Pedro Cornejo Meza

Expediente 1470/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1470/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
16/01/2019

Partes del expediente

  • Pedro Cornejo Meza

Actuaciones

  1. Principal

    "...Agréguese el oficio del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del recurso de queja 182/2018, en la que se declaró infundado el medio de impugnación en comento; así como un legajo de copias certificadas relativas al presente asunto que fueron remitidas para la substanciación de dicho recurso. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de concluido, es susceptible de destrucción el presente expediente, toda vez que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese...".

  2. Principal

    Agréguese el oficio de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del recurso de queja interpuesto e informa que se admitió y registró bajo el número 182/2018. Ahora bien, como lo solicita el órgano colegiado, notifíquese por medio de la lista que se publica en los estrados de este juzgado, el proveído de dieciséis de los actuales dictado en los autos del recurso de queja 182/2018 de su índice, en el que se admitió el medio de impugnación hecho valer y además, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos dicha notificación, señale domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en la residencia del Tribunal de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán para ese efecto, las listas que se fijen en lugar visible de ese órgano. Hecho lo anterior, sin necesidad de nuevo acuerdo, mediante oficio remítanse a la Superioridad copia certificada de las constancias respectivas. SÍNTESIS ACUERDO DE DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EMITIDO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, DENTRO DEL RECURSO DE QUEJA 182/2018. ... TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 221 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLIACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, AGRÉGUESE A LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, EL OFICIO DE CUENTA PROCEDENTE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, A TRAVÉS DEL CUAL, RINDE SU INFORME JUSTIFICADO, REMITE EL ESCRITO ORIGINAL Y COPIA DEL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR EL QUEJOSO PEDRO CORNEJO MEZA, ASÍ COMO COIA CERTIFICADA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1470/2018. ACÚSESE DE RECIBO. FORMENSE LOS EXPEDIENTES FISICO, ELECTRONICO Y REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO BAJO EL NÚMERO DE RECURSO DE QUEJA 182/2018. CON APOYO EN LOS NUMERALES 97, FRACCIÓN 1, INCISO A), 98 Y 101 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE AMPARO, SE ADMITE EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR EL REFERIDO RECURRENTE, EN CONTRA DEL AUTO EMITIDO EL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL TITULAR DEL AUTO EMITIDO EL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE ORIGEN, EN EL EXPEDIENTE ANTES INDICADO, EN EL CUAL SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA. POR OTRA PARTE, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL IMPETRANTE DE AMPARO SEÑALÓ LA LISTA QUE SE PÚBLICA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO DEL CONOCIMIENTO, PRIVILEGIANDO LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, SOLICITICE ATENTAMENTE AL TITUTLA OFICIANTE, QUE DE NO TENER INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO, REALICE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO AL REFERIDO, REQUIRIÉNDOLO PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTO LA NOTIFICACIÓN ALUDIDA, SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, SE TENDRÁ POR DESIGNADAS PARA TAL EFECTO, LAS LISTAS QUE SE PÚBLICAN EN ESTE TRIBUNAL COLEGIADO; PETICIONANDO AL TITULAR QUE REMITA COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN LO ANTERIOR. HAGASE DE SU CONOCIMIENTO A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO COLEGIADO PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES, SEGÚN LO DISPONE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE. FINALMENTE, EN ACATAMIENTO A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE ACUERDO Y SU RESPECTIVA PROMOCIÓN, FUERON INCORPORADOS TANTO EN EL EXPEDIENTE FÍSICO COMO EN EL ELECRONICO....

  3. Principal

    Agréguese la promoción del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante la cual devuelve debidamente diligenciada la comunicación oficial 1292/2018, por la que se solicitó notificar a la parte quejosa el proveído de veintiséis de septiembre del año en curso. Con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso j) y 27, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene por legalmente notificada de dicho auto. Por otro lado, agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto, este Juzgado Federal emitió determinación el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, acompañándole el original y copia del escrito del recurso, así como copia certificada del presente juicio de amparo 1470/2018-II-A.

  4. Principal

    ANOTACIONES Vista la demanda promovida por ... con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1470/2018-II-A. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: - La falta de integración de la carpeta de investigación CUA/ZUM/00/MPI/064/03007/17/12, por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículos, virtud que el Agente del Ministerio Público de Investigación adscrita a la Mesa de Trámite de Carpetas de Investigación del Centro de Atención Ciudadana en Zumpango, Estado de México, no realiza las diligencias para integrar y judicializar la citada carpeta. DESECHAMIENTO Al respecto, este juzgador estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicables en el caso concreto. Los citados preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo. 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: ". "XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del artículo 20, apartado C, fracción VII, se desprende que se deberán impugnar ante autoridad judicial entre otras las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; mientras que el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla como derechos de la víctima u ofendido, entre otros, impugnar ante el juez de control las omisiones en que ocurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación de los delitos; quien podrá impugnarlas ante el juez de control dentro de un plazo de diez días. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. No se soslaya que el citado artículo 258 establece como plazo para la impugnación ante el Juez de Control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida. Sin embargo, al respecto, este juzgador entiende que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir; sin embargo, por certeza jurídica, debe precisarse que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, deben impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. Sustenta la anterior afirmación, por analogía el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 118/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, registro 162669, página 17, de la voz y contenido: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." De ahí que en el nuevo proceso penal acusatorio, deba estarse a lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional, el cual constituye una prerrogativa que se otorga al pasivo del delito, la cual no es opcional, ya que se le reconoce a nivel de la Carta Magna como un derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la fase procesal correspondiente e interponer los recursos que establezca la ley, como así se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas se dijo: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad. Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley. Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses. Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución." Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no sólo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo. De tal manera que en el particular se debió agotar el recurso que la propia Carta Magna consigna a favor de la parte quejosa en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, que retoma el legislador secundario en relación con el numeral 109, fracción XXI del código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, es de concluirse que para que el amparo biinstancial resulte procedente, es indispensable que previo a su promoción, el Juez de Control correspondiente, haya decidido en definitiva sobre la omisión que la parte quejosa imputa al agente del Ministerio Público, dentro de la indagatoria de origen; lo que es así, porque será el pronunciamiento del Juez de Control, la resolución respecto de la cual procederá el juicio de amparo indirecto. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima a la parte quejosa de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Resulta aplicable por identidad de razón, los razonamientos vertidos en el criterio sustentado en la tesis XVIII.1o.P.A.2P(10ª.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2017, Materias Común, Penal, registro 2014279, página 2141, que establece: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." Así, como el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a), con registro 2017641, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual indica: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así, como el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a), con registro 2017640, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual indica: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Resolución que es acorde al criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, al resolver el recurso de queja 15/2017, derivado del juicio de amparo indirecto 9/2017, del índice de este juzgado. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación al 61, fracción XXIII, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones uno fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, dada la naturaleza de la presente determinación, se ordena notificarla personalmente. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Violeta, número 96, colonia Buenavista, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; esto es fuera de la jurisdicción de este órgano; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c), 27, fracción II de la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atenta comunicación oficial vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio y por comisión de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique a la parte quejosa en el domicilio indicado, y le corra traslado con copia simple del presente proveído. Además, le requiera para que en el término de tres días legalmente computados, señale domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este juzgado (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), en el entendido que en caso de ser omiso, se tendrán las listas que se fijan en los estrados de este juzgado de distrito, aun para las notificaciones de tipo personal. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la devolución de las constancias respectivas, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.

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