Pedro Cid Rodríguez
Expediente 109/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/04/2017
Partes del expediente
- Pedro Cid Rodríguez y Otros.
- Pedro Cid Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
II. Vista la pieza postal de cuenta devuelta que contiene el oficio 6718/2018, dirigido a la parte tercero interesada "Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Ayuntamiento de Coacalco, Estado de México", pues se advierte la leyenda "NO RECLAMADO". Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en términos de su artículo 2°, se agrega a los autos la pieza postal devuelta y toda vez que de autos se aprecia que previamente han sido recibidos oficios en el mismo domicilio al cual se envió la pieza postal devuelta; por tanto, con fundamento en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación del acuerdo de dos de marzo de dos mil diecisiete, por cuanto hace a la parte tercero interesada.
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II.- La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió el auto de siete de febrero del presente año (fojas 23 a 26), donde se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de siete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 23 a 26), se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). Por otra parte, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
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II.- COMO SE ORDENÓ SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL EN SINTESIS DICE: La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió el auto de siete de febrero del presente año (fojas 23 a 26), donde se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de siete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 23 a 26), se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). Por otra parte, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
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II.- Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, y anexo consistente en un legajo de copias certificadas de diversas constancias derivadas del expediente laboral 359/2006, de su índice estadístico. Ahora, en el presente juicio la parte quejosa Honorio Pérez Rayón apoderado legal de Pedro Cid Rodríguez, reclama la omisión de la responsable de no acordar el escrito presentado el trece de enero de dos mil diecisiete, donde formuló diversos requerimientos al Tribunal responsable. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable se desprende que el veinte de enero de dos mil diecisiete, el Tribunal procedió a acordar el escrito presentado el trece del citado mes y año, donde dio respuesta a dichos requerimientos y lo notificó a las partes por medio de boletín. A las constancias remitidas por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al solicitante del amparo tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. La parte quejosa aduce que la autoridad la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, omitió acordar lo que en derecho corresponda respecto del escrito presentado el trece de enero de dos mil diecisiete, donde formuló diversos requerimientos a dicho Tribunal, dentro del expediente laboral 359/2006; sin embargo, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias de dicho asunto, donde se desprende que el veinte de enero del año en curso, emitió determinación donde atendió el escrito referido y procedió a dar respuesta a las circunstancias planteadas por el actor, mismo que notificó a las partes mediante boletín laboral. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues en primer lugar, el Tribunal responsable emitió determinación el veinte de enero de la presente anualidad donde atendió el escrito presentado por la parte quejosa (parte actora en el expediente laboral) el trece de enero de dos mil diecisiete; dando contestación a los requerimientos formulados en dicho ocurso y también notificó dicho acuerdo a las partes mediante boletín laboral; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, fijara la fecha dentro de los plazos contemplados en la ley que rige la materia (Ley Federal del Trabajo), de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Así como la diversa jurisprudencia 415, con número de registro 917949, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, se precisa que este juzgador de amparo considera innecesario dar vista a la parte quejosa con la actualización de la causa de improcedencia analizada, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que atendiendo a los motivos que la originaron no existe la mínima posibilidad de que dicha causal supere el obstáculo relativo a su sobreveniencia, ya que sólo provocaría retraso en la impartición de justicia máxime que la referida vista tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, cuyo ejercicio no se justifica al no producirle perjuicio la causa de improcedencia advertida, porque materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente.
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