Pedro Contreras González

Expediente 881/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
881/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Pedro Contreras González

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado de manera electrónica por el Gudelia Leticia Acevedo Ramírez Defensora Pública Federal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del quejoso Pedro Contreras González, atento a su contenido, se provee: Autorizados. Se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a María del Coral Ibarra Palacios, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en la base de datos del "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales" (REGPROF), y en el Registro Nacional de Profesionistas. Consulta del expediente electrónico. Asimismo, se autoriza el usuario "U45244", en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl; por medio del cual acusa recibo del diverso con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo indirecto al rubro citado; asimismo, se advierte que aceptó LA COMPETENCIA DECLINADA, e informa que se avocó al conocimiento del asunto, el cual quedó registrado bajo el número ********************, de su índice. Por otra parte, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE), para que habilite los permisos concernientes a la vinculación del presente asunto, en relación con el referido sumario constitucional, del índice del juzgado oficiante, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", permanentemente, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo el diverso numeral 19, fracción I, del Acuerdo en cita, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en el presente asunto este Juzgado declinó competencia por TERRITORIO para conocer del juicio biinstancial; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran SEIS MESES, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 19, antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos de Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahuacóyotl. En consecuencia, regístrese bajo el número 881/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, fórmese el expediente electrónico e impreso. Declinación de competencia al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno. En el caso, como la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. De no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora, hecho un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado, consiste en la omisión del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México con sede en Nezahuacóyotl, de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia en la que resolverá la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro de la causa penal ********************, de su índice; acto que se estima sí lleva implícita ejecución material en el Estado de México; de modo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, carece de competencia, por cuestión de territorio, para conocer de este juicio de amparo. Sin que sea obstáculo que de la demanda de amparo se advierta que, en la especie, la privación de la libertad del quejoso se materializa en un ámbito territorial distinto de aquél en el cual se sigue su causa; pues, lo cierto es que dicho efecto se traslada directamente al proceso y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del dispositivo transcrito se advierten tres supuestos básicos para que los jueces de Distrito conozcan de un juicio de amparo: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto, es decir, ante quien el gobernado presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. Por otra parte, también se pueden distinguir tres rubros principales de competencia: por materia, por territorio, por cuantía. En el caso, se analizará la competencia por territorio, la cual se considera aplicable en este asunto, por lo siguiente: La competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea la distribución territorial de la competencia entre diversos órganos de competencia; por lo que, se estima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere dicho precepto es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 107, del tomo I, Junio de 1995, Materia Común, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora bien, como ya se dijo, del análisis de la demanda de amparo y de las manifestaciones realizadas por el quejoso, se desprende que el acto reclamado consiste en la omisión del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México con sede en Nezahuacóyotl, de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia en la que resolverá la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro de la causa penal ********************, de su índice, que se le instruye por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y potación de arma de fuego; acto que se le atribuye en su calidad de ordenadora quien tiene su sede en el Estado de México; y, no se ubica dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. En ese sentido, éste Juzgado de Distrito estima que resulta competente para conocer de este asunto, el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, por ser el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, quien conoce del proceso penal instruido en contra del aquí quejoso, donde tiene su principal impacto y repercusión, los efectos del acto reclamado. Esto, toda vez que el acto que se reclama en esta instancia constitucional, trae como consecuencia que el procesado continúe sujeto a proceso, y recluido en el centro de internamiento en el que actualmente se encuentra. De ahí que, al permanecer el procesado a disposición del juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, la ejecución material de los actos reclamados será en el lugar de residencia de éste y, en consecuencia, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la omisión del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México con sede en Nezahuacóyotl, de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia en la que resolverá la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro de la causa penal ********************, de su índice, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juzgado que conoce del proceso penal, en este caso, el Juez de Distrito en turno, con residencia en Nezahualcóyotl. Asimismo, por identidad de razones, la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 96/2005-PS, publicada en la página ciento setenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXIII, enero de 2006, novena época, de: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN." Sin que sea óbice, que también el quejoso haya señalado como autoridad responsable al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 13, "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, puesto que la señala en su calidad de ejecutora; sin embargo, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad señalada como ordenadora al tratarse de una omisión en la que los efectos positivos de la abstención impugnada no se materializan en lugar donde se encuentra recluido el aquí quejoso, sino en la secuela misma del procedimiento (juicio de origen), donde la omisión de resolver en tiempo la solicitud del quejoso se traduce en una denegación de justicia, por no definirse en tiempo y forma si la petición planteada por el quejoso es procedente o no. Por ello, se insiste, que la competencia para conocer de este asunto, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, por ser, como ya se dijo, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, quien conoce del proceso penal instruido en contra del aquí quejoso, donde tiene su principal impacto y repercusión, los efectos del acto reclamado. Resulta orientadora, por las razones que la integran la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias del Semanario Judicial de la Federación publicadas de 1917 a la fecha, con registro digital 2023548, que establece: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario". Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 139 -144, Tercera Parte, Materia Común, de rubro siguiente: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCION RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES". Por tanto, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda promovida por ********************, puesto que los efectos positivos de la omisión de la que se duele la parte quejosa en su demanda, se presentan ante la autoridad que conoce del procedimiento donde se verifica dicha abstención, en el caso, ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, pues ante su potestad se presentó la solicitud con el fin de que se revise la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro de la causa penal ********************, de su índice, por lo que atendiendo a dicho criterio jurisprudencial, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo indirecto, lo que se traduce que le correspondería conocer del presente sumario al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno y no, propiamente, a este órgano de control constitucional, por no ejercer jurisdicción en relación a la citada autoridad responsable. En consecuencia, se estima que corresponde el conocimiento del presente asunto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno; por tanto, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin proveer sobre su admisión, por conducto de la Oficina de Correspondencia, remítase la referida demanda al Juzgado de Distrito en turno, en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. Asimismo, solicítese de la manera más atenta al juez de Distrito, al que corresponda conocer de la demanda, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios a ********************, toda vez que proporcionó su número de cédula profesional, la cual se verificó en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, como se advierte de la certificación de cuenta. Domicilio para recibir notificaciones. Tomando en cuenta que la parte quejosa se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, para efectos de que se constituyan en el citado centro penitenciario, y notifiquen este proveído, así como los subsecuentes. Correo electrónico y número telefónico. En relación con el número telefónico y correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éstos para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Supresión de datos personales. La parte promovente solicita la supresión de sus datos personales; en consecuencia, con fundamento en los artículos 1° a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), hágase del conocimiento del personal que corresponda para los efectos legales conducentes. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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