaman la falta de atención médica de la autoridad penitenciaria. Toda vez que el acto reclamado se traduce en una omisión y, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente en sus numerales 34, 73, 74, 76 y 77, que disponen esencialmente lo relativo a la obligación por parte de las autoridades penitenciarias respecto a la atención médica, así como al derecho a la salud y los derechos humanos. Dicha omisión produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se esté ejecutando o el acto que se reclame. Por lo anterior, resulta inconcuso que si el acto que por esta vía se reclama se está ejecutando en el centro donde se encuentran recluidos los quejosos, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 CPS Coahuila; en consecuencia, es evidente que la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor de un Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentren recluidos aquéllos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, en turno, pues es la competente en el territorio donde tiene ejecución el acto reclamado. Por otra parte, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, informe a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo acuse el recibo vía electrónica. Sin que sea necesario ordenar la notificación personal a la parte quejosa del presente, de conformidad con el segundo párrafo del numeral y ordenamiento legal citados. SE FORMA CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con motivo de lo anterior, con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

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